Para expresar el rechazo firme y oposición contundente de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante la amenaza de reducción de servicios esenciales y cese, en algunos casos, de los programas Head Start y Early Head Start en Puerto Rico debido al intento de disminución, reducción de fondos federales por parte de la administración gubernamental del Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, consideración y consecuencia de su política pública de financiación temporal para el gobierno federal.

Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a las enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) a las disposiciones del Código de Regulaciones Federales que reglamentan los programas de vivienda pública y de vivienda subsidiada, cuyos efectos serán la perpetuación de la precarización y del sinhogarismo.

La Resolución Concurrente del Senado 19 (R. Conc. del S. 19) propone que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico exprese su rechazo formal a las enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) a las regulaciones de programas de vivienda pública y subsidiada. La medida alega que estas enmiendas federales perpetuarían la precarización y el sinhogarismo en Puerto Rico. Sin embargo, el texto de la medida en sí mismo no crea mecanismos, cifras, plazos ni afecta directamente a nadie en la práctica, ya que es una expresión de postura.

Para expresar el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a las políticas establecidas por el Presidente de Estados Unidos Donald J. Trump a través de la aprobación de un conjunto de Órdenes Ejecutivas que declaran la entrada de inmigrantes por las fronteras como una invasión, eliminan el carácter de santuarios de iglesias, escuelas y hospitales y promueven la deportación masiva con el auxilio de fuerzas militares; para consignar el repudio a cualquier propuesta para la utilización de recursos de Pueblo de Puerto Rico para la ejecución de dichas iniciativas, y para declarar nuestra solidaridad con las comunidades de inmigrantes en Puerto Rico ante la persecución que ya se ha iniciado por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos.

Esta Resolución Concurrente (R. Conc. de la C. 2) no crea ley ni impone obligaciones directas. Su propósito es expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a políticas migratorias específicas del entonces Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, incluyendo la declaración de 'invasión' en las fronteras, la eliminación de estatus de santuario para instituciones, y la promoción de deportaciones masivas. Además, la medida repudia el uso de recursos de Puerto Rico para ejecutar dichas políticas y declara solidaridad con las comunidades inmigrantes en la isla ante lo que describe como persecución por autoridades migratorias de EE.UU. Afecta principalmente la postura política de la Asamblea Legislativa y la comunicación de dicha postura a entidades federales y organizaciones comunitarias.

Para expresar el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la Orden Ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, titulada “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship”, por constituir un atentado a los principios democráticos que atesoramos como Pueblo, de manera específica a la disposición de la Constitución Federal de los Estados Unidos de América de la Decimocuarta enmienda, vigente por más de ciento cincuenta (150) años, que establece de manera expresa que toda persona nacida en y sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos se le confiere la ciudadanía americana.

Esta Resolución Concurrente expresa el rechazo formal de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a la Orden Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, titulada 'Protecting the Meaning and Value of American Citizenship'. La medida busca manifestar una postura política y un desacuerdo con la orden ejecutiva que limita la ciudadanía por nacimiento bajo la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Federal. Afecta directamente a la percepción y postura política de la Asamblea Legislativa en relación con una política federal que podría impactar a residentes de Puerto Rico.

Para que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico exprese el más enfático rechazo a la carta y borrador de Orden Ejecutiva presentada al Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump; solicitando la implementación de un proceso de autodeterminación e independencia para Puerto Rico; y para otros fines.

La Resolución Concurrente de la Cámara 16 (R. Conc. de la C. 16) es una medida de opinión que busca expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a una carta y borrador de Orden Ejecutiva dirigidos al entonces Presidente Donald J. Trump, solicitando un proceso de autodeterminación e independencia para Puerto Rico. La medida no crea derechos ni obligaciones, ni asigna fondos, sino que fija una postura política del cuerpo legislativo.

Para expresar el más enérgico rechazo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a las acciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump contra los inmigrantes que residen en Puerto Rico, así como aquellos que se encuentran en los Estados de la Nación Americana; del mismo modo, condenar cualquier uso de los recursos del Gobierno de Puerto Rico para apoyar o colaborar con estas órdenes del mandatario federal e instruir al Departamento de Estado de Puerto Rico por conducto de su secretaria, la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo, a proveer asesoría legal a través de la Oficina de Orientación y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Puerto Rico a todos aquellos extranjeros residentes en Puerto Rico.

Esta Resolución del Senado (RS 19) expresa el más enérgico rechazo a las acciones del Presidente de los Estados Unidos contra inmigrantes y condena cualquier uso de recursos de Puerto Rico para apoyar dichas órdenes. Además, instruye al Departamento de Estado de Puerto Rico, a través de la Oficina de Orientación y Servicios a Ciudadanos Extranjeros, a proveer asesoría legal a extranjeros residentes en la isla. Afecta directamente al Departamento de Estado y a la comunidad inmigrante en Puerto Rico.