Para expresar el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la Orden Ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, titulada “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship”, por constituir un atentado a los principios democráticos que atesoramos como Pueblo, de manera específica a la disposición de la Constitución Federal de los Estados Unidos de América de la Decimocuarta enmienda, vigente por más de ciento cincuenta (150) años, que establece de manera expresa que toda persona nacida en y sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos se le confiere la ciudadanía americana.

Para que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico exprese el más enfático rechazo a la carta y borrador de Orden Ejecutiva presentada al Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump; solicitando la implementación de un proceso de autodeterminación e independencia para Puerto Rico; y para otros fines.

Esta Resolución Concurrente no crea ni enmienda leyes. Su propósito es que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico exprese formalmente su más enfático rechazo a una carta y borrador de Orden Ejecutiva que, según se alega, solicitaba la implementación de un proceso de autodeterminación e independencia para Puerto Rico, dirigida al entonces Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. La medida no impone obligaciones ni crea mecanismos de implementación, sino que busca comunicar una postura política.

“Para expresar el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a las políticas establecidas por el Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a través de la aprobación de un conjunto de Órdenes Ejecutivas que declaran la entrada de inmigrantes por las fronteras como una invasión, eliminan el carácter de santuarios de iglesias, escuelas y hospitales y promueven la deportación masiva con el auxilio de fuerzas militares; para consignar el repudio a cualquier propuesta para la utilización de recursos de Pueblo de Puerto Rico para la ejecución de dichas iniciativas, y para declarar nuestra solidaridad con las comunidades de inmigrantes en Puerto Rico ante la persecución que ya han iniciado las autoridades migratorias de los Estados Unidos.”

Esta Resolución Concurrente del Senado de Puerto Rico expresa el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa a las políticas migratorias del entonces Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, que declaraban la entrada de inmigrantes como una invasión, eliminaban el carácter de santuario de instituciones y promovían la deportación masiva. También repudia el uso de recursos de Puerto Rico para ejecutar dichas iniciativas y declara solidaridad con las comunidades inmigrantes en la isla ante la persecución de autoridades migratorias federales. No crea ni enmienda leyes, ni establece mecanismos o plazos, sino que manifiesta una postura política.

Para expresar el más enérgico rechazo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a todo el conjunto de órdenes ejecutivas del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, las cuales ya están provocando una evidente inestabilidad, el recrudecimiento de las relaciones internacionales, así como un estado de incertidumbre contra la población de Puerto Rico; solicitarle poner en detente este conjunto de Ordenes Ejecutivas, reconsiderar las mismas y proponer cursos de acción alternos conforme las normas, leyes y reglamentos aplicables y aplicando los mejores principios de sana administración pública, en apego a la Constitución de los Estados Unidos; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 229 expresa el más enérgico rechazo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a un conjunto de órdenes ejecutivas emitidas por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Solicita al Presidente que detenga, reconsidere y proponga alternativas a estas órdenes ejecutivas, basándose en normas aplicables y principios de sana administración pública, en apego a la Constitución de los Estados Unidos. La medida no crea ni enmienda leyes, ni establece mecanismos, cifras o plazos concretos, sino que articula una postura política y una solicitud formal al gobierno federal.