Qué propone
Esta Resolución Concurrente del Senado (R. Conc. del S. 17) expresa formalmente el rechazo del Pueblo de Puerto Rico, a través de su Asamblea Legislativa, al indulto completo e incondicional concedido por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. No crea derechos ni obligaciones, ni asigna fondos, sino que fija una postura política y ordena el envío de copias de la resolución a funcionarios clave del gobierno federal de Estados Unidos.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
Esta Resolución Concurrente fue el 20 de enero de 2026 y referida a comisión en el Senado. Fue por su autor el 21 de enero de 2026, antes de completar su trámite legislativo.
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Última acción · 21 de enero de 2026
por su Autor
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para expresar a nombre del Pueblo de Puerto Rico, el más enérgico rechazo al indulto completo e incondicional concedido por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced.
Esta Resolución Concurrente (R. Conc. de la C. 33) expresa el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en nombre del pueblo, al indulto completo e incondicional concedido por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. La medida ordena el envío de copias de esta resolución al Presidente de los Estados Unidos, al Presidente del Senado de los Estados Unidos y al Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. No crea derechos ni obligaciones legales, ni asigna fondos.
Para que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico exprese el más enfático rechazo a la carta y borrador de Orden Ejecutiva presentada al Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump; solicitando la implementación de un proceso de autodeterminación e independencia para Puerto Rico; y para otros fines.
La Resolución Concurrente de la Cámara 16 (R. Conc. de la C. 16) es una medida de opinión que busca expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a una carta y borrador de Orden Ejecutiva dirigidos al entonces Presidente Donald J. Trump, solicitando un proceso de autodeterminación e independencia para Puerto Rico. La medida no crea derechos ni obligaciones, ni asigna fondos, sino que fija una postura política del cuerpo legislativo.
“Para expresar el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a las políticas establecidas por el Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a través de la aprobación de un conjunto de Órdenes Ejecutivas que declaran la entrada de inmigrantes por las fronteras como una invasión, eliminan el carácter de santuarios de iglesias, escuelas y hospitales y promueven la deportación masiva con el auxilio de fuerzas militares; para consignar el repudio a cualquier propuesta para la utilización de recursos de Pueblo de Puerto Rico para la ejecución de dichas iniciativas, y para declarar nuestra solidaridad con las comunidades de inmigrantes en Puerto Rico ante la persecución que ya han iniciado las autoridades migratorias de los Estados Unidos.”
Esta Resolución Concurrente (R. Conc. del S. 4) expresa el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a políticas de inmigración del Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, que catalogan la entrada de inmigrantes como invasión, eliminan el carácter de santuario de instituciones, y promueven deportaciones masivas. También repudia el uso de recursos de Puerto Rico para dichas iniciativas y declara solidaridad con las comunidades de inmigrantes en la isla ante lo que describe como persecución por autoridades migratorias federales. No crea derechos ni obligaciones, ni asigna fondos.
Para requerir al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América que respondan diligentemente, y actúen de conformidad con el reclamo de autodeterminación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico para que, después de 127 años, se termine de una vez y por todas con el estatus territorial actual; que se inicie el proceso para admitir a la Isla como un Estado de la Unión, según reclamado con la mayoría absoluta de los votos emitidos en el plebiscito de 5 de noviembre de 2024; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Concurrente insta al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos a responder y actuar sobre el reclamo de autodeterminación de los ciudadanos de Puerto Rico. Busca que se ponga fin al estatus territorial actual y se inicie el proceso para admitir a Puerto Rico como un estado de la Unión, basándose en los resultados del plebiscito del 5 de noviembre de 2024. La medida se dirige a las autoridades federales de EE.UU. y afecta indirectamente a los ciudadanos de Puerto Rico al formalizar su reclamo ante el Congreso.
Para expresar el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a las políticas establecidas por el Presidente de Estados Unidos Donald J. Trump a través de la aprobación de un conjunto de Órdenes Ejecutivas que declaran la entrada de inmigrantes por las fronteras como una invasión, eliminan el carácter de santuarios de iglesias, escuelas y hospitales y promueven la deportación masiva con el auxilio de fuerzas militares; para consignar el repudio a cualquier propuesta para la utilización de recursos de Pueblo de Puerto Rico para la ejecución de dichas iniciativas, y para declarar nuestra solidaridad con las comunidades de inmigrantes en Puerto Rico ante la persecución que ya se ha iniciado por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos.
Esta Resolución Concurrente (R. Conc. de la C. 2) no crea ley ni impone obligaciones directas. Su propósito es expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a políticas migratorias específicas del entonces Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, incluyendo la declaración de 'invasión' en las fronteras, la eliminación de estatus de santuario para instituciones, y la promoción de deportaciones masivas. Además, la medida repudia el uso de recursos de Puerto Rico para ejecutar dichas políticas y declara solidaridad con las comunidades inmigrantes en la isla ante lo que describe como persecución por autoridades migratorias de EE.UU. Afecta principalmente la postura política de la Asamblea Legislativa y la comunicación de dicha postura a entidades federales y organizaciones comunitarias.
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