Para expresar el más enérgico rechazo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a las acciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump de dar paso a una reducción de un cincuenta (50) por ciento de la fuerza laboral adscrita al Departamento de Educación Federal; del mismo modo, instruir y requerir al Departamento de Educación la elaboración de un plan de manera que ningún servicio se vea afectado, incluyendo aquellos que reciben los estudiantes de educación especial; para otros fines relacionados.
Qué propone
La Resolución del Senado 104 propone expresar el rechazo del Senado de Puerto Rico a las acciones del Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, que supuestamente resultaron en una reducción del 50% de la fuerza laboral del Departamento de Educación Federal. Adicionalmente, instruye al Departamento de Educación de Puerto Rico a elaborar un plan para asegurar que ningún servicio educativo, incluyendo los de educación especial, se vea afectado por estas acciones federales. La medida no tiene fuerza de ley y no asigna fondos.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida y los fragmentos abordan el tema de la educación pública en Puerto Rico, específicamente la compleja relación entre el Departamento de Educación de Puerto Rico y las intervenciones federales. La medida busca mitigar el impacto de recortes federales en la fuerza laboral, lo que se alinea con el historial de la agencia de operar bajo acuerdos de cumplimiento y sindicaturas debido al manejo deficiente de fondos federales, como se describe en la Fuente 1.
En qué va
Esta Resolución del Senado (RS 104) fue el 13 de marzo de 2025 y referida a comisión. El 5 de mayo de 2026, la Comisión de Asuntos Internos del Senado emitió un , recomendando no aprobar la medida, indicando que no responde a las circunstancias reales ni a las acciones ya emprendidas por el Departamento de Educación de Puerto Rico.
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Última acción · 5 de mayo de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para expresar el más enérgico rechazo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a las acciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump contra los inmigrantes que residen en Puerto Rico, así como aquellos que se encuentran en los Estados de la Nación Americana; del mismo modo, condenar cualquier uso de los recursos del Gobierno de Puerto Rico para apoyar o colaborar con estas órdenes del mandatario federal e instruir al Departamento de Estado de Puerto Rico por conducto de su secretaria, la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo, a proveer asesoría legal a través de la Oficina de Orientación y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Puerto Rico a todos aquellos extranjeros residentes en Puerto Rico.
Esta Resolución del Senado (RS 19) expresa el más enérgico rechazo a las acciones del Presidente de los Estados Unidos contra inmigrantes y condena cualquier uso de recursos de Puerto Rico para apoyar dichas órdenes. Además, instruye al Departamento de Estado de Puerto Rico, a través de la Oficina de Orientación y Servicios a Ciudadanos Extranjeros, a proveer asesoría legal a extranjeros residentes en la isla. Afecta directamente al Departamento de Estado y a la comunidad inmigrante en Puerto Rico.
Para ordenar a la Comisión Educación realizar una investigación exhaustiva sobre incumplimiento en la asignación de asistentes T1 en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico, específicamente en el Distrito Senatorial Mayagüez–Aguadilla y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 284 ordena a la Comisión de Educación del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre el presunto incumplimiento en la asignación de asistentes T1 para estudiantes de Educación Especial en el Departamento de Educación, centrándose específicamente en el Distrito Senatorial Mayagüez-Aguadilla. La investigación busca examinar la discrepancia entre los estudiantes con el servicio aprobado en su Programa Educativo Individualizado (PEI) y quienes no lo reciben, evaluar los procesos administrativos y presupuestarios del Departamento para la contratación de estos asistentes, y analizar las medidas correctivas que la agencia debe implementar. Afecta directamente a los estudiantes de educación especial, sus familias y al Departamento de Educación.
Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la carga administrativa impuesta por el Departamento de Educación sobre las docentes especializadas en Educación Especial y los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad y calidad de los servicios educativos que ofrece el Programa de Educación Especial por disposición de la Constitución de Puerto Rico, las leyes locales y federales y las determinaciones judiciales que las interpretan.
La Resolución del Senado 405 proponía ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico que realizara una investigación sobre la carga administrativa que el Departamento de Educación impone a las docentes especializadas en Educación Especial. El objetivo era identificar mecanismos para asegurar la continuidad y calidad de los servicios educativos en dicho programa, conforme a leyes y determinaciones judiciales.
Para expresar el más firme respaldo del Senado de Puerto Rico al programa Head Start y a los niños, las familias, los empleados y los municipios que lo sostienen en Puerto Rico; manifestar la oposición del Senado a la reducción del tope de costos de desarrollo y administración, del quince al cinco por ciento, propuesta por la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos en la reglamentación titulada “Reducing Federal Burden for Head Start Programs” (91 FR 51248, RIN 0970-AD30, Docket ACF-2026-0595); expresar la preocupación del Senado por la ausencia de una definición del término “State” que reconozca a Puerto Rico conforme a la Ley Head Start; exhortar al Gobierno de Puerto Rico a establecer como prioridad de política pública un programa de capacitación y certificación en educación temprana en inglés para el personal de Head Start y Early Head Start que sustente ante el Gobierno federal una transición ordenada; disponer que el Senado de Puerto Rico someta comentarios en el proceso de reglamentación y realice las gestiones necesarias conforme a estas prioridades; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado de Puerto Rico 606 expresa un firme respaldo al programa Head Start y a sus beneficiarios en la isla. Manifiesta oposición a una propuesta federal de reducir el tope de costos de desarrollo y administración del 15% al 5%. También expresa preocupación por la falta de reconocimiento de Puerto Rico como 'State' en la definición del término en la Ley Head Start y exhorta al Gobierno de Puerto Rico a priorizar un programa de capacitación y certificación en inglés para el personal de Head Start y Early Head Start. Finalmente, dispone que el Senado someterá comentarios formales en el proceso de reglamentación federal y realizará gestiones ante agencias federales y el Congreso.
Para expresar el rechazo firme y oposición contundente de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante la amenaza de reducción de servicios esenciales y cese, en algunos casos, de los programas Head Start y Early Head Start en Puerto Rico debido al intento de disminución, reducción de fondos federales por parte de la administración gubernamental del Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, consideración y consecuencia de su política pública de financiación temporal para el gobierno federal.
Esta Resolución Concurrente (R. Conc. de la C. 19) expresa el rechazo y la oposición de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ante la amenaza de reducción de fondos federales para los programas Head Start y Early Head Start, impulsada por la administración del Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. La medida busca manifestar la postura oficial de la Legislatura ante la posible disminución de servicios esenciales para niños y familias de bajos ingresos.
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