Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el impacto y las consecuencias a corto y mediano plazo que tendrá la imposición de aranceles a un sinnúmero de países, como resultado directo de las órdenes ejecutivas puestas en marcha por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre los residentes, las empresas del sector privado, las entidades del tercer sector, las agencias del gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios de Puerto Rico.

Contras

• •La Comisión de Asuntos Internos considera que la investigación propuesta es 'académica' porque la legalidad de las órdenes ejecutivas federales sobre aranceles ya fue objeto de litigios y decisiones judiciales en foros federales, incluyendo el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
• •La medida podría constituir un uso ineficiente de recursos públicos y esfuerzos legislativos al investigar asuntos que ya han sido resueltos judicialmente o que recaen exclusivamente en el Congreso federal, sobre los cuales Puerto Rico, por su condición territorial, no tiene participación equitativa ni voto.
• •El informe negativo señala que el Tribunal Supremo de EE.UU. concluyó que la ley federal utilizada (IEEPA) no autoriza al Presidente a alterar unilateralmente el esquema tarifario federal de forma amplia, interpretando que cualquier delegación debe ser limitada y conforme a lo establecido por el Congreso.