Qué propone
La Resolución del Senado 219 ordena a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y PROMESA; y de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre las negociaciones entre la Administración de Seguros de Salud (ASES) y las aseguradoras del Plan Vital, con el fin de determinar los costos de las primas para el año fiscal 2025-2026. La medida buscaba examinar las gestiones y comunicaciones entre ASES, la Junta de Supervisión Fiscal y las aseguradoras durante el proceso de negociación de dicho año fiscal.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la evolución del sistema de salud de Puerto Rico, que desde la Reforma de Salud de la década de 1990, ha dependido de la Administración de Seguros de Salud (ASES) para contratar aseguradoras privadas y administrar el Plan Vital. La investigación propuesta por la medida aborda directamente las negociaciones de ASES con las aseguradoras, un aspecto crítico de la operación del Plan Vital y un punto de tensión histórica en el sistema de salud.
En qué va
La Resolución del Senado 219 fue el 2 de junio de 2025 y referida a comisión. El 30 de junio de 2026, la Comisión de Asuntos Internos emitió un , no recomendando su aprobación, argumentando que la investigación solicitada era sobre un proceso ya concluido y que asuntos similares ya habían sido investigados.
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Última acción · 30 de junio de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico que investigue el proceso de asignación de primas para el tratamiento de la población infantil bajo el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, conocido como Plan Vital, así como la fiscalización que ejerce la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) en el cumplimiento de los contratos del Plan Vital suscritos con las aseguradoras, en particular el requisito de que no menos del noventa y dos por ciento (92%) de los fondos del plan se destinen a servicios médicos; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 161 ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico investigar el proceso de asignación de primas y la fiscalización de la Administración de Seguros de Salud (ASES) en el Plan Vital, específicamente en cuanto al requisito de que las aseguradoras destinen al menos el 92% de los fondos a servicios médicos para la población infantil. La medida busca determinar si este requisito se cumple y si las primas asignadas son suficientes para cubrir los costos reales de atención pediátrica.
Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 28-2024, por parte de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico y los planes médicos contratados bajo el Plan de Salud del Gobierno (Plan Vital), específicamente en lo concerniente a la eliminación del requisito de referido del médico primario para beneficiarios con enfermedades crónicas o de alto costo.
La Resolución del Senado 342 ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de la Ley 28-2024. Esta ley eliminó el requisito de referido del médico primario para beneficiarios del Plan Vital con enfermedades crónicas o de alto costo. La investigación evaluará la implementación por parte de la Administración de Seguros de Salud (ASES) y los planes médicos, la orientación a pacientes, y la existencia de protocolos y mecanismos de fiscalización.
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema de salud enfocada en los asuntos sistémicos: las prácticas de aseguradoras, hospitales, médicos, personal de enfermería y otros profesionales del sistema de salud, en torno a la retención del personal y la eficiencia en la asignación de citas médicas y servicios con el fin de identificar medidas que fortalezcan la prestación de servicios de salud en Puerto Rico.”
La Resolución del Senado 357 ordenaba a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema de salud. El enfoque era en asuntos sistémicos como las prácticas de aseguradoras, hospitales, médicos y personal de enfermería, particularmente en la retención de personal y la eficiencia en la asignación de citas y servicios, con el fin de proponer medidas para fortalecer la prestación de servicios de salud en Puerto Rico.
Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado realizar una investigación sobre los efectos de la puesta en vigor del Medicare Transaction Facilitator (establecido por los Centers for Medicare & Medicaid Services como componente operativo del Medicare Drug Price Negotiation Program, creado bajo la Inflation Reduction Act de 2022) sobre el precio y accesibilidad de los medicamentos para las farmacias y pacientes en Puerto Rico.
La Resolución del Senado 381 ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre los efectos del Medicare Transaction Facilitator, un componente del programa federal de negociación de precios de medicamentos bajo la Inflation Reduction Act de 2022. El objetivo es evaluar cómo esta medida federal impacta el precio y la accesibilidad de los medicamentos para las farmacias y pacientes en Puerto Rico. La medida busca entender las consecuencias de esta política federal en la jurisdicción local.
Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva en cuanto al cumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm. 73-2023, por parte del Departamento de Salud y la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico.
La Resolución del Senado 63 ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento del Departamento de Salud y la Oficina del Comisionado de Seguros con las disposiciones de la Ley 73-2023. Esta ley busca agilizar y hacer más eficiente el proceso de credencialización de proveedores de salud mediante un formulario único y la modernización de procesos. La investigación determinará si estas agencias han implementado adecuadamente los mandatos de dicha ley.
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