Para expresar el más enérgico repudio del Senado de Puerto Rico a la campaña de censura realizada por el gobierno de los Estados Unidos de América, su presidente, Donald J. Trump, y funcionarios interviniendo con, o cancelando, el contenido de expresiones vertidas por individuos, instituciones científicas, académicas y medios de comunicación; así como la promoción de ambientes que propenden a la “autocensura”, en contravención con el derecho humano a la libertad de expresión, sus propios principios constitucionales y la jurisprudencia que interpreta la Primera Enmienda.
Qué propone
Esta medida es una Resolución del Senado de Puerto Rico (R. del S. 322) que expresa un enérgico repudio a lo que describe como una campaña de censura por parte del gobierno de los Estados Unidos, su presidente Donald J. Trump, y funcionarios. Busca denunciar acciones que intervienen o cancelan expresiones de individuos, instituciones científicas, académicas y medios de comunicación, así como la promoción de la 'autocensura', argumentando que contraviene la libertad de expresión, los principios constitucionales de EE.UU. y la de la Primera . No crea derechos ni obligaciones, ni asigna fondos.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
Esta Resolución (R. del S. 322) fue el 1 de octubre de 2025, aprobada sin por el Senado ese mismo día, y posteriormente referida a Comisión. El trámite más reciente indica que fue 'Derrotada a viva voz' el 1 de octubre de 2025, lo que sugiere que, a pesar de su aprobación inicial, no avanzó o fue en una etapa posterior del proceso legislativo.
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Última acción · 1 de octubre de 2025
Derrotado a viva voz
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Para expresar el más enérgico repudio de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a la campaña de censura realizada por el gobierno de los Estados Unidos de América, su presidente, Donald J. Trump, y funcionarios interviniendo con, o cancelando, el contenido de expresiones vertidas por individuos, instituciones científicas, académicas y medios de comunicación; así como la promoción de ambientes que propenden a la “autocensura”, en contravención con el derecho humano a la libertad de expresión, sus propios principios constitucionales y la jurisprudencia que interpreta la Primera Enmienda.
La Resolución de la Cámara de Representantes 467 (RC 467) expresa el más enérgico repudio de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a la campaña de censura atribuida al gobierno de los Estados Unidos bajo Donald J. Trump, incluyendo acciones contra medios de comunicación, instituciones científicas y académicas, y la promoción de la autocensura. La medida no crea derechos ni obligaciones legales, ni asigna fondos; su propósito es fijar una postura política de la Cámara.
Para expresar el más enérgico rechazo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a las acciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump contra los inmigrantes que residen en Puerto Rico, así como aquellos que se encuentran en los Estados de la Nación Americana; del mismo modo, condenar cualquier uso de los recursos del Gobierno de Puerto Rico para apoyar o colaborar con estas órdenes del mandatario federal e instruir al Departamento de Estado de Puerto Rico por conducto de su secretaria, la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo, a proveer asesoría legal a través de la Oficina de Orientación y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Puerto Rico a todos aquellos extranjeros residentes en Puerto Rico.
Esta Resolución del Senado (RS 19) expresa el más enérgico rechazo a las acciones del Presidente de los Estados Unidos contra inmigrantes y condena cualquier uso de recursos de Puerto Rico para apoyar dichas órdenes. Además, instruye al Departamento de Estado de Puerto Rico, a través de la Oficina de Orientación y Servicios a Ciudadanos Extranjeros, a proveer asesoría legal a extranjeros residentes en la isla. Afecta directamente al Departamento de Estado y a la comunidad inmigrante en Puerto Rico.
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre aquellas acciones realizadas por el Gobierno de Puerto conducentes a divulgar información confidencial de residentes de Puerto Rico que pudieran constituir una violación a los derechos garantizados por las leyes y la Constitución de Puerto Rico; y que estén dirigidas a colaborar con los esfuerzos de arrestos y deportaciones de personas con estatus migratorio irregular por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos; y para otros fines relacionados.”
La Resolución del Senado 222 ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva. El objetivo es examinar las acciones del Gobierno de Puerto Rico que hayan resultado en la divulgación de información confidencial de residentes, potencialmente violando derechos constitucionales y legales. La investigación se enfocará específicamente en la colaboración con autoridades migratorias de Estados Unidos para la detención y deportación de personas con estatus migratorio irregular.
Para repudiar la intención expresa del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, de retomar control estadounidense sobre el Canal de Panamá, incluso mediante coerción militar, y exigir que se respete la soberanía del Pueblo de Panamá sobre su territorio nacional.
La Resolución del Senado 21 propone repudiar la intención declarada del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, de retomar control estadounidense sobre el Canal de Panamá, y exige el respeto a la soberanía de Panamá sobre su territorio nacional. Esta medida no crea derechos ni obligaciones legales, sino que fija una postura política de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
Para expresar la más enérgica censura del Senado de Puerto Rico al régimen socialista, dictatorial y represivo impuesto por Nicolás Maduro, sustentado en un modelo económico fracasado; la traición a las aspiraciones democráticas y a la dignidad del pueblo venezolano; el uso del aparato estatal como instrumento de enriquecimiento personal y de su círculo cercano, a costa del hambre y el sufrimiento colectivo; el ejercicio sistemático de violencia política contra sus opositores; la permanencia ilegítima en el poder mediante procesos electorales carentes de transparencia; y el desplazamiento masivo de venezolanos, quienes culminan enfrentándose a leyes y políticas migratorias de otros países como inmigrantes.
La Resolución del Senado 224 expresa la más enérgica censura del Senado de Puerto Rico hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Busca condenar su modelo económico, la represión política, la corrupción, la ilegitimidad electoral y el desplazamiento masivo de venezolanos. La medida ordena la remisión de copias de esta resolución, traducidas al inglés, a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Consulado de Venezuela en Puerto Rico y a los medios de comunicación.
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