Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación en torno a las condiciones actuales de la institución correccional ubicada en el Distrito Senatorial de Mayagüez-Aguadilla, particularmente el Centro de Detención del Oeste, en Mayagüez, con el fin de examinar los servicios que reciben los confinados, las condiciones físicas de dichas instituciones, así como el acceso a las visitas familiares; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La Resolución del Senado 470 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones actuales del Centro de Detención del Oeste en Mayagüez. La investigación debe examinar el trato a los confinados, las condiciones físicas, el acceso a visitas familiares, los servicios recibidos, los programas de rehabilitación y el cumplimiento de garantías constitucionales, con el fin de evaluar la necesidad de medidas correctivas. Afecta directamente a la población confinada en dicha institución y a los funcionarios encargados de su administración.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida se enmarca en la discusión histórica sobre el sistema correccional de Puerto Rico, que ha experimentado una contracción estructural y el cierre de instituciones. La investigación propuesta podría arrojar luz sobre las condiciones actuales de las cárceles, un tema disputado en el contexto de la consolidación de planteles y la atención a los confinados.
En qué va
La Resolución del Senado 470 fue el 24 de marzo de 2026 y referida a comisión el 26 de marzo de 2026. Fue por su autor el 12 de mayo de 2026, por lo que no avanzó en el proceso legislativo.
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Última acción · 12 de mayo de 2026
por su Autor
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; y a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema correccional de Puerto Rico, incluyendo la composición y clasificación de la población correccional, la condición de la infraestructura de las instituciones penales, la administración y ejecución de recursos, la prestación de servicios esenciales, la efectividad de los programas de rehabilitación y cualquier otro asunto que incida en la administración y funcionamiento del sistema correccional en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 95 ordena a las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema correccional de Puerto Rico. La investigación debe cubrir la composición y clasificación de la población correccional, la infraestructura, la administración de recursos, la prestación de servicios esenciales, la efectividad de programas de rehabilitación y otros asuntos relacionados con su funcionamiento. Las comisiones tienen 180 días para presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones al Senado.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias de la existencia de un esquema de canjeo de votos por sustancias controladas y otros favores ilícitos al interior de las cárceles de Puerto Rico para el beneficio electoral de la presente administración.
La Resolución del Senado 500 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva. El propósito es indagar sobre denuncias de un presunto esquema de intercambio de votos por sustancias controladas y otros favores ilícitos dentro de las cárceles, con el fin de beneficiar electoralmente a la administración actual.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el alarmante aumento en las muertes de la población del sistema correccional de Puerto Rico; con énfasis en los hallazgos encontrados y recomendaciones contenidas en el “Informe sobre las Muertes de Personas Privadas de Libertad bajo la Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación” emitido por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.
La Resolución de la Cámara 272 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el aumento de muertes en el sistema correccional de Puerto Rico. La investigación debe enfocarse en los hallazgos y recomendaciones del informe de la Comisión de Derechos Civiles sobre el tema. Se establece un plazo de 180 días para que la Comisión rinda su informe con conclusiones y recomendaciones.
“Para ordenar a las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de cancelación del contrato vigente con Physician Correctional, evaluando quién asumirá la prestación de servicios médicos a la población correccional y el impacto que esta decisión podría tener en la atención a los reclusos; y para otros asuntos relacionados.”
La R. del S. 94 no enmienda ni crea una ley, y tampoco cancela el contrato con Physician Correctional ni selecciona a quien prestaría los servicios médicos. Ordena a las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y de lo Jurídico del Senado investigar la cancelación, las cláusulas y procedimientos contractuales, las alternativas de proveedor y los posibles efectos de una interrupción en confinados y funcionarios del DCR. La Exposición de Motivos cifra en 7,111 la población correccional concernida. Las comisiones tendrían que entregar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 90 días de aprobarse la resolución.
Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 66 que ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación del estado actual y el detalle de todos los programas e iniciativas de rehabilitación dirigidos a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 295 enmienda la Sección 3 de la Resolución del Senado 66. Extiende los plazos para que la Comisión de Gobierno del Senado rinda un primer informe sobre programas de rehabilitación correccional 180 días después del inicio de la Segunda Sesión Ordinaria de la 20ma Asamblea Legislativa, y un informe final antes de la conclusión de dicha Asamblea Legislativa. Esto afecta a la Comisión de Gobierno del Senado y al Departamento de Corrección y Rehabilitación, al modificar el cronograma de una investigación en curso.
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