Qué propone
La Resolución del Senado 95 ordena a las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema correccional de Puerto Rico. La investigación debe cubrir la composición y clasificación de la población correccional, la infraestructura, la administración de recursos, la prestación de servicios esenciales, la efectividad de programas de rehabilitación y otros asuntos relacionados con su funcionamiento. Las comisiones tienen 180 días para presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones al Senado.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la discusión histórica sobre el sistema correccional de Puerto Rico, que ha experimentado una contracción de su población de confinados y el cierre de instituciones penales. La investigación propuesta busca examinar la infraestructura, los servicios y la efectividad de los programas de rehabilitación, temas que han sido objeto de disputa en el pasado, especialmente en cuanto a las condiciones de habitabilidad y la atención médica de los reos.
En qué va
Esta Resolución (RS 95) fue el 10 de marzo de 2025, referida a comisión y el 4 de junio de 2026, tras rendirse un primer informe con . Actualmente se encuentra en trámite posterior a su aprobación en el Senado.
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Última acción · 4 de junio de 2026
Referido a Comisión(es)
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A favor (26)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 66 que ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación del estado actual y el detalle de todos los programas e iniciativas de rehabilitación dirigidos a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 295 enmienda la Sección 3 de la Resolución del Senado 66. Extiende los plazos para que la Comisión de Gobierno del Senado rinda un primer informe sobre programas de rehabilitación correccional 180 días después del inicio de la Segunda Sesión Ordinaria de la 20ma Asamblea Legislativa, y un informe final antes de la conclusión de dicha Asamblea Legislativa. Esto afecta a la Comisión de Gobierno del Senado y al Departamento de Corrección y Rehabilitación, al modificar el cronograma de una investigación en curso.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación del estado actual y el detalle de todos los programas e iniciativas de rehabilitación dirigidos a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 66 ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre todos los programas e iniciativas de rehabilitación dirigidos a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La investigación deberá detallar el estado actual de estos programas, su disponibilidad, accesibilidad, impacto y continuidad, y se espera que culmine con informes parciales y finales para la Vigésima Asamblea Legislativa.
“Para ordenar a las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de cancelación del contrato vigente con Physician Correctional, evaluando quién asumirá la prestación de servicios médicos a la población correccional y el impacto que esta decisión podría tener en la atención a los reclusos; y para otros asuntos relacionados.”
La Resolución del Senado 94 ordena a las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de cancelación del contrato vigente con Physician Correctional. Busca evaluar quién asumirá la prestación de servicios médicos a la población correccional y el impacto de esta decisión en la atención a los reclusos.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación en torno a las condiciones actuales de la institución correccional ubicada en el Distrito Senatorial de Mayagüez-Aguadilla, particularmente el Centro de Detención del Oeste, en Mayagüez, con el fin de examinar los servicios que reciben los confinados, las condiciones físicas de dichas instituciones, así como el acceso a las visitas familiares; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 470 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones actuales del Centro de Detención del Oeste en Mayagüez. La investigación debe examinar el trato a los confinados, las condiciones físicas, el acceso a visitas familiares, los servicios recibidos, los programas de rehabilitación y el cumplimiento de garantías constitucionales, con el fin de evaluar la necesidad de medidas correctivas. Afecta directamente a la población confinada en dicha institución y a los funcionarios encargados de su administración.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación en torno a las condiciones actuales de las instituciones correccionales ubicadas en el Distrito Senatorial de Mayagüez-Aguadilla, particularmente el Centro de Detención del Oeste, en Mayagüez, y la Institución Correccional Guerrero, en Aguadilla, con el fin de examinar los servicios que reciben los confinados, las condiciones físicas de dichas instituciones, así como el acceso a las visitas familiares; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 336 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones de las instituciones correccionales en el Distrito Senatorial de Mayagüez-Aguadilla, específicamente el Centro de Detención del Oeste y la Institución Correccional Guerrero. La investigación debe examinar los servicios a confinados, las condiciones físicas de las instalaciones y el acceso a visitas familiares. La Comisión tiene 90 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
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