Para ordenar a la Comisión de Gobierno, realizar una investigación sobre los señalamientos que han surgido en torno a la posible otorgación de un contrato de servicios profesionales por $38 millones en fondos del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) para ser otorgados a la empresa NOLA Education LLC para implementar un programa educativo conocido como Star Academy en 25 escuelas y para impactar a cerca de 2,000 estudiantes; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Senado de Puerto Rico constituirse en Comisión Total a tenor con las disposiciones de su Reglamento, a los fines de investigar las alegaciones sobre la irregularidad en las contrataciones de servicios de tecnología sobre los cuales tiene jurisdicción la Puerto Rico Innovation and Technology Service, incluyendo pero sin limitarse a: la otorgación del contrato 2025-DS6296 y cualquier otro contrato relacionado con la tecnología otorgado por las agencias del Gobierno de Puerto Rico durante este u otro cuatrienio; y para otros fines relacionados.

Esta medida ordena al Senado de Puerto Rico a constituirse en Comisión Total, un procedimiento reglamentario que le permite ejercer sus facultades investigativas de manera más amplia. El propósito es investigar alegaciones de irregularidades en la contratación de servicios de tecnología bajo la jurisdicción de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), incluyendo un contrato específico (2025-DS6296) y otros contratos gubernamentales de tecnología otorgados en cualquier cuatrienio. La investigación busca esclarecer presuntas presiones indebidas para favorecer a ciertas empresas y la posible falta de credenciales adecuadas en los proveedores.

Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la situación fiscal, administrativa y operacional de todos los componentes del Departamento de la Familia de Puerto Rico, en aras de mejorar los servicios que brinda dicha Agencia; conocer sus programas, necesidades y dificultades; y para otros asuntos relacionados.

Esta medida ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva. El propósito es examinar la situación fiscal, administrativa y operacional de todos los componentes del Departamento de la Familia. El objetivo final es identificar áreas de mejora para optimizar los servicios que ofrece la agencia, conocer sus programas, necesidades y dificultades.

“Para ordenarle al Departamento de Educación realizar, en colaboración con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, un estudio de análisis de costo que permita fijar parámetros generales sobre los costos reales y razonables en el mercado de los servicios educativos, relacionados y suplementarios que típicamente subcontrata la agencia cuando no cuenta con la opción de provisión directa, sin abandonar el principio rector de las necesidades individuales de cada estudiante o las variables asociadas a la inflación; establecer un sistema de monitoreo que permita fiscalizar el cumplimiento de las instituciones y proveedoras privadas a las que se les otorgan contratos de ubicación (o de provisión de servicios relacionados) desde la Secretaría Asociada de Educación Especial, en atención a las propuestas de servicios, los contratos convenidos y los Programas Educativos Individualizados; diseñar un mecanismo alterno para que las personas encargadas de menores que reciban servicios mediante el mecanismo de compra procuren los reembolsos a que son acreedoras, de manera que no tengan que identificarse o registrarse como proveedoras, cuando no lo son; y revisar sus procesos de contabilidad dirigidos a evaluar facturas y desembolsar pagos o reembolsos por concepto de compras de servicios de Educación Especial, así como la conciliación adecuada de facturas y desembolsos; y para establecer otras disposiciones complementarias.”

La Resolución Conjunta del Senado 55 ordena al Departamento de Educación (DE), en colaboración con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), realizar un estudio de análisis de costos para fijar parámetros sobre los gastos razonables de servicios educativos subcontratados. También busca establecer un sistema de monitoreo para fiscalizar a proveedores privados de Educación Especial, diseñar un mecanismo para que tutores obtengan reembolsos sin registrarse como proveedores, y revisar los procesos de contabilidad y desembolso de pagos por estos servicios. Afecta directamente al DE, AAFAF, proveedores privados y, fundamentalmente, a las familias y estudiantes que reciben servicios de Educación Especial.