Para ordenar a la Comisión con jurisdicción del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y el cumplimiento con la Ley 75-2019, de la Orden Ejecutiva 2021-007, la Orden Administrativa 2021-001, La Orden Administrativa 2023-001 y de la Carta Circular 2021-004 en las agencias del Estado Libre Asociado, las cuales requiere entre otras cosas, que toda transacción electrónica o formulario disponible en línea deben estar accesible a través del portal de gobierno ‘pr.gov” y que prohíben publicar en portales externos transacciones que no hayan sido incluidas previamente en el portal de gobierno.
Qué propone
La Resolución del Senado 6 (RS 6) buscaba ordenar a una Comisión del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y el cumplimiento de varias normativas clave de gobierno electrónico y tecnología. Específicamente, se refería a la Ley 75-2019 (Ley de PRITS), la Orden Ejecutiva 2021-007, la Orden Administrativa 2021-001, la Orden Administrativa 2023-001 y la Carta Circular 2021-004. Estas normativas exigen que las transacciones y formularios electrónicos gubernamentales estén accesibles a través del portal pr.gov y prohíben publicar transacciones en portales externos si no han sido previamente incluidas en el portal oficial. La medida no creaba derechos ni obligaciones directas, sino que solicitaba un informe de investigación.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La Resolución del Senado 6 fue el 10 de enero de 2025 y referida a Comisión el 16 de enero de 2025. Posteriormente, el 21 de abril de 2026, la Comisión de Asuntos Internos del Senado emitió un , no recomendando su aprobación, argumentando duplicidad de esfuerzos y recursos.
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Última acción · 21 de abril de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la “Puerto Rico Innovation and Technology Service” conocida como PRITS, incluyendo las funciones, facultades y deberes de dicha agencia y de los Principales Ejecutivos de Innovación e Información del Gobierno de Puerto Rico; la evaluación por parte del PRITS de todos los contratos de servicios profesionales y consultivos y/o relacionados con la agenda de innovación, informática y tecnología del Gobierno de Puerto Rico, desde enero de 2025 hasta el presente, así como el Plan Estratégico de Innovación y Tecnología para el Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 306 ordena a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). La investigación debe cubrir las funciones de PRITS y de los Principales Ejecutivos de Innovación e Información, la evaluación de contratos de servicios profesionales y consultivos en tecnología desde enero de 2025, y el Plan Estratégico de Innovación y Tecnología. La Comisión tiene 90 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
Para ordenar al Senado de Puerto Rico constituirse en Comisión Total a tenor con las disposiciones de su Reglamento, a los fines de investigar las alegaciones sobre la irregularidad en las contrataciones de servicios de tecnología sobre los cuales tiene jurisdicción la Puerto Rico Innovation and Technology Service, incluyendo pero sin limitarse a: la otorgación del contrato 2025-DS6296 y cualquier otro contrato relacionado con la tecnología otorgado por las agencias del Gobierno de Puerto Rico durante este u otro cuatrienio; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución del Senado (RS 307) ordena al propio Senado constituirse en Comisión Total para investigar alegaciones de irregularidad en la contratación de servicios de tecnología por agencias del Gobierno de Puerto Rico, con un enfoque particular en la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y el contrato 2025-DS6296. La investigación busca determinar si hubo presiones indebidas para favorecer a ciertas empresas y si la negativa a autorizar contratos cuestionables resultó en la remoción de funcionarios.
Para ordenar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva, de naturaleza continua, sobre la administración, uso y gasto de los fondos públicos asignados y administrados por las agencias e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico, así como la ejecución y cumplimiento de los planes estratégicos de cada instrumentalidad pública; a fin de evaluar si se están utilizando adecuadamente los recursos económicos provistos a las agencias e instrumentalidades para atender las necesidades de los ciudadanos y poder determinar si es necesario que se tomen medidas legislativas o administrativas que promuevan el funcionamiento eficiente y aseguren el presupuesto adecuado de las agencias e instrumentalidades públicas en beneficio de los ciudadanos.
La Resolución del Senado 111 ordena a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado a realizar una investigación continua y exhaustiva. Esta investigación se centrará en cómo las agencias e instrumentalidades públicas administran, usan y gastan fondos públicos, y en la ejecución de sus planes estratégicos. El objetivo es evaluar la adecuación del uso de recursos para atender necesidades ciudadanas y determinar si se requieren medidas legislativas o administrativas para mejorar la eficiencia y asegurar presupuestos adecuados. Afecta a todas las agencias e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico y, por extensión, a los ciudadanos a quienes sirven.
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre aquellas acciones realizadas por el Gobierno de Puerto conducentes a divulgar información confidencial de residentes de Puerto Rico que pudieran constituir una violación a los derechos garantizados por las leyes y la Constitución de Puerto Rico; y que estén dirigidas a colaborar con los esfuerzos de arrestos y deportaciones de personas con estatus migratorio irregular por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos; y para otros fines relacionados.”
La Resolución del Senado 222 ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva. El objetivo es examinar las acciones del Gobierno de Puerto Rico que hayan resultado en la divulgación de información confidencial de residentes, potencialmente violando derechos constitucionales y legales. La investigación se enfocará específicamente en la colaboración con autoridades migratorias de Estados Unidos para la detención y deportación de personas con estatus migratorio irregular.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la operación de la Oficina del Procurador del Ciudadano, con particular atención al manejo y resolución de querellas; disponibilidad de personal y recursos para el manejo efectivo de casos; la accesibilidad a los servicios que ofrece la agencia; así como el cumplimiento con los demás deberes y funciones delegados en la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada; y para otros fines relacionados.
La R. del S. 621 es una resolución investigativa: no enmienda ni deroga la Ley 134-1977 ni crea derechos nuevos para quienes presentan querellas. Ordena a la Comisión de Gobierno del Senado examinar la operación de la Oficina del Procurador del Ciudadano, en particular el manejo y la resolución de querellas, el personal y los recursos, la accesibilidad de los servicios y el cumplimiento de sus deberes bajo esa ley. La Comisión podrá celebrar vistas, citar funcionarios y testigos y requerir información, documentos y objetos. Deberá rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones legislativas dentro de los 90 días siguientes a la aprobación.
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