Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar el efecto presupuestario de los parámetros de pago de 2027 sobre los vales del Programa de Sección 8 administrado por la AVP; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Es una resolución de investigación: no leyes ni cambia la elegibilidad, los pagos o los derechos de quienes reciben vales de Sección 8. Ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado examinar la sostenibilidad presupuestaria del programa de la AVP y los parámetros de pago previstos para 2027, incluidos los valores de 92, 122 y 110 por ciento mencionados en noviembre de 2026. El análisis abarcaría gastos y proyecciones de 2025 a 2027, efectos en hogares actuales y nuevos participantes, datos regionales y las autorizaciones o comunicaciones pertinentes con HUD. La Comisión debe rendir un informe preliminar dentro de 45 días y uno final dentro de 120 días desde la aprobación, con hechos sustentados y recomendaciones concretas.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La medida fue el 17 de noviembre de 2026. No consta una comisión referida ni una acción posterior de aprobación.
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Última acción · 17 de noviembre de 2026
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“Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar la utilización efectiva de los vales HUD-VASH destinados a veteranos en Puerto Rico; y para otros fines relacionado
La R. del S. 668 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado investigar la asignación, utilización y continuidad de los vales HUD-VASH administrados por la Administración de Vivienda Pública (AVP), en coordinación con entidades federales. La investigación debe incluir datos mensuales de 2025 y 2026 sobre vales asignados, emitidos, arrendados, expirados, reemplazados o no utilizados, además de los tiempos por etapa y los resultados de los 183 vales contemplados en el Plan Anual 2026 de la AVP. La Comisión debe rendir un informe preliminar dentro de 60 días y uno final dentro de 150 días desde la aprobación, con hechos sustentados y recomendaciones concretas. No cambia las reglas de elegibilidad ni concede nuevos vales; protege la información confidencial y aclara que el Senado no puede obligar a las dependencias federales a cooperar.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar el vencimiento y la renovación de los contratos de asistencia de alquiler de proyectos multifamiliares subsidiados en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La R. del S. 679 no crea ni enmienda una ley: ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado investigar contratos de asistencia de alquiler en proyectos multifamiliares subsidiados. La Comisión deberá identificar los 38 contratos mencionados en el Plan Estatal, clasificar su programa, proyecto, municipio, unidades y fechas, y distinguir los contratos renovados, vencidos, prorrogados o pendientes desde 2024, junto con las protecciones para residentes. También examinará avisos, decisiones de renovación, restricciones de asequibilidad y alternativas de preservación, y preparará un calendario de acciones por proyecto. Ordena un informe preliminar en 60 días y uno final en 150 días, ambos contados desde la aprobación; no asigna fondos ni crea derechos nuevos para inquilinos.
“Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar la disponibilidad y utilización de viviendas subsidiadas mediante programas especializados para personas con impedimentos; y para otros fines relacionados.”
La R. del S. 670 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado investigar las viviendas subsidiadas para personas con impedimentos, sin enmendar otra ley ni crear nuevos subsidios o derechos de vivienda. El estudio debe actualizar y clasificar unidades de Sección 811/PRAC y otros programas, identificar ocupación, vacantes, distribución regional y listas de espera, y examinar referidos y barreras, sin divulgar datos personales o clínicos. La Comisión debe rendir un informe preliminar dentro de 60 días y uno final dentro de 150 días de la aprobación; el final incluirá hechos sustentados y recomendaciones administrativas o legislativas. La medida no asigna fondos nuevos y afecta directamente a la Comisión y a las agencias y entidades sujetas a la jurisdicción del Senado a las que solicite información.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar el impacto de las enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) a las disposiciones del Código de Regulaciones Federales que reglamentan los programas de vivienda pública y de vivienda subsidiada; cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planifica mitigarlas; y qué mecanismos puede implementar la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para garantizar el derecho a la vivienda de las personas y comunidades afectadas.
La Resolución del Senado 460 buscaba ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico que investigara el impacto de enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) a las regulaciones de programas de vivienda pública y subsidiada. También pedía investigar cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planificaba mitigar dichos impactos y qué mecanismos podría implementar la Asamblea Legislativa para garantizar el derecho a la vivienda de los afectados.
“Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar el vencimiento y la renovación de los contratos de asistencia de alquiler de proyectos multifamiliares subsidiados en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”
La R. del S. 666 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado investigar contratos de asistencia de alquiler en proyectos multifamiliares subsidiados. La Exposición de Motivos cita 38 contratos asociados con 4,492 unidades, y la resolución pide identificar esos contratos por proyecto, municipio, unidades, programa y fechas de vencimiento, además de distinguir su estado de renovación y las protecciones para residentes. La Comisión debe rendir un informe preliminar dentro de 60 días y uno final dentro de 150 días de aprobada la resolución. No cambia contratos ni crea protecciones de vivienda; las solicitudes a entidades federales se gestionan mediante mecanismos de colaboración, sin autoridad coercitiva del Senado sobre ellas.
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