Para crear la “Ley de Transparencia y Control de Precios en Comisarías Correccionales”, a los fines de establecer una política pública de fiscalización, publicación, comparación y control razonable de precios de los artículos vendidos a la población correccional; crear el Comité de Revisión de Precios de Comisarías Correccionales; disponer criterios para la contratación, operación y supervisión de comisarías en instituciones correccionales; establecer controles sobre márgenes de ganancia, precios excesivos, cargos ocultos, devolución de cobros indebidos, querellas, auditorías e informes; proteger económicamente a las personas confinadas, sus familiares y depositantes; ordenar al Departamento de Corrección y Rehabilitación la adopción de reglamentación; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Transparencia de Precios de Servicios Hospitalarios de Puerto Rico”; establecer como política pública la divulgación obligatoria, accesible y estandarizada de los precios de servicios hospitalarios; otorgar autoridad al Departamento de Salud de Puerto Rico para adoptar reglamentos e imponer sanciones administrativas a los hospitales que incumplan; reconocer el derecho de acción privada a los pacientes afectados; y para otros fines relacionados.

La medida crea la "Ley de Transparencia de Precios de Servicios Hospitalarios de Puerto Rico", estableciendo como política pública la divulgación obligatoria, accesible y estandarizada de los precios de servicios hospitalarios. Otorga al Departamento de Salud (DS) la autoridad para reglamentar y sancionar a hospitales incumplidores, y reconoce un derecho de acción privada para pacientes afectados. La ley busca que los hospitales publiquen información de precios de manera clara para que los pacientes puedan tomar decisiones informadas y comparar costos.

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y añadir los nuevos Artículos 2-A y 6-A a la Ley Núm. 166-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Contratación de Confinados para la Realización de Diversas Tareas como parte del Proceso de Rehabilitación y Reinserción a la Libre Comunidad”, a los fines de crear las Brigadas Correccionales de Respuesta a Emergencias y Recuperación Comunitaria; establecer criterios de elegibilidad, exclusiones, supervisión, compensación, certificación de horas, incentivos de rehabilitación, créditos de servicio comunitario correccional, protocolos de seguridad, informes y métricas de evaluación; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley Núm. 166-2009 para crear las Brigadas Correccionales de Respuesta a Emergencias y Recuperación Comunitaria. Permite que personas confinadas elegibles, bajo supervisión estricta y voluntariamente, participen en labores de apoyo no sensitivo antes, durante y después de emergencias (como limpieza de escombros livianos, mantenimiento de refugios, apoyo logístico). Establece criterios de elegibilidad, exclusiones, protocolos de seguridad, compensación especial, y la acumulación de créditos de servicio comunitario correccional, afectando a la población correccional y a las agencias y municipios que requieran apoyo en emergencias.

Para enmendar el inciso (j) del Artículo 33 del Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, Plan de Reorganización Número 2 de 21 de noviembre de 2011, según enmendado, a los fines de crear un Registro de Acuerdos Colaborativos bajo el Programa de Empresas, Adiestramientos, Trabajo y Cooperativas (PEATC); establecer mecanismos de documentación, evaluación, transparencia y divulgación pública de dichos acuerdos; disponer la rendición de informes anuales comprensivos al Gobernador(a) de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados

Esta medida enmienda el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 para crear un Registro de Acuerdos Colaborativos bajo el Programa de Empresas, Adiestramientos, Trabajo y Cooperativas (PEATC). Establece que este registro contendrá detalles sobre los acuerdos, será publicado electrónicamente para transparencia y fiscalización pública, y requerirá informes anuales detallados al Gobernador y la Asamblea Legislativa. Afecta directamente al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y a las personas bajo su custodia o supervisión que participan en el PEATC, así como al público en general que podrá fiscalizar estos acuerdos.