Para crear la "Ley para la Seguridad en Piscinas de Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo", a los fines de establecer como requisito para la operación de todo alojamiento suplementario a corto plazo que cuente con una piscina, la instalación y mantenimiento de una valla de seguridad; facultar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a adoptar la reglamentación necesaria para la implantación de esta Ley; establecer penalidades por incumplimiento; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La medida crea la "Ley para la Seguridad en Piscinas de Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo". Establece como requisito para operar alojamientos suplementarios a corto plazo que tengan piscina, la instalación y mantenimiento de una valla de seguridad. Faculta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) a reglamentar los detalles técnicos de estas vallas y a imponer multas administrativas de hasta $5,000 por incumplimiento. Afecta directamente a los propietarios u operadores de alojamientos suplementarios a corto plazo que posean piscinas.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la evolución del sector turístico de Puerto Rico, que ha visto una transformación estructural con la proliferación de alquileres a corto plazo a través de plataformas digitales. La Compañía de Turismo, creada en 1970 para reglamentar y fiscalizar la actividad turística, ahora se encarga de regular estos nuevos modelos de hospedaje, que han generado un cruce crítico con la política de vivienda y la seguridad de los residentes y visitantes.
En qué va
La medida, Proyecto del Senado 1381, fue el 6 de julio de 2026 y referida a comisión en el Senado el 17 de agosto de 2026, tras aparecer en Primera Lectura.
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Última acción · 17 de agosto de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para crear la “Ley de Seguridad en las Piscinas Residenciales en Puerto Rico”, a los fines de establecer como norma mínima de seguridad que, en toda propiedad residencial de uso privado o destinada a alquiler a corto plazo en Puerto Rico que cuente con piscina, y donde pernocte o resida uno (1) o más menores de seis (6) años de edad, se requiera la instalación de una valla de seguridad con alarma; ordenar al Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico la elaboración de un protocolo de intervención en los casos en que un menor de seis (6) años fallezca por aparente ahogamiento en una piscina; y para otros fines relacionados.
Esta medida, la "Ley de Seguridad en las Piscinas Residenciales en Puerto Rico", proponía establecer como norma mínima de seguridad la instalación obligatoria de una valla de seguridad con alarma en toda propiedad residencial privada o de alquiler a corto plazo que cuente con piscina y donde pernocte o resida un menor de seis (6) años. También ordenaba al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a crear un protocolo de intervención para casos de ahogamiento de menores de seis (6) años. La medida afectaba directamente a propietarios de viviendas con piscina y a padres o tutores de niños pequeños.
Para enmendar los Artículos 2, 3, 4 y 5, añadir nuevos artículos 6, 7, 8, 9,10, 11,y se renumeran los antiguos artículos 6, 7, 8 como los artículos 11, 12, 13 de la Ley Núm. 293-1999, según enmendada, mejor conocida como “Ley de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico” a los fines de incluir a Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y el Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno de Puerto Rico; así como un miembro del sector privado que pertenezcan al sector turístico y un miembro de una organización sin fines de lucro comprometido con el ambiente; establecer responsabilidades de las agencias gubernamentales, así como a la responsabilidad de las plataformas de alquileres a corto plazo, los hoteles y los paradores de Puerto Rico de enviar una alerta a sus huéspedes, y para otros fines legales.
Esta medida legislativa propone enmendar la Ley Núm. 293-1999, conocida como la 'Ley de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico'. Busca expandir la composición de la Junta para incluir al Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y al Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno, además de un representante del sector turístico privado y uno de una organización ambiental sin fines de lucro. También impone la responsabilidad a plataformas de alquileres a corto plazo, hoteles y paradores de alertar a sus huéspedes sobre condiciones peligrosas en las playas, y establece una multa de $100 por incumplimiento.
Para enmendar el Artículo 31 de la Ley 272-2003, según enmendada, conocida como “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de disponer que el uso de los ingresos adicionales generados por concepto del impuesto sobre el canon por ocupación de habitación será utilizado para establecer un fondo de emergencia que será utilizado para asistir a los municipios donde ubican zonas turísticas que son afectadas por alguna emergencia; para establecer el “Fondo de Emergencias en Zonas Turísticas” y disponer los propósitos para el cual será utilizado; y para otros fines relacionados.
La medida PS 699 enmienda el Artículo 31 de la Ley 272-2003 para destinar los ingresos adicionales generados por el Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación a un nuevo fondo de emergencia. Este fondo, denominado 'Fondo de Emergencias en Zonas Turísticas', será administrado por la Oficina de Turismo y se utilizará para asistir a municipios con zonas turísticas afectadas por emergencias, cubriendo gastos como reparaciones de utilidades, suministro de agua/energía y reparación de carreteras. La transferencia de fondos a los municipios requerirá aprobación de la Asamblea Legislativa mediante Resolución Conjunta y deberá realizarse en un plazo de 30 días tras dicha aprobación.
Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 158-2005, según enmendada, conocida como la “Ley del Destino Turístico Porta del Sol – Puerto Rico”, a los fines de atemperar la composición de la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de Porta del Sol – Puerto Rico a la realidad turística contemporánea, integrando representación de los sectores de Alquileres a Corto Plazo y Agroturismo; y para otros fines relacionados.
El P. del S. 1042 buscaba enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 158-2005, conocida como la Ley del Destino Turístico Porta del Sol – Puerto Rico. La medida proponía añadir dos miembros a la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de Porta del Sol – Puerto Rico, uno representando el sector de Alquileres a Corto Plazo y otro el sector de Agroturismo, ambos con sede en el destino. El propósito era actualizar la composición de la junta para reflejar la realidad turística contemporánea e integrar estas nuevas representaciones.
Para enmendar el acápite (l), del inciso (10), del Artículo 7 de la Ley 430-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a los fines de aumentar la cuantía de la multa dispuesta en dicha Ley, a quienes permanezcan en un cuerpo de agua luego de haber sido requeridos a desalojar el mismo por condiciones meteorológicas adversas; y para otros fines relacionados.
El P. del S. 1181 propone enmendar la Ley 430-2000, conocida como Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico. Específicamente, aumenta las multas por permanecer en cuerpos de agua (costas, playas, lagos) después de que las autoridades competentes ordenen un desalojo debido a condiciones meteorológicas adversas. La multa mínima pasaría de $100 a $1,000 y la máxima de $500 a $5,000. Afecta a cualquier persona que incumpla esta orden de desalojo y a los recursos de emergencia del gobierno.
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