Para establecer la “Ley para la Regulación de Equipos Mecánicos de Diversión en Puerto Rico”, a los fines de garantizar la seguridad pública mediante la reglamentación de la instalación, operación, inspección y mantenimiento de dichos equipos; disponer sobre la expedición de autorizaciones por parte del Negociado de Bomberos de Puerto Rico; establecer penalidades; y para otros fines relacionados.

Contras

• •La definición alcanza equipos en eventos públicos y privados, y exige cumplir normas técnicas «según corresponda», pero no establece en la ley cómo determinar qué normas aplican a cada tipo de equipo o qué versiones deben usarse. La decisión sobre normas equivalentes o sucesivas también queda al Negociado, lo que puede producir requisitos inciertos o distintos entre operadores hasta que se reglamente.
• •Para equipos permanentes exige inspecciones «periódicas», pero no fija una frecuencia mínima. La frecuencia queda para la reglamentación, por lo que el texto no garantiza por sí solo cada cuánto se verificará la seguridad de esos equipos.
• •La medida permite usar fondos estatales o federales, incluso recaudos de multas, para aumentos salariales cada 2 años del personal de la División de Prevención de Incendios. Aunque no los hace automáticos y los sujeta a reglamentación y evaluación de desempeño, vincular posibles aumentos del personal fiscalizador con ingresos por multas crea un riesgo de conflicto de interés o de percepción de incentivo recaudatorio.
• •Toda operación en violación a la ley se clasifica como delito menos grave y conlleva una multa de $5,000 a $10,000 por cada día de infracción, sin distinguir en el articulado entre incumplimientos administrativos y riesgos de seguridad ni fijar criterios para escoger el monto. Esa amplitud puede generar sanciones desproporcionadas o aplicación inconsistente.