PS 1637

Para añadir un nuevo Artículo 6-A y enmendar el Artículo 13 de la Ley 158-2013, según enmendada, conocida como “Ley Habilitadora para la Protección…

Ver título completo

Para añadir un nuevo Artículo 6-A y enmendar el Artículo 13 de la Ley 158-2013, según enmendada, conocida como “Ley Habilitadora para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención” o “Ley de los Centros PITI”, a los fines de establecer las normas sobre consentimiento y autoridad para realizar entrevistas forenses, evaluaciones psicosociales y evaluaciones médicas a menores de edad víctimas o bajo sospecha de abuso sexual en los Centros PITI; disponer los casos en que no se requerirá el consentimiento ni la notificación previa del padre, madre o persona responsable del menor; ordenar a la Junta Reguladora atemperar el Protocolo de Intervención; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Añade un Artículo 6-A a la Ley 158-2013: para entrevistas forenses y evaluaciones psicosociales o médicas en un Centro PITI, basta el consentimiento de un progenitor con patria potestad, tutor, custodio o persona responsable, y el Centro no puede exigir el de ambos progenitores. Si el menor fue referido por Familia, la Policía o Justicia en el ejercicio de sus deberes bajo la Ley 57-2023 o durante una investigación criminal, permite intervenir sin consentimiento, notificación previa ni orden judicial, y dispone que el personal actúe como instrumento de la agencia referente. Ordena a la Junta Reguladora revisar el protocolo y los formularios con las agencias y la Oficina de Administración de los Tribunales en 90 días; mientras tanto, el Artículo 6-A se aplica directamente, y la ley tendría vigencia inmediata. Aunque el título anuncia una al Artículo 13 de la Ley 158-2013, el texto operativo no contiene esa enmienda.

Pros

•En los casos que no cualifiquen para intervenir sin consentimiento, un progenitor con patria potestad, tutor, custodio o persona responsable podrá autorizar la entrevista y las evaluaciones sin esperar la firma del otro progenitor; además, el Centro PITI no podrá exigir ambas firmas. Esto fija una regla expresa para los centros y reduce el riesgo de que una intervención se detenga por exigir un consentimiento que el artículo considera innecesario.
•Cuando Familia, la Policía o Justicia refieran al menor en los supuestos descritos, el Centro podrá realizar la entrevista y las evaluaciones sin obtener primero autorización parental ni una orden judicial. La regla alcanza a los Centros PITI y su personal, que quedan expresamente autorizados a actuar bajo la autoridad de la agencia referente.

Contras

•La excepción permite prescindir del consentimiento, de la notificación previa y de una orden judicial por el solo hecho de que exista un referido de las agencias indicadas en los supuestos descritos; el inciso no exige que el progenitor sea sospechoso, que esté inaccesible ni que notificarlo aumente el riesgo. También incluye evaluaciones médicas, sin delimitar en este artículo su alcance o necesidad, por lo que puede reducir el control de un progenitor no implicado en el alegado abuso.
•El título anuncia que se enmendará el Artículo 13 de la Ley 158-2013, pero ninguna sección del texto dispone esa . Esa discrepancia deja sin efecto práctico el cambio anunciado y puede generar confusión sobre si se omitió una modificación que la Asamblea pretendía aprobar.

Intereses en juego

Beneficia a:: Los menores referidos a un Centro PITI y el personal de esos centros: en los casos cubiertos, podrán realizar la entrevista y las evaluaciones sin esperar consentimiento parental ni orden judicial; en los demás, bastará el consentimiento de una sola persona autorizada.
Preocupa a:: Los progenitores, tutores, custodios o responsables que no sean sospechosos: en los referidos cubiertos no tendrán que ser notificados antes ni podrán condicionar esas intervenciones a su consentimiento. También puede preocupar a quienes necesiten claridad sobre el alcance de la anunciada al Artículo 13, que no aparece en el articulado.
Quién paga o decide:: El texto no asigna fondos nuevos ni identifica una partida para los costos de aplicación. La Junta Reguladora debe revisar el protocolo y los formularios, en coordinación con Familia, Justicia, la Policía y la Oficina de Administración de los Tribunales, dentro de 90 días.

En qué va

El P. del S. 1637 fue el 13 de noviembre de 2026. El texto no identifica la comisión a la que fue referido ni registra una acción legislativa posterior.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 13 de noviembre de 2026

Discusión0 comentarios

Tu postura

0 reacciones

Deja un comentario

Entra con tu correo para opinar, comentar y seguir esta medida. La primera vez se crea tu cuenta, gratis.

Entrar

Aún no hay comentarios. Comparte tu opinión sobre esta medida.