Para añadir un nuevo Artículo 3-A a la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como «Ley Antimonopolística de Puerto Rico», a los fines de precisar como práctica anticompetitiva la facilitación consciente o temeraria de acuerdos para restringir la competencia en alquileres residenciales mediante sistemas algorítmicos y datos comerciales no públicos; establecer definiciones, salvaguardas para usos legítimos, coordinación investigativa, reglamentación y vigencia; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Añade el Artículo 3-A a la Ley Antimonopolística para definir cuándo un sistema algorítmico coordina a dos o más propietarios o administradores que compiten en un mismo mercado residencial, usando información comercial no pública para facilitar un acuerdo de no competir. Declara práctica injusta de competencia que alguien facilite ese acuerdo, o que un propietario o administrador adopte o ajuste alquileres con conocimiento o temerario desprecio de esa función coordinadora; usar software, cobrar precios similares o contratar al mismo proveedor, por sí solos, no bastan. La Oficina de Asuntos Monopolísticos investigaría bajo las facultades y remedios existentes, y el Departamento de Justicia podrá emitir normas o guías dentro de los 180 días siguientes a la aprobación. La disposición aplicaría prospectivamente y entraría en vigor 180 días después de su aprobación; no crea un delito nuevo, no extiende automáticamente las penas criminales existentes y no asigna fondos nuevos.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida se enmarca en el debate sobre los incentivos económicos y sus efectos en la economía local, un tema recurrente en la historia de Puerto Rico. Así como la Sección 936 y las leyes 20/22 (ahora Ley 60) han sido objeto de controversia por sus impactos en el desarrollo económico y la gentrificación, esta propuesta legislativa busca regular prácticas que podrían distorsionar el mercado de alquileres residenciales, afectando directamente a los residentes y la accesibilidad a la vivienda.
En qué va
Fue el 17 de noviembre de 2026. El texto no consigna una comisión de referencia ni una acción legislativa posterior.
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Última acción · 17 de noviembre de 2026
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para establecer la “Ley de Asuntos de la Competencia y Prácticas Comerciales”; establecer la política pública en cuanto todo acto, conducta o contrato relacionado a las prácticas que afecten la competencia comercial en la jurisdicción de Puerto Rico; derogar la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como “Ley Antimonopolística de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.
La medida establece la Ley de Asuntos de la Competencia y Prácticas Comerciales, derogando la Ley Antimonopolística de Puerto Rico de 1964. Crea la Oficina de Asuntos de la Competencia y Prácticas Comerciales adscrita al Departamento de Justicia, con facultades para investigar, regular y sancionar prácticas anticompetitivas. Define nuevos delitos y penalidades, y actualiza el marco legal para armonizarlo con la normativa federal, afectando a todas las personas y entidades que realicen actos que afecten la competencia en Puerto Rico.
Para añadir un nuevo Artículo 5.2 a la Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico”, a los fines de establecer la evaluación periódica de la concentración de unidades de vivienda pública bajo agentes administradores; disponer salvaguardas de competencia, transparencia y adjudicación responsable; establecer criterios para adoptar umbrales de concentración y autorizar excepciones debidamente fundamentadas; y para otros fines relacionados.
Añade el Artículo 5.2 a la Ley Orgánica de la Administración de Vivienda Pública. Antes de adjudicar, renovar discrecionalmente o prorrogar contratos principales de administración integral, la Administración tendría que documentar las unidades y la participación del proponente y de operadores bajo control común, además de su capacidad y desempeño; dentro de 180 días, la Junta debe reglamentar criterios de escrutinio reforzado y puede fijar límites, que revisaría al menos cada cuatro años. La Junta podría exceder un límite solo mediante resolución fundamentada por circunstancias específicas; una asignación transitoria sería inicialmente de hasta 12 meses, aunque puede extenderse con otra resolución. La medida también exige divulgar cambios materiales en el control dentro de 30 días, publicar datos agregados anualmente y aplicar la evaluación a procesos iniciados tras su aprobación, sin alterar automáticamente contratos existentes ni asignar fondos nuevos.
Para establecer la “Ley de Competencia Desleal de Puerto Rico”, a los fines de prohibir los actos de competencia desleal según dispuestos en la presente ley; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como “Ley Antimonopolística de Puerto Rico”, a los fines de disponer los mecanismos disponibles para que las personas en riesgo de ser afectadas puedan presentar sus reclamos; y para otros fines relacionados
Habría creado una ley que prohíbe actos de competencia desleal, entre ellos el engaño, las omisiones engañosas, las prácticas agresivas, la confusión, la explotación de secretos y la venta bajo costo en ciertas circunstancias. Personas participantes del mercado directamente perjudicadas o amenazadas podrían reclamar aunque no compitan con quien realizó la conducta; podrían pedir cesación, corrección y daños si hubo negligencia, dolo o culpa, entre otros remedios. Fijaría cuatro años de prescripción desde el último acto de violación y permitiría elegir entre una querella ante la OAM o una reclamación judicial por actos prohibidos bajo el Artículo 3(a) de la Ley 77; las querellas de la OAM serían adjudicadas por DACO, función que ya dispone el Artículo 3(c) vigente. No deroga artículos de la Ley 77.
Para añadir un nuevo Artículo 1346-A a la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como el «Código Civil de Puerto Rico de 2020», a los fines de proteger el uso razonable de equipos portátiles de enfriamiento por personas arrendatarias de inmuebles destinados a vivienda; establecer excepciones fundamentadas en seguridad, capacidad eléctrica e integridad del inmueble; disponer normas sobre comunicación, remedios, aplicación y vigencia; y para otros fines relacionados.
Añade el Artículo 1346-A al Código Civil para impedir que en arrendamientos de vivienda se prohíba absolutamente el uso, por cuenta del inquilino, de acondicionadores portátiles de piso, unidades de ventana y otros equipos removibles que puedan instalarse y operarse con seguridad, sin obras permanentes. El arrendador podrá imponer condiciones razonables por escrito por motivos como incumplimiento de códigos, capacidad eléctrica insuficiente, obstrucción de salidas, riesgo de caída, filtraciones o daños significativos; el artículo también permite inspeccionar conforme a las reglas de acceso y notificación del Código. Salvo pacto escrito distinto, el inquilino paga el equipo, la electricidad y su mantenimiento ordinario, y responde por daños causados por instalación negligente o uso indebido; el arrendador no tiene que costear inversiones o modificaciones estructurales. La regla aplica a instalaciones posteriores a su vigencia, incluso bajo contratos anteriores, y la ley entraría en vigor 90 días después de aprobarse.
Para enmendar los artículos 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12,13, 13A, 13B, 15, 16, 18 y 19 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como “Ley Antimonopolística de Puerto Rico”, a los fines de atemperar sus multas y penas con la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; aumentar la gravedad de ciertos delitos; actualizar ciertos términos; y para otros fines relacionados.
Esta medida legislativa, el P. de la C. 1231, enmienda la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, conocida como 'Ley Antimonopolística de Puerto Rico'. Su objetivo principal es actualizar las multas y penas para que se alineen con el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012), reclasificando algunos delitos de 'menos grave' a 'grave' y ajustando las cuantías de las multas. También actualiza referencias a leyes y administraciones derogadas o inexistentes, y modifica términos para reflejar la realidad actual. Afecta principalmente a personas naturales y jurídicas que incurran en prácticas anticompetitivas o monopolísticas bajo la Ley 77-1964, así como a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia en su rol de fiscalización.
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