PC 664

Para establecer la “Ley de Competencia Desleal de Puerto Rico”, a los fines de prohibir los actos de competencia desleal según dispuestos en la presente ley…

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Para establecer la “Ley de Competencia Desleal de Puerto Rico”, a los fines de prohibir los actos de competencia desleal según dispuestos en la presente ley; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como “Ley Antimonopolística de Puerto Rico”, a los fines de disponer los mecanismos disponibles para que las personas en riesgo de ser afectadas puedan presentar sus reclamos; y para otros fines relacionados

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Establece la Ley para Prohibir la Competencia Desleal en Puerto Rico y define como desleales, entre otras conductas, el engaño, las omisiones engañosas, las prácticas agresivas, la degradación comercial y ciertos actos de venta bajo costo. Permite que quienes participen en el mercado y tengan intereses económicos directamente perjudicados o amenazados reclamen aunque no compitan con la persona demandada; pueden pedir, entre otros remedios, el cese, la rectificación y daños si hubo negligencia, dolo o culpa. Fija un término de prescripción de cuatro años desde el último acto de violación. Añade los incisos (k) y (l) al Artículo 3 de la Ley Antimonopolística: para actos prohibidos por ese artículo, la persona perjudicada puede elegir entre una querella ante la OAM o una reclamación judicial, y DACO adjudica las querellas presentadas ante la OAM. No disposiciones existentes.

Pros

•La nueva ley permite a consumidores, usuarios y negocios directamente afectados o amenazados reclamar por los actos que define, aunque no sean competidores del demandado. Esto abre acciones privadas para esas conductas, que la Ley Antimonopolística excluía de sus remedios privados; incluye pedir que cese una conducta o que se prohíba antes de que comience.
•Para los actos del Artículo 3(a) de la Ley Antimonopolística, la persona perjudicada puede escoger presentar una reclamación judicial en vez de depender únicamente de la vía administrativa ante la OAM y DACO. La ley reservaba esa vía administrativa para esos actos y excluía las acciones privadas.

Contras

•El término de cuatro años corre desde el último acto de violación, sin que el texto lo condicione a que la persona afectada conozca el daño o identifique al responsable. Por eso, una conducta difícil de detectar podría dejar al reclamante sin acción cuando descubra quién la realizó.
•El Centro Unido de Detallistas recomendó exigir intención para los actos de engaño y las omisiones, pero el texto final no la exige: basta con que la información pueda inducir a error o que se omita información necesaria. Esto expone a negocios a reclamos por conductas no intencionales; para reclamar daños sí hay que probar negligencia, dolo o culpa.
•DACO advirtió que había que aclarar las funciones y jurisdicciones de DACO, Justicia y otras entidades. El texto asigna a DACO la adjudicación de querellas del Artículo 3(a), pero también crea acciones judiciales bajo la nueva ley y no establece cómo coordinar casos cuando una conducta pueda caer bajo ambos regímenes.

Intereses en juego

Beneficia a:: Consumidores, usuarios y negocios con intereses económicos directamente perjudicados o amenazados, incluso si no compiten con el demandado, reciben nuevas acciones bajo la ley; las personas perjudicadas por actos del Artículo 3(a) también obtienen una opción judicial.
Preocupa a:: Los negocios sujetos a reclamos por engaños u omisiones no intencionales y quienes puedan descubrir tarde una violación enfrentan riesgos bajo el estándar y el término de prescripción. DACO, Justicia y los tribunales podrían tener que atender conductas que se solapen entre ambos regímenes.
Quién paga o decide:: La medida no asigna fondos ni identifica una fuente nueva para cubrir su aplicación; las querellas y los casos se atenderían por OAM, DACO y los tribunales. La ley asigna a DACO la adjudicación de las querellas del Artículo 3(a), mientras que los tribunales resolverían las reclamaciones judiciales.

Qué cambió en comisiónsegún el entirillado del informe

La comisión extendió la prescripción de tres a cuatro años y cambió el inicio del término: de cuando cesara la conducta y se conociera quién la realizó, al último acto de violación.

En qué va

El Senado aprobó la medida con el 8 de octubre de 2026 y la Cámara concurrió el 19 de octubre; quedó enrolada y el presidente de la Cámara la firmó el 20 de octubre. Está pendiente su remisión a la gobernadora.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 20 de octubre de 2026

Firmado por el Presidente de la Cámara

Termómetro ciudadano

Ciudadanía (reacciones en LegislaPR)Aún nadie ha reaccionado

Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 66 (81%)En contra: 2 (2%)Abstenido: 5 (6%)Ausente: 8 (10%)

La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.

Votación

Cámara · Aprobada

8 de junio de 2026

46 A favor7 Ausente

Ver cómo votó cada quien

A favor (46)

Ausente (7)

Senado · Aprobada

8 de octubre de 2026

20 A favor2 En contra5 Abstenido1 Ausente

Ver cómo votó cada quien

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•La nueva ley permite a consumidores, usuarios y negocios directamente afectados o amenazados reclamar por los actos que define, aunque no sean competidores del demandado. Esto abre acciones privadas para esas conductas, que la Ley Antimonopolística excluía de sus remedios privados; incluye pedir que cese una conducta o que se prohíba antes de que comience.
•Para los actos del Artículo 3(a) de la Ley Antimonopolística, la persona perjudicada puede escoger presentar una reclamación judicial en vez de depender únicamente de la vía administrativa ante la OAM y DACO. La ley reservaba esa vía administrativa para esos actos y excluía las acciones privadas.

Contras

•El término de cuatro años corre desde el último acto de violación, sin que el texto lo condicione a que la persona afectada conozca el daño o identifique al responsable. Por eso, una conducta difícil de detectar podría dejar al reclamante sin acción cuando descubra quién la realizó.
•El Centro Unido de Detallistas recomendó exigir intención para los actos de engaño y las omisiones, pero el texto final no la exige: basta con que la información pueda inducir a error o que se omita información necesaria. Esto expone a negocios a reclamos por conductas no intencionales; para reclamar daños sí hay que probar negligencia, dolo o culpa.
•DACO advirtió que había que aclarar las funciones y jurisdicciones de DACO, Justicia y otras entidades. El texto asigna a DACO la adjudicación de querellas del Artículo 3(a), pero también crea acciones judiciales bajo la nueva ley y no establece cómo coordinar casos cuando una conducta pueda caer bajo ambos regímenes.

Intereses en juego

Beneficia a:: Consumidores, usuarios y negocios con intereses económicos directamente perjudicados o amenazados, incluso si no compiten con el demandado, reciben nuevas acciones bajo la ley; las personas perjudicadas por actos del Artículo 3(a) también obtienen una opción judicial.
Preocupa a:: Los negocios sujetos a reclamos por engaños u omisiones no intencionales y quienes puedan descubrir tarde una violación enfrentan riesgos bajo el estándar y el término de prescripción. DACO, Justicia y los tribunales podrían tener que atender conductas que se solapen entre ambos regímenes.
Quién paga o decide:: La medida no asigna fondos ni identifica una fuente nueva para cubrir su aplicación; las querellas y los casos se atenderían por OAM, DACO y los tribunales. La ley asigna a DACO la adjudicación de las querellas del Artículo 3(a), mientras que los tribunales resolverían las reclamaciones judiciales.

Qué cambió en comisiónsegún el entirillado del informe

La comisión extendió la prescripción de tres a cuatro años y cambió el inicio del término: de cuando cesara la conducta y se conociera quién la realizó, al último acto de violación.

En qué va

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Trámite legislativo

Última acción · 20 de octubre de 2026

Firmado por el Presidente de la Cámara

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A favor: 66 (81%)En contra: 2 (2%)Abstenido: 5 (6%)Ausente: 8 (10%)

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Votación

Cámara · Aprobada

8 de junio de 2026

46 A favor7 Ausente

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A favor (46)

Ausente (7)

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8 de octubre de 2026

20 A favor2 En contra5 Abstenido1 Ausente

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