Para enmendar el Artículo 16 de la Ley 83-2025, denominada “Ley de la Policía de Puerto Rico”, con el fin de prohibirle a la Policía de Puerto Rico el proveer servicios de escolta, seguridad y protección a cualquier exfuncionario, incluyendo exgobernadores, salvo en las circunstancias excepcionales delimitadas en esta Ley; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Para enmendar el Artículo 16 de la Ley Núm. 83-2025, según enmendada, denominada "Ley de la Policía de Puerto Rico", a los fines de establecer la naturaleza y extensión de los servicios de seguridad y protección a determinados funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Puerto Rico; derogar el Artículo 9.42 de la Ley 58- 2020, según enmendada, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”; y para disponer sobre su vigencia y aplicación.

Esta medida enmienda el Artículo 16 de la Ley de la Policía de Puerto Rico (Ley 83-2025) para redefinir quién recibe servicios de escolta, seguridad y protección. Establece que para la mayoría de funcionarios y exfuncionarios, la provisión de estos servicios será discrecional del Superintendente de la Policía, sujeta a criterios estrictos de necesidad real, riesgo, disponibilidad de recursos y evaluación individualizada. Elimina el derecho automático a escoltas para exgobernadores tras 12 meses de dejar el cargo, permitiendo extensiones temporales y revisables solo bajo circunstancias excepcionales. También deroga el Artículo 9.42 del Código Electoral de Puerto Rico (Ley 58-2020).

Para enmendar el Artículo 16 de la Ley Núm. 83-2025, según enmendada, denominada "Ley de la Policía de Puerto Rico", a los fines de establecer la naturaleza y extensión de los servicios de seguridad y protección a los exgobernadores de Puerto Rico, así como a los candidatos a Gobernador y Comisionado Residente; derogar el Artículo 9.42 de la Ley 58-2020, según enmendada, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”; y para disponer sobre su vigencia y aplicación.

Esta medida enmienda el Artículo 16 de la Ley Núm. 83-2025 (Ley de la Policía de Puerto Rico) para establecer que los exgobernadores convictos por delitos graves o menos graves, y los candidatos a Gobernador o Comisionado Residente durante su campaña, no podrán solicitar ni recibir servicios de seguridad y protección de agencias gubernamentales. También deroga el Artículo 9.42 de la Ley 58-2020 (Código Electoral de Puerto Rico de 2020). Afecta directamente a exgobernadores y candidatos a puestos electivos, así como a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Seguridad Pública.

Para enmendar el Articulo 16 de la Ley Núm. 83-2025, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico", a los efectos de suspender de forma inmediata e irreversible el derecho de servicios de escolta, seguridad y protección policial a los ex gobernadores encontrados culpables de delitos relacionados con malversación de fondos públicos, actos de corrupción y otros delitos conexos, incluyendo, pero sin limitarse a felonía, delitos menos grave y grave y para otros fines relacionados.

Esta medida legislativa enmienda el Artículo 16 de la Ley Núm. 83-2025, conocida como 'Ley de la Policía de Puerto Rico'. Su propósito es suspender de manera inmediata e irreversible el derecho a servicios de escolta, seguridad y protección policial para exgobernadores que sean encontrados culpables de delitos graves relacionados con malversación de fondos públicos, actos de corrupción o delitos conexos, incluyendo delitos federales equivalentes. Afecta directamente a los exgobernadores y a la Policía de Puerto Rico en la provisión de dichos servicios.

Para enmendar el Artículo 16 de la Ley 83-2025, denominada “Ley de la Policía de Puerto Rico”, con el fin de prohibirle a la Policía de Puerto Rico el proveer servicios de escolta, seguridad y protección a cualquier exfuncionario, incluyendo exgobernadores, salvo en las circunstancias excepcionales delimitadas en esta Ley; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Esta medida enmienda el Artículo 16 de la Ley 83-2025, 'Ley de la Policía de Puerto Rico', para prohibirle a la Policía proveer servicios de escolta, seguridad y protección a cualquier exfuncionario, incluyendo exgobernadores. Se establecen excepciones para circunstancias excepcionales donde la vida o seguridad del exfuncionario o su familia esté en peligro, o haya prueba razonable de dicho peligro. La medida también exige un informe anual a la Asamblea Legislativa sobre los gastos incurridos y los fundamentos para la concesión de estos servicios. Afecta directamente a la Policía de Puerto Rico y a los exfuncionarios que actualmente o en el futuro podrían recibir estos servicios.

Para enmendar el Artículo 16 de la Ley Núm. 83- 2025, según enmendada, denominada "Ley de la Policía de Puerto Rico", a los fines de establecer la naturaleza y extensión de los servicios de seguridad y protección a determinados funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Puerto Rico; y para disponer sobre su vigencia y aplicación.

La medida PS 752 buscaba enmendar el Artículo 16 de la Ley de la Policía de Puerto Rico (Ley 83-2025) para revocar el derecho a protección por escolta a exgobernadores y gobernadores convictos por delito grave. La medida fue aprobada por ambas cámaras legislativas, pero finalmente vetada por la Gobernadora.