Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con el desarrollo del funcionamiento y la supervisión de servicios de bienestar social a individuos, familias y comunidades, específicamente de poblaciones especiales tales como los adultos mayores y comunidades marginadas, con el propósito de implantar la política pública que garantice los servicios que requieren estas poblaciones; los beneficios de asistencia económica, rehabilitación física, económica y emocional; la asistencia nutricional y provisión de alimentos; las facilidades de amas de llaves; los centros de cuidado; las instituciones para la atención y rehabilitación de niños con problemas sociales; para combatir el maltrato infantil así como los sistemas de seguridad social; y los servicios enfocados a una mejor calidad de vida.

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre todo asunto relacionado a las leyes que promueven el desarrollo integral de la población adulta mayor, particularmente la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores” y la legislación especial citada en la misma que beneficia a esta población; la eficacia de las agencias gubernamentales responsables por la implementación de estas leyes; a fines de determinar si resulta necesario el desarrollo de política pública para promover el desarrollo integral de este creciente e importante sector poblacional; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 372 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre las leyes que protegen y promueven el desarrollo integral de la población adulta mayor, con énfasis en la Ley 121-2019. La investigación evaluará la eficacia de las agencias gubernamentales en la implementación de estas leyes y determinará si es necesario desarrollar nueva política pública para este sector poblacional creciente.

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social a realizar una investigación exhaustiva sobre las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, relacionada al cabal cumplimiento con la política pública de facilitar y promover el acceso a la justicia de los adultos mayores, conforme a lo establecido en la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 321 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva. El propósito es evaluar el cumplimiento de las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico con la política pública de garantizar y promover el acceso a la justicia para las personas adultas mayores, según lo establecido en la Ley 121-2019. Esta medida no crea nuevas leyes ni enmienda artículos existentes, sino que instruye a una comisión legislativa a realizar un estudio.

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre el nivel de cumplimiento por parte de las diferentes agencias del gobierno, con el mandato impuesto en la Ley 163-2024, conocida como: “Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Espectro Autista”; y para otros fines relacionados.

Esta resolución ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre el nivel de cumplimiento de las agencias gubernamentales con la Ley 163-2024, la cual busca proteger, integrar y promover el bienestar de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). El objetivo es evaluar el estatus actual de la implementación de dicha ley por parte de las distintas agencias del gobierno.