Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre el nivel de cumplimiento por parte de las diferentes agencias del gobierno, con el mandato impuesto en la Ley 163-2024, conocida como: “Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Espectro Autista”; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la disponibilidad, accesibilidad, efectividad y suficiencia de los programas, servicios y ayudas dirigidos a adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Puerto Rico; evaluar los procesos de transición desde la niñez a la adultez; examinar la coordinación interagencial y la inversión pública destinada a esta población; identificar deficiencias en áreas de salud, educación postsecundaria, empleo, vivienda, transportación y apoyo comunitario; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la situación de los adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La investigación abarcará la disponibilidad, accesibilidad, efectividad y suficiencia de programas y ayudas, la transición de la niñez a la adultez, la coordinación entre agencias gubernamentales y la inversión pública. Afecta directamente a la población adulta con TEA, sus familias y cuidadores, así como a las agencias públicas implicadas en la prestación de servicios.

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con el desarrollo del funcionamiento y la supervisión de servicios de bienestar social a individuos, familias y comunidades, específicamente de poblaciones especiales tales como los adultos mayores y comunidades marginadas, con el propósito de implantar la política pública que garantice los servicios que requieren estas poblaciones; los beneficios de asistencia económica, rehabilitación física, económica y emocional; la asistencia nutricional y provisión de alimentos; las facilidades de amas de llaves; los centros de cuidado; las instituciones para la atención y rehabilitación de niños con problemas sociales; para combatir el maltrato infantil así como los sistemas de seguridad social; y los servicios enfocados a una mejor calidad de vida.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento y la supervisión de los servicios de bienestar social dirigidos a individuos, familias y comunidades, con un enfoque particular en adultos mayores, comunidades marginadas, y niños en situaciones de vulnerabilidad. El propósito es identificar áreas para mejorar la política pública y garantizar servicios como asistencia económica, rehabilitación, nutrición, cuidado y combate al maltrato infantil, con el fin de mejorar la calidad de vida de estas poblaciones. La Comisión podrá citar personas y entidades, solicitar documentos e información, y deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa.

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y el cumplimiento con la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, y sus implicaciones en la actuación de las agencias gubernamentales responsables de garantizar los derechos y servicios esenciales a esta población; y para otros fines relacionados.

Esta resolución ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y el cumplimiento de la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores. La investigación deberá identificar cómo las agencias gubernamentales están garantizando los derechos y servicios esenciales para esta población, y la Comisión deberá presentar un informe con hallazgos y recomendaciones en un plazo de 180 días. Afecta directamente a las agencias responsables de la Ley 121-2019 y, de forma indirecta, a la población de adultos mayores de Puerto Rico.