Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el alarmante aumento en las muertes de la población del sistema correccional de Puerto Rico; con énfasis en los hallazgos encontrados y recomendaciones contenidas en el “Informe sobre las Muertes de Personas Privadas de Libertad bajo la Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación” emitido por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.
Qué propone
La Resolución de la Cámara 272 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el aumento de muertes en el sistema correccional de Puerto Rico. La investigación debe enfocarse en los hallazgos y recomendaciones del informe de la Comisión de Derechos Civiles sobre el tema. Se establece un plazo de 180 días para que la Comisión rinda su informe con conclusiones y recomendaciones.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida se inscribe en el debate sobre el sistema correccional de Puerto Rico, que ha experimentado una contracción de su población de confinados y el cierre de instituciones penales. Este contexto de consolidación ha generado controversia sobre las condiciones de habitabilidad, los servicios de salud y el nivel de hacinamiento, así como sobre la cifra de muertes bajo custodia estatal, que la medida busca investigar.
En qué va
La Resolución de la Cámara 272 fue el 23 de abril de 2025 y referida a comisión. Un primer informe con fue rendido el 12 de enero de 2026, y posteriormente remitido a la Comisión de Calendarios y Reglas Especiales de Debate. La firman representantes de un solo partido (PIP).
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Última acción · 12 de enero de 2026
Remitido a Comisión de Calendarios y Reglas Especiales de Debate de la Cámara
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la preocupante crisis de salud mental que afecta a las personas privadas de su libertad en las instalaciones del sistema correccional bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación; con énfasis en la estadísticas de incidencia de condiciones de salud mental, las medidas de consejería tomadas para atender a esta población y el uso de farmacoterapia como tratamiento.
La Resolución de la Cámara 582 ordena a las Comisiones de Seguridad Pública y Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la crisis de salud mental en la población correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Se enfoca en estadísticas de incidencia, medidas de consejería y uso de farmacoterapia. La investigación debe concluir y presentarse en un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días. Afecta directamente a las personas privadas de libertad, al DCR y a las comisiones legislativas encargadas de la investigación.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; y a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema correccional de Puerto Rico, incluyendo la composición y clasificación de la población correccional, la condición de la infraestructura de las instituciones penales, la administración y ejecución de recursos, la prestación de servicios esenciales, la efectividad de los programas de rehabilitación y cualquier otro asunto que incida en la administración y funcionamiento del sistema correccional en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 95 ordena a las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema correccional de Puerto Rico. La investigación debe cubrir la composición y clasificación de la población correccional, la infraestructura, la administración de recursos, la prestación de servicios esenciales, la efectividad de programas de rehabilitación y otros asuntos relacionados con su funcionamiento. Las comisiones tienen 180 días para presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones al Senado.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias de la existencia de un esquema de canjeo de votos por sustancias controladas y otros favores ilícitos al interior de las cárceles de Puerto Rico para el beneficio electoral de la presente administración.
Esta Resolución de la Cámara (RC 694) ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva sobre denuncias de un esquema de canjeo de votos por sustancias controladas y otros favores ilícitos dentro de las cárceles, supuestamente para beneficio electoral de la presente administración. La Comisión deberá presentar un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 180 días tras la aprobación de la Resolución. Afecta directamente a la Comisión de Seguridad Pública, que debe ejecutar la investigación, y de forma indirecta a la ciudadanía, al buscar esclarecer graves acusaciones de corrupción electoral y criminalidad carcelaria.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la seguridad y el orden público; el fortalecimiento de los esfuerzos gubernamentales de ley y orden contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas; el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Forenses y los componentes de esas entidades; lo concerniente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, los cuerpos de seguridad federales, tales como el U.S. Department of Homeland Security, el Federal Bureau of Investigations y el National Security Administration, y estatales como los distintos cuerpos policiales de los distintos estados, entre otros; sobre todo asunto dirigido a controlar y disminuir la delincuencia y controlar y prevenir el crimen; las asignaciones de fondos y recursos para programas de seguridad pública y otros que puedan tener impacto directo en la prevención de la criminalidad; sobre la formulación de política pública que garantice la máxima seguridad física para los residentes urbanos y rurales; los planes, programación, obra pública, organización y prestación de los servicios ordenados por ley a la Guardia Nacional de Puerto Rico, al Negociado de la Policía de Puerto Rico, al Negociado del Cuerpo de Bomberos, al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico, y a aquellas otras agencias gubernamentales que promuevan la seguridad civil en casos de emergencia.
La Resolución de la Cámara 37 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y el orden público en Puerto Rico. Esto incluye el fortalecimiento de esfuerzos contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas, la evaluación de agencias clave como Justicia, Seguridad Pública, Corrección e Instituto de Ciencias Forenses, así como la coordinación con entidades federales y estatales. También abarca la revisión de asignaciones de fondos, políticas públicas para la seguridad física de residentes y la prestación de servicios de agencias como la Guardia Nacional y la Policía.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de las querellas administrativas presentadas contra empleados de la Policía de Puerto Rico relacionadas con el manejo inadecuado de casos de violencia de género; evaluar la efectividad de los protocolos, procedimientos disciplinarios y mecanismos de supervisión existentes; identificar potenciales deficiencias institucionales; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 667 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre cómo se manejan las querellas administrativas contra policías por mal manejo de casos de violencia de género. Busca evaluar la efectividad de los protocolos, procedimientos y supervisión, e identificar deficiencias institucionales. Afecta directamente a la Policía de Puerto Rico y a las víctimas de violencia de género, al buscar mejorar la respuesta institucional.
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