Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el alarmante aumento en las muertes de la población del sistema correccional de Puerto Rico; con énfasis en los hallazgos encontrados y recomendaciones contenidas en el “Informe sobre las Muertes de Personas Privadas de Libertad bajo la Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación” emitido por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la manera en que el Instituto de Ciencias Forenses maneja los cadáveres no reclamados, enfatizando en el trato, la custodia y la disposición de estos, así como el manejo de sus pertenencias y objetos personales.

La Resolución de la Cámara 271 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de cadáveres no reclamados en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF). La investigación debe enfocarse en el trato, custodia, disposición de estos cuerpos, y el manejo de sus pertenencias personales. Afecta directamente a la Comisión de Seguridad Pública, asignándole la tarea de investigar, y al Instituto de Ciencias Forenses, que será objeto de escrutinio.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la preocupante crisis de salud mental que afecta a las personas privadas de su libertad en las instalaciones del sistema correccional bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación; con énfasis en la estadísticas de incidencia de condiciones de salud mental, las medidas de consejería tomadas para atender a esta población y el uso de farmacoterapia como tratamiento.

La Resolución de la Cámara 582 ordena a las Comisiones de Seguridad Pública y Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la crisis de salud mental en la población correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Se enfoca en estadísticas de incidencia, medidas de consejería y uso de farmacoterapia. La investigación debe concluir y presentarse en un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días. Afecta directamente a las personas privadas de libertad, al DCR y a las comisiones legislativas encargadas de la investigación.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación con la transmisión de videoconferencias de los imputados que se encuentran sumariados; además, del acceso de los abogados a las instituciones carcelarias y los mecanismos utilizados para que estos se reúnan con sus clientes; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 156 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación se centrará en dos puntos clave: 1) el cumplimiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación con la transmisión de videoconferencias para imputados sumariados, y 2) el acceso de los abogados a las instituciones carcelarias y los mecanismos para reunirse con sus clientes. La medida busca evaluar si se están cumpliendo los protocolos y garantías constitucionales en estos ámbitos.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano; y a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema correccional de Puerto Rico, incluyendo la composición y clasificación de la población correccional, la condición de la infraestructura de las instituciones penales, la administración y ejecución de recursos, la prestación de servicios esenciales, la efectividad de los programas de rehabilitación y cualquier otro asunto que incida en la administración y funcionamiento del sistema correccional en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 95 ordena a las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema correccional de Puerto Rico. La investigación debe cubrir la composición y clasificación de la población correccional, la infraestructura, la administración de recursos, la prestación de servicios esenciales, la efectividad de programas de rehabilitación y otros asuntos relacionados con su funcionamiento. Las comisiones tienen 180 días para presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones al Senado.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la seguridad y el orden público; el fortalecimiento de los esfuerzos gubernamentales de ley y orden contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas; el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Forenses y los componentes de esas entidades; lo concerniente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, los cuerpos de seguridad federales, tales como el U.S. Department of Homeland Security, el Federal Bureau of Investigations y el National Security Administration, y estatales como los distintos cuerpos policiales de los distintos estados, entre otros; sobre todo asunto dirigido a controlar y disminuir la delincuencia y controlar y prevenir el crimen; las asignaciones de fondos y recursos para programas de seguridad pública y otros que puedan tener impacto directo en la prevención de la criminalidad; sobre la formulación de política pública que garantice la máxima seguridad física para los residentes urbanos y rurales; los planes, programación, obra pública, organización y prestación de los servicios ordenados por ley a la Guardia Nacional de Puerto Rico, al Negociado de la Policía de Puerto Rico, al Negociado del Cuerpo de Bomberos, al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico, y a aquellas otras agencias gubernamentales que promuevan la seguridad civil en casos de emergencia.

La Resolución de la Cámara 37 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y el orden público en Puerto Rico. Esto incluye el fortalecimiento de esfuerzos contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas, la evaluación de agencias clave como Justicia, Seguridad Pública, Corrección e Instituto de Ciencias Forenses, así como la coordinación con entidades federales y estatales. También abarca la revisión de asignaciones de fondos, políticas públicas para la seguridad física de residentes y la prestación de servicios de agencias como la Guardia Nacional y la Policía.