Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico realizar una investigación en torno a la eficacia de los programas de mediación como método alterno de resolución de conflictos, que identifique los retos que presenta el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos para fomentar la mediación como alternativa para disponer de los casos; que indague sobre los adiestramientos o cursos, si alguno, que ofrece la Oficina de Administración de Tribunales a los jueces sobre la mediación; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico realizar una investigación en torno a la eficacia de los programas de mediación como método alterno de resolución de conflictos, que identifique los retos que presenta el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos para fomentar la mediación como alternativa para disponer de los casos; que indague sobre los adiestramientos o cursos, si alguno, que ofrece la Oficina de Administración de Tribunales a los jueces sobre la mediación; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 288 ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre la eficacia de los programas de mediación como método alterno de resolución de conflictos. Busca identificar los retos del Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos y los adiestramientos que ofrece la Oficina de Administración de Tribunales a los jueces en materia de mediación. Afecta directamente a estas entidades al solicitarles información y análisis, y a la ciudadanía al buscar mejorar un sistema de justicia potencialmente sobrecargado.

Para ordenar a las comisiones de lo Jurídico, y de Educación, de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico realizar una investigación en torno a la eficacia de los programas de mediación como método alterno de resolución de conflictos en el Departamento de Educación, identificar los retos que enfrentan los centros de mediación escolar para fomentar la mediación como alternativa para disponer de los conflictos surgidos en las comunidades escolares, y conocer los detalles presupuestarios y administrativos involucrados en el Departamento de Educación en torno al recurso de la mediación como método alterno de resolución de disputas; y para otros fines relacionados

La Resolución de la Cámara 287 ordena a las Comisiones de Asuntos Jurídicos y de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre la eficacia de los programas de mediación escolar en el Departamento de Educación. Busca identificar retos en los centros de mediación escolar, así como los detalles presupuestarios y administrativos relacionados con estos programas. El objetivo es evaluar el funcionamiento actual de la mediación como método alterno de resolución de conflictos en el ámbito educativo público.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implantación en la Administración de los Tribunales del Programa para Acceso a la Justicia de Personas con Condiciones de Salud Mental; el cumplimiento con el horario de los “jueces de turno” para la atención de casos de salud mental; los acuerdos con el Negociado de la Policía para la radicación de estos casos fuera del horario regular de trabajo y el cumplimiento con dichos acuerdos; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 15 ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación del Programa para Acceso a la Justicia de Personas con Condiciones de Salud Mental en la Administración de los Tribunales. Se enfocará en el cumplimiento de horarios de jueces de turno para casos de salud mental y los acuerdos con la Policía para radicaciones fuera de horario regular, afectando a ciudadanos, oficiales del orden público y trabajadores sociales que interactúan con estos procesos.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones de la Ley 46-2019, conocida como “Ley sobre Notificación de Planes Escolares de Operaciones de Emergencias de Puerto Rico”, y sobre las medidas adoptadas por las escuelas, colegios, centro de estudios supervisados o centro de cuido extendido para garantizar la seguridad y preparación ante situaciones de emergencia; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución de la Cámara (RC 432) ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Ley 46-2019 (Ley sobre Notificación de Planes Escolares de Operaciones de Emergencias) y las medidas de seguridad y preparación ante emergencias adoptadas por escuelas, colegios y centros de cuidado. El objetivo es evaluar si estas instituciones están cumpliendo con la ley vigente y garantizando la seguridad de los menores. La investigación deberá concluir en 180 días.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Juventud realizar una investigación exhaustiva sobre el tiempo promedio de adjudicación de casos de menores en las distintas regiones judiciales del país, a fin de evaluar la necesidad de enmiendas procesales o de establecer un sistema más eficaz que garantice celeridad, equidad y protección de derechos en los procesos judiciales que involucran a menores e identificar cómo dichos procesos pueden enfrentarse con el menor efecto adverso en su etapa como jóvenes, identificar cómo se impacta su potencial de inserción en el mercado laboral, y cómo mejorar los servicios directos e indirectos que reciben por parte de las instituciones públicas y privadas.

La Resolución de la Cámara 331 ordena a la Comisión de Asuntos de la Juventud realizar una investigación exhaustiva sobre los tiempos de adjudicación de casos de menores en las regiones judiciales de Puerto Rico. El objetivo es evaluar la necesidad de enmiendas procesales o de nuevos sistemas para agilizar, equitativizar y proteger los derechos de los menores en estos procesos. Busca además identificar cómo minimizar el impacto adverso en su etapa juvenil, su potencial de inserción laboral y cómo mejorar los servicios institucionales que reciben.