Para ordenar a las Comisiones de la Región Norte; y de la Región Central de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las medidas de preparación, resiliencia y redundancia implementadas por las compañías de telecomunicaciones que operan dentro de la jurisdicción de Barceloneta, Manatí, Vega Baja, Vega Alta, Dorado, Toa Baja, Toa Alta, Naranjito, Comerío, Corozal, Morovis, Orocovis, Ciales y Florida, como parte de los preparativos para la temporada de huracanes del año 2025 y subsiguientes; evaluar la capacidad de estas compañías para mantener la continuidad de los servicios de telefonía, internet y datos móviles durante y después de eventos atmosféricos severos; identificar las inversiones realizadas en infraestructura crítica, incluyendo sistemas de respaldo energético, soterramiento de cables y despliegue de tecnología redundante; examinar los protocolos de respuesta ante emergencias y la coordinación con agencias gubernamentales y municipales; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las comisiones de la Región Norte; y de la Región Metro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre aquellas medidas adoptadas por las agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios dentro de la extensión territorial del Distrito Representativo Número 10, como parte de los preparativos para enfrentar la temporada de huracanes que comienza el 1 de junio de 2025 y culmina el 30 de noviembre de 2025; identificar la necesidad de llevar a cabo mantenimiento preventivo, reparaciones o mejoras en aquella infraestructura que sirva como refugios de emergencia; evaluar las condiciones de los sistemas de alcantarillado; evaluar las condiciones de los caños, canales, ríos y lagos de retención que discurren por dicha jurisdicción; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución de la Cámara (RC 283) ordena a las Comisiones de la Región Norte y de la Región Metro de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva. El objetivo es evaluar las medidas de preparación para la temporada de huracanes (junio-noviembre 2025) adoptadas por agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios dentro del Distrito Representativo Número 10. La investigación debe identificar necesidades de mantenimiento en refugios de emergencia y evaluar las condiciones de sistemas de alcantarillado, caños, canales, ríos y lagos de retención en esa jurisdicción. Las comisiones tienen 90 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

Para ordenar a las comisiones de Desarrollo Económico; y de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio sobre la viabilidad y conveniencia para que todas las torres de telecomunicaciones en las cuales se encuentran instaladas las antenas de comunicaciones de emergencia le pertenezcan al Gobierno de Puerto Rico; identificar el estatus en que se encuentran los proyectos de interoperabilidad de comunicaciones de emergencia; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 363 ordena a las comisiones de Desarrollo Económico y de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que realicen un estudio. Este estudio evaluará la viabilidad y conveniencia de que el Gobierno de Puerto Rico sea propietario de todas las torres de telecomunicaciones donde se instalan antenas de comunicaciones de emergencia. Además, deberá identificar el estatus actual de los proyectos de interoperabilidad de comunicaciones de emergencia. La medida no crea derechos ni obligaciones ni asigna fondos, sino que encarga una investigación.

Para ordenar a las Comisiones del Norte y de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el problema energético, de voltaje y telecomunicaciones en los barrios Santiago, Quebrada, Abra Honda y Puertos del Municipio de Camuy.

La Resolución de Cámara 588 ordena a las Comisiones del Norte y de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre los problemas de energía, voltaje y telecomunicaciones en cuatro barrios específicos del Municipio de Camuy (Santiago, Quebrada, Abra Honda y Puertos). La investigación debe incluir vistas públicas, citación de entidades como LUMA Energy y compañías de telecomunicaciones, recopilación de información técnica y evaluación de impacto socioeconómico. Se establecen plazos de 30 días para un informe parcial y 90 días para un informe final, los cuales deberán proponer medidas correctivas, recomendaciones legislativas y presupuestarias.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento del Negociado del Sistema de Emergencia 9-1-1, como componente del Departamento de Seguridad Pública, en virtud de la Ley 20-2017, según enmendada, de manera particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y normativas federales que requieren que los recaudos obtenidos por concepto de los servicios del Sistema de Emergencias 9-1-1 sean utilizados única y exclusivamente para estos fines, el grado de burocracia operacional en que se encuentra, que se alega afecta el debido descargue de sus deberes y la prestación de este servicio público, entre otros asuntos, sobre la aprobación de contratos de servicios esenciales para su debido funcionamiento, el que pueda agilizar el reclutamiento de empleados(as) para mejorar el tiempo de llamadas en espera y el tiempo de respuesta, retrasos en los procesos de compras de equipos esenciales y el que los municipios que colaboran con el 9-1-1 no reciben los fondos conforme a sus niveles de servicio, lo que provoca que al presente la mayoría no ofrece cobertura 24/7; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 354 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento del Negociado del Sistema de Emergencia 9-1-1. La investigación se centrará en el cumplimiento de normativas federales sobre el uso de sus recaudos, la burocracia operacional, la aprobación de contratos, la agilización del reclutamiento de personal, los retrasos en compras de equipos y la distribución de fondos a municipios colaboradores. Afecta directamente al Negociado del Sistema de Emergencia 9-1-1 y a los municipios que colaboran con el servicio.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva para constatar el estado físico de las facilidades del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado de Manejo Emergencias y Administración de Desastres, el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 y el Negociado de Investigaciones Especiales, así como la suficiencia y condiciones de trabajo de su personal, los materiales, herramientas tecnológicas en uso y equipos necesarios, entre otros, para el pleno descargue de sus responsabilidades como parte de los componentes del Departamento de Seguridad Pública, conforme a la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”. Además, identificar las medidas legislativas, recursos, fondos y acciones precisas para atender esta situación de carácter urgente en toda nuestra jurisdicción territorial, en particular luego del paso de los huracanes Irma y María y de los terremotos que nos afectaron en diciembre de 2019 y que se repiten en algún grado de intensidad al presente; y para otros fines relacionados.; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 58 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el estado físico de las facilidades de varias agencias del Departamento de Seguridad Pública (Policía, Bomberos, Manejo de Emergencias, Emergencias Médicas, 9-1-1, Investigaciones Especiales), así como la suficiencia de su personal, materiales y equipos. Además, debe identificar medidas legislativas, recursos y fondos para atender estas necesidades urgentes, considerando los impactos de huracanes y terremotos.