Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre aquellas acciones realizadas por el Gobierno de Puerto conducentes a divulgar información confidencial de residentes de Puerto Rico que pudieran constituir una violación a los derechos garantizados por las leyes y la Constitución de Puerto Rico; y que estén dirigidas a colaborar con los esfuerzos de arrestos y deportaciones de personas con estatus migratorio irregular por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos; y para otros fines relacionados

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre aquellas acciones realizadas por el Gobierno de Puerto conducentes a divulgar información confidencial de residentes de Puerto Rico que pudieran constituir una violación a los derechos garantizados por las leyes y la Constitución de Puerto Rico; y que estén dirigidas a colaborar con los esfuerzos de arrestos y deportaciones de personas con estatus migratorio irregular por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos; y para otros fines relacionados.”

La Resolución del Senado 222 ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre las acciones del Gobierno de Puerto Rico que divulguen información confidencial de residentes, especialmente en el contexto de colaboración con autoridades migratorias de Estados Unidos para arrestos y deportaciones de personas con estatus irregular. La medida surge de preocupaciones sobre la supuesta entrega de información por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en relación con las irregularidades, malos manejos y retrasos ocurridos en las Elecciones Generales del 5 de noviembre del 2024 y el proceso de escrutinio posterior a dicho evento electoral, así como el conocer las verdaderas razones que provocaron tales irregularidades; determinar las implicaciones que tuvo la Ley 58–2020, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”, con lo acontecido, determinar las responsabilidades y recomendaciones para evitar que vuelva a ocurrir en procesos electorales futuros y; para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 144 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre las irregularidades, malos manejos y retrasos en las Elecciones Generales del 5 de noviembre de 2024 y el subsiguiente escrutinio. Busca determinar las causas, las implicaciones de la Ley 58-2020 (Código Electoral), establecer responsabilidades y proponer recomendaciones para evitar futuras fallas. Afecta directamente a la Comisión de Gobierno, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y, en última instancia, al electorado y la legitimidad de los procesos electorales.

Para ordenar a la la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los logros programáticos, administrativos y fiscales, así como la ejecución de políticas públicas, metas estratégicas y uso de fondos públicos de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), a veinticinco (25) años de su creación; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 616 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC). La investigación evaluará los logros programáticos, administrativos, fiscales, la ejecución de políticas públicas y el uso de fondos públicos de ODSEC a lo largo de sus 25 años de existencia. La Comisión podrá requerir documentos, citar funcionarios y deberá rendir un informe con hallazgos y recomendaciones.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que realice una investigación sobre la administración, operación y funcionamiento de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), incluyendo, pero sin limitarse, a la contratación y remoción de personal de confianza o de carrera, solicitud y autorización de empleados en destaque, eliminación o creación de nuevas plazas, reubicación de empleados, degradaciones de puestos, nómina de empleados regulares y de confianza, pago de diferenciales, estatus de toda querella o reclamo ante la Junta de Apelaciones de la OCPR, enmiendas o derogaciones de cualquier reglamento interno, contratación de servicios profesionales, adquisición de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento o compraventa de propiedades, manejo de presupuesto, así como cualquier otro asunto que implique erogación o uso de fondos públicos; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 680 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre la administración, operación y funcionamiento de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). La investigación abarcará aspectos como la contratación y remoción de personal, manejo de nómina, querellas internas, reglamentos, adquisiciones, manejo de presupuesto y cualquier otro uso de fondos públicos. El objetivo es asegurar una gerencia interna sana en la entidad fiscalizadora.

Para ordenar a las comisiones de Hacienda y la de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a los múltiples señalamientos sobre el uso de fondos públicos por parte de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Entre estos, los fondos disponibles desde los años 2022, 2023 y 2024 que suman sobre cuarenta y dos millones de dólares ($42,000,000.00), del efectivo en caja con un aproximado de doscientos sesenta y tres millones de dólares ($263,000,000.00), que incluyen sobre ciento sesenta y cinco millones de dólares ($165,000,000.00) de gasto de capital para proyectos en curso (“CapEx) de los cuales sobre veintitrés millones de dólares ($23,000,000.00) no se han asignado a proyectos específicos, según detalla una comunicación enviada el 29 de enero de este año por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al nuevo Director Ejecutivo de dicha corporación pública, Félix Lasalle Toro. Además, sobre datos en la referida comunicación en cuanto a que la AEP incumplió con la contratación de un ente externo para realizar un análisis sobre sus gastos e ingresos producto de una solicitud de propuestas (RFP) a estos fines, que no había sometido un cronograma para reanudar dicho proceso y que apenas ha desembolsado nueve millones de dólares ($9,000,000.00) de los sobre cincuenta y seis millones de dólares (56,000,000.00) para reparaciones en Cuarteles de la Policía y tampoco, sobre dos millones de dólares ($2,000,000.00) para mejoras a planteles escolares, así como las alegaciones en contrario de la AEP que plantean fueron las acciones de la JSF las responsables de no poder utilizar dichos fondos; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 158 ordena a las Comisiones de Hacienda y de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el uso de fondos públicos por parte de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). La investigación se centrará en fondos disponibles entre 2022-2024, efectivo en caja, gasto de capital no asignado, incumplimientos en la contratación de análisis externos, y bajos desembolsos para reparaciones de cuarteles y escuelas, así como las alegaciones mutuas entre AEP y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Se establece un plazo de 180 días para rendir un informe final.