Para ordenar a las comisiones de Hacienda y la de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a los múltiples señalamientos sobre el uso de fondos públicos por parte de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Entre estos, los fondos disponibles desde los años 2022, 2023 y 2024 que suman sobre cuarenta y dos millones de dólares ($42,000,000.00), del efectivo en caja con un aproximado de doscientos sesenta y tres millones de dólares ($263,000,000.00), que incluyen sobre ciento sesenta y cinco millones de dólares ($165,000,000.00) de gasto de capital para proyectos en curso (“CapEx) de los cuales sobre veintitrés millones de dólares ($23,000,000.00) no se han asignado a proyectos específicos, según detalla una comunicación enviada el 29 de enero de este año por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al nuevo Director Ejecutivo de dicha corporación pública, Félix Lasalle Toro. Además, sobre datos en la referida comunicación en cuanto a que la AEP incumplió con la contratación de un ente externo para realizar un análisis sobre sus gastos e ingresos producto de una solicitud de propuestas (RFP) a estos fines, que no había sometido un cronograma para reanudar dicho proceso y que apenas ha desembolsado nueve millones de dólares ($9,000,000.00) de los sobre cincuenta y seis millones de dólares (56,000,000.00) para reparaciones en Cuarteles de la Policía y tampoco, sobre dos millones de dólares ($2,000,000.00) para mejoras a planteles escolares, así como las alegaciones en contrario de la AEP que plantean fueron las acciones de la JSF las responsables de no poder utilizar dichos fondos; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la gestión de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), incluyendo el uso y desembolso de fondos asignados para mantenimiento, mejoras de infraestructura y proyectos de capital, a los fines de evaluar el cumplimiento con, sus funciones administrativas y operacionales, identificar los retos existentes y proponer soluciones que permitan optimizar los recursos y mejorar la ejecución de los proyectos de rehabilitación y reacondicionamiento de instalaciones públicas en Puerto Rico.

La Resolución del Senado 92 ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la gestión de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). La investigación se centrará en el uso y desembolso de fondos para mantenimiento, mejoras de infraestructura y proyectos de capital, con el fin de evaluar el cumplimiento de sus funciones, identificar retos y proponer soluciones para optimizar recursos y mejorar la ejecución de proyectos de rehabilitación. Afecta directamente a la AEP y a la Comisión senatorial encargada de la investigación.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre aquellas acciones realizadas por el Gobierno de Puerto conducentes a divulgar información confidencial de residentes de Puerto Rico que pudieran constituir una violación a los derechos garantizados por las leyes y la Constitución de Puerto Rico; y que estén dirigidas a colaborar con los esfuerzos de arrestos y deportaciones de personas con estatus migratorio irregular por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos; y para otros fines relacionados

La Resolución de la Cámara 358 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación se centrará en acciones del Gobierno de Puerto Rico que divulgaron información confidencial de residentes, potencialmente violando derechos constitucionales y legales. El objetivo es determinar si estas acciones colaboraron con esfuerzos de arresto y deportación de personas con estatus migratorio irregular por parte de autoridades federales de inmigración (ICE). La Comisión deberá presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que realice una investigación sobre la administración, operación y funcionamiento de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), incluyendo, pero sin limitarse, a la contratación y remoción de personal de confianza o de carrera, solicitud y autorización de empleados en destaque, eliminación o creación de nuevas plazas, reubicación de empleados, degradaciones de puestos, nómina de empleados regulares y de confianza, pago de diferenciales, estatus de toda querella o reclamo ante la Junta de Apelaciones de la OCPR, enmiendas o derogaciones de cualquier reglamento interno, contratación de servicios profesionales, adquisición de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento o compraventa de propiedades, manejo de presupuesto, así como cualquier otro asunto que implique erogación o uso de fondos públicos; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 680 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre la administración, operación y funcionamiento de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). La investigación abarcará aspectos como la contratación y remoción de personal, manejo de nómina, querellas internas, reglamentos, adquisiciones, manejo de presupuesto y cualquier otro uso de fondos públicos. El objetivo es asegurar una gerencia interna sana en la entidad fiscalizadora.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de las agencias, departamentos y dependencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para implantar los Planes de Reorganización ordenados mediante la Ley Núm. 122-2017.

La Resolución de la Cámara de Representantes 71 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre cómo las agencias, departamentos y dependencias del Gobierno de Puerto Rico han implementado los Planes de Reorganización establecidos por la Ley 122-2017. La Comisión tiene 180 días para presentar un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, pudiendo emitir informes parciales. Esta medida afecta a todas las entidades de la Rama Ejecutiva sujetas a los Planes de Reorganización de la Ley 122-2017.

Para requerirle a la Autoridad de Edificios Públicos que entregue, a través de la Secretaría de la Cámara de Representantes en un término no mayor de cinco (5) días luego de la aprobación de esta Resolución, un listado con el inventario de propiedades en desuso que tiene bajo su posesión, incluyendo si existen acuerdos de arrendamiento vigentes o trámites para la compraventa de alguno y el estatus en que se encuentra la transacción, así como la descripción registral de cada inmueble, en los municipios de: San Juan, Guaynabo, Bayamón, Cataño, Carolina, Trujillo Alto y Caguas; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 684 requiere a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) que, en un plazo de cinco (5) días tras su aprobación, entregue a la Secretaría de la Cámara un inventario detallado de sus propiedades en desuso. Este listado debe incluir información sobre acuerdos de arrendamiento vigentes, trámites de compraventa y su estatus, así como la descripción registral de los inmuebles ubicados en San Juan, Guaynabo, Bayamón, Cataño, Carolina, Trujillo Alto y Caguas. La medida busca facilitar la facultad de investigación de la Cámara sobre la gestión de activos públicos.