Para ordenar a la Comisión de Cooperativismo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación comprensiva sobre los programas de Cooperativas Juveniles en Puerto Rico; su desarrollo, logros e impacto en el bienestar económico y social del país, incluyendo, pero sin limitarse a, estudios operacionales, estadísticos, participación en programas federales y estatales, áreas y necesidades programáticas, cumplimiento con sus deberes ministeriales, así como el funcionamiento y efectividad de las entidades cooperativistas en la Isla; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto que atienda las necesidades y propenda al mejor desarrollo de la industria agrícola de Puerto Rico; la reglamentación, supervisión e inspección de actividades y productos agrícolas; la mecanización agrícola; el mercadeo y distribución de productos agrícolas, capital y crédito agrícola; los servicios educativos en técnicas agrícolas para la mejor explotación económica de la agricultura, conservación, rescate y utilización de terrenos agrícolas; la experimentación e investigación agrícola; y la agricultura en general.

La Resolución de la Cámara 43 ordena a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre diversos aspectos de la industria agrícola de la isla. Esto incluye la reglamentación, supervisión, mecanización, mercadeo, crédito, educación agrícola, conservación de terrenos y experimentación. La Comisión tendrá la facultad de citar personas y entidades, solicitar documentos e información, y deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa.

Para ordenar a la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con programas, planes y proyectos estratégicos afines con el desarrollo y promoción económica y financiera de los pequeños y medianos negocios; la promoción y progreso de los pequeños y medianos comercios, incluyendo procurar la asistencia técnica y adiestramiento; el intercambio comercial de los pequeños y medianos negocios; el mercadeo local y su competencia; los incentivos y financiamiento de los pequeños y medianos negocios; la prioridades comerciales e industriales, cónsonos con el desarrollo mercantil; el intercambio y competencia comercial local de los pequeños y medianos negocios, interestatal o con otras jurisdicciones fuera de Estados Unidos.

La Resolución de la Cámara 96 ordena a la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva. Esta investigación abarcará todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y financiero de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), incluyendo programas, planes, asistencia técnica, financiamiento, mercadeo, competencia y prioridades comerciales. La Comisión deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación y Tecnología de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre las implicaciones o consecuencias socioeconómicas y fiscales de la dependencia en transferencias federales, según estas se han manifestado y se manifiestan en los sectores más vulnerables de la sociedad puertorriqueña, así como en las finanzas del sector público consolidado de Puerto Rico, compuesto por el gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios.

La Resolución de la Cámara 436 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación y Tecnología de la Cámara de Representantes a llevar a cabo una investigación. El objetivo es analizar las implicaciones socioeconómicas y fiscales de la dependencia de Puerto Rico en las transferencias federales, afectando tanto a los sectores más vulnerables de la población como a las finanzas del sector público consolidado (gobierno central, corporaciones públicas y municipios). La investigación deberá concluir y presentar un informe con hallazgos y recomendaciones en un plazo de 180 días tras la aprobación de la resolución.