Qué propone
La Resolución de la Cámara 521 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la salud, seguridad y uso de fondos en la Escuela Emilio R. Delgado de Corozal. Busca conocer los contratos de reconstrucción, especialmente de columnas cortas, y las medidas cautelares impuestas a un maestro y una bibliotecaria por denunciar problemas estructurales y sanitarios. La investigación debe concluir con un informe y recomendaciones en un plazo de 180 días tras su aprobación.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la preocupación histórica por la vulnerabilidad estructural de los planteles escolares, especialmente tras los terremotos de 2020 que expusieron la falla de diseño de las columnas cortas. La investigación sobre el uso de fondos y las denuncias de maestros reflejan el escrutinio sobre la lentitud y fiscalización de las reparaciones, un tema recurrente en el debate sobre la seguridad de las escuelas.
En qué va
La Resolución de la Cámara 521 fue el 3 de diciembre de 2025 y referida a comisión el 12 de enero de 2026. Actualmente se encuentra en trámite en la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes.
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Última acción · 12 de enero de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar la Comisión de Educación, investigar la operación, implementación y retos del programa de Educación Especial, presentados por Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico específicamente los Servicios Compensatorios a estudiantes; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 51 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes investigar la operación, implementación y los retos del programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico, con un enfoque específico en los Servicios Compensatorios para estudiantes. La Comisión deberá presentar informes parciales y un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo posibles acciones legislativas y administrativas, antes de que finalice el término de la actual Vigésima Asamblea Legislativa (2025-2028). Afecta directamente al Departamento de Educación al requerirle proveer información y al poner bajo escrutinio público un programa clave para estudiantes con necesidades especiales.
Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de los protocolos de intervención, procedimientos y medidas adoptadas por el Departamento de Educación para atender y reportar situaciones de maltrato, como cualquier otra situación referida que constituya o represente un riesgo para la salud física o emocional de los estudiantes o en su aprovechamiento académico; así como los recursos humanos y fiscales asignados y dirigidos a estos fines; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 597 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre cómo el Departamento de Educación maneja los protocolos, procedimientos y medidas para atender y reportar situaciones de maltrato o riesgo para estudiantes. También se investigarán los recursos humanos y fiscales asignados a estos fines. La Comisión deberá presentar un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días desde su aprobación.
Para ordenar la investigación sobre la otorgación de permisos de operación a escuelas privadas de Puerto Rico que presenten quejas de maltrato institucional y escuelas no acreditadas, con el fin de garantizar la calidad y la seguridad en la educación, y para otros fines.
La Resolución de la Cámara 212 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre los procesos de otorgación y supervisión de permisos de operación a escuelas privadas. El objetivo es identificar debilidades en el sistema actual, establecer mecanismos de supervisión más efectivos y garantizar que estas instituciones cumplan con las normativas vigentes, ofreciendo un ambiente educativo seguro y de calidad. La investigación se enfocará en escuelas con querellas por presunto maltrato institucional y en escuelas no acreditadas. La Comisión deberá presentar un informe con hallazgos y recomendaciones a la Cámara en un plazo de 120 días desde la aprobación de la resolución.
Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones en que se encuentran los talleres de la escuela Rafaelina E. Lebrón Flores en el Municipio de Patillas, a los fines de identificar necesidades de infraestructura, disponibilidad de equipo, materiales didácticos y medidas de seguridad, y recomendar las acciones pertinentes para garantizar un ambiente adecuado de aprendizaje.
La Resolución de la Cámara 422 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones de los talleres de la escuela Rafaelina E. Lebrón Flores en Patillas. El propósito es identificar necesidades de infraestructura, equipo, materiales didácticos y medidas de seguridad, para luego recomendar acciones. La investigación debe completarse y presentarse un informe con hallazgos y recomendaciones en un plazo de 120 días desde su aprobación.
Para ordenar a la Comisión de Educación y a la Comisión de la Región Sur de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la falta de ejecución efectiva de los planes de rehabilitación de la Escuela Superior Bethsaida Velázquez, la Escuela Dr. Alfredo M. Aguayo y otras escuelas en Ponce afectadas por los terremotos de 2020, y exigir transparencia sobre el estatus de estas obras, los fondos asignados; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 225 ordena a la Comisión de Educación y a la Comisión de la Región Sur de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre la falta de ejecución efectiva de los planes de rehabilitación de escuelas en Ponce afectadas por los terremotos de 2020. Busca fiscalizar el estatus de las obras, el uso de fondos estatales y federales, y exigir transparencia a las comunidades escolares, con un plazo de 90 días para rendir informe.
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