Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 76-2013, según enmendada; identificar los programas de ayuda y alimentos que ofrece la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA); evaluar el uso de los fondos federales disponibles a través del Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA-FNS) y la manera en que la OPPEA utiliza dichos fondos; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y el cumplimiento con la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, y sus implicaciones en la actuación de las agencias gubernamentales responsables de garantizar los derechos y servicios esenciales a esta población; y para otros fines relacionados.

Esta resolución ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y el cumplimiento de la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores. La investigación deberá identificar cómo las agencias gubernamentales están garantizando los derechos y servicios esenciales para esta población, y la Comisión deberá presentar un informe con hallazgos y recomendaciones en un plazo de 180 días. Afecta directamente a las agencias responsables de la Ley 121-2019 y, de forma indirecta, a la población de adultos mayores de Puerto Rico.

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con el desarrollo del funcionamiento y la supervisión de servicios de bienestar social a individuos, familias y comunidades, específicamente de poblaciones especiales, tales como los adultos mayores y comunidades marginadas, con el propósito de implantar la política pública que garantice los servicios que requieren estas poblaciones; los beneficios de asistencia económica, rehabilitación física, económica y emocional; la asistencia nutricional y provisión de alimentos; las facilidades de amas de llaves; los centros de cuidado; las instituciones para la atención y rehabilitación de niños con problemas sociales; para combatir el maltrato infantil, así como los sistemas de seguridad social; y los servicios enfocados a una mejor calidad de vida, y para otros fines relacionados.

Esta resolución ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento y supervisión de servicios de bienestar social para poblaciones especiales, incluyendo adultos mayores y comunidades marginadas. El objetivo es recopilar información para proponer políticas públicas que garanticen servicios esenciales como asistencia económica, rehabilitación, nutrición, cuidado y combate al maltrato infantil, buscando mejorar la calidad de vida de estos grupos. La investigación permitirá a la Cámara evaluar el estado actual de estos servicios y formular recomendaciones a las tres ramas de gobierno.

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico llevar a cabo un estudio y evaluación luego de la implementación de las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 168 de 12 de agosto de 2000, según enmendada, conocida como “Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada”; asimismo, medir su efectividad para cumplir con su objetivo.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes a realizar un estudio y evaluación sobre la implementación y efectividad de la Ley Núm. 168 de 2000, conocida como la 'Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada'. La comisión tendrá 90 días para presentar informes parciales y un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. La medida no crea ni enmienda leyes existentes, sino que establece un mandato de fiscalización legislativa.