Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes que realice una investigación sobre el presunto esquema de trasiego de drogas a cambio de votos de los confinados en el proceso eleccionario de 2024; si el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) fue notificado de la existencia de una investigación federal sobre gangas presionando a confinados para que votaran de cierta manera, y si cooperó con la misma o recibió requerimientos por parte de cualquier agencia federal; si empleados del DCR estaban involucrados en la operación clandestina, y si hubo pesquisas internas del DCR al respecto, incluyendo su resolución; si campañas políticas en Puerto Rico participaron activamente del esquema para obtener un beneficio electoral; si hubo concesión de privilegios a confinados que votaron de determinada manera o, por el contrario, castigos a quienes no siguieran dichas instrucciones; qué medidas de seguridad o protocolos adoptó el DCR luego de la acusación federal contra la ganga Grupo 31, también conocida como “Los Tiburones”, en diciembre de 2024; si el Departamento de Justicia de Puerto Rico ha recibido referidos para investigar denuncias de fraude electoral perpetrado por gangas de confinados en instituciones del DCR, y su resolución; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias de la existencia de un esquema de canjeo de votos por sustancias controladas y otros favores ilícitos al interior de las cárceles de Puerto Rico para el beneficio electoral de la presente administración.

Esta Resolución de la Cámara (RC 694) ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que realice una investigación exhaustiva sobre denuncias de un esquema de canjeo de votos por sustancias controladas y otros favores ilícitos dentro de las cárceles, supuestamente para beneficio electoral de la presente administración. La Comisión deberá presentar un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 180 días tras la aprobación de la Resolución. Afecta directamente a la Comisión de Seguridad Pública, que debe ejecutar la investigación, y de forma indirecta a la ciudadanía, al buscar esclarecer graves acusaciones de corrupción electoral y criminalidad carcelaria.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones en que los confinados en Puerto Rico ejercen su derecho al sufragio; investigar posibles alegaciones de coacción política, intimidación, manipulación o compra de votos dentro de las instituciones correccionales; evaluar los mecanismos existentes para garantizar el voto secreto, libre y transparente de esta población; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 704 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones del ejercicio del voto por parte de confinados en Puerto Rico. La investigación debe examinar protocolos, indagar sobre coacción política o manipulación, evaluar la participación de agencias y analizar vulnerabilidades, con el fin de recomendar medidas legislativas, reglamentarias o administrativas para fortalecer el derecho al voto de esta población. La Comisión tiene hasta el final de la vigésima Asamblea Legislativa (2025-2028) para rendir un informe.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias de la existencia de un esquema de canjeo de votos por sustancias controladas y otros favores ilícitos al interior de las cárceles de Puerto Rico para el beneficio electoral de la presente administración.

La Resolución del Senado 500 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva. El propósito es indagar sobre denuncias de un presunto esquema de intercambio de votos por sustancias controladas y otros favores ilícitos dentro de las cárceles, con el fin de beneficiar electoralmente a la administración actual.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico que realice una investigación sobre el presunto esquema de trasiego de drogas a cambio de votos de los confinados en el proceso eleccionario de 2024; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 501, rechazada por la Comisión de Asuntos Internos, ordenaba a la Comisión de Gobierno del Senado realizar una investigación sobre un presunto esquema de trasiego de drogas a cambio de votos de confinados en el proceso electoral de 2024. La medida buscaba examinar alegaciones surgidas de reportajes periodísticos y referencias a una investigación federal.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la seguridad y el orden público; el fortalecimiento de los esfuerzos gubernamentales de ley y orden contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas; el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Forenses y los componentes de esas entidades; lo concerniente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, los cuerpos de seguridad federales, tales como el U.S. Department of Homeland Security, el Federal Bureau of Investigations y el National Security Administration, y estatales como los distintos cuerpos policiales de los distintos estados, entre otros; sobre todo asunto dirigido a controlar y disminuir la delincuencia y controlar y prevenir el crimen; las asignaciones de fondos y recursos para programas de seguridad pública y otros que puedan tener impacto directo en la prevención de la criminalidad; sobre la formulación de política pública que garantice la máxima seguridad física para los residentes urbanos y rurales; los planes, programación, obra pública, organización y prestación de los servicios ordenados por ley a la Guardia Nacional de Puerto Rico, al Negociado de la Policía de Puerto Rico, al Negociado del Cuerpo de Bomberos, al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico, y a aquellas otras agencias gubernamentales que promuevan la seguridad civil en casos de emergencia.

La Resolución de la Cámara 37 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y el orden público en Puerto Rico. Esto incluye el fortalecimiento de esfuerzos contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas, la evaluación de agencias clave como Justicia, Seguridad Pública, Corrección e Instituto de Ciencias Forenses, así como la coordinación con entidades federales y estatales. También abarca la revisión de asignaciones de fondos, políticas públicas para la seguridad física de residentes y la prestación de servicios de agencias como la Guardia Nacional y la Policía.