Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes que realice una investigación sobre el presunto esquema de trasiego de drogas a cambio de votos de los confinados en el proceso eleccionario de 2024; si el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) fue notificado de la existencia de una investigación federal sobre gangas presionando a confinados para que votaran de cierta manera, y si cooperó con la misma o recibió requerimientos por parte de cualquier agencia federal; si empleados del DCR estaban involucrados en la operación clandestina, y si hubo pesquisas internas del DCR al respecto, incluyendo su resolución; si campañas políticas en Puerto Rico participaron activamente del esquema para obtener un beneficio electoral; si hubo concesión de privilegios a confinados que votaron de determinada manera o, por el contrario, castigos a quienes no siguieran dichas instrucciones; qué medidas de seguridad o protocolos adoptó el DCR luego de la acusación federal contra la ganga Grupo 31, también conocida como “Los Tiburones”, en diciembre de 2024; si el Departamento de Justicia de Puerto Rico ha recibido referidos para investigar denuncias de fraude electoral perpetrado por gangas de confinados en instituciones del DCR, y su resolución; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones en que los confinados en Puerto Rico ejercen su derecho al sufragio; investigar posibles alegaciones de coacción política, intimidación, manipulación o compra de votos dentro de las instituciones correccionales; evaluar los mecanismos existentes para garantizar el voto secreto, libre y transparente de esta población; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 704 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones en que las personas confinadas en Puerto Rico ejercen su derecho al voto. La investigación debe examinar los protocolos para garantizar el voto secreto y libre, indagar sobre posibles coacciones o manipulaciones políticas, evaluar la supervisión de agencias y analizar vulnerabilidades procesales. Finalmente, la Comisión deberá presentar recomendaciones legislativas, reglamentarias o administrativas para fortalecer la protección del voto de esta población elegible.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico que realice una investigación sobre el presunto esquema de trasiego de drogas a cambio de votos de los confinados en el proceso eleccionario de 2024; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 501 proponía ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico que realizara una investigación sobre un presunto esquema de trasiego de drogas a cambio de votos de confinados en el proceso electoral de 2024. Sin embargo, la Comisión de Asuntos Internos del Senado emitió un informe negativo, no recomendando su aprobación.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la seguridad y el orden público; el fortalecimiento de los esfuerzos gubernamentales de ley y orden contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas; el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Forenses y los componentes de esas entidades; lo concerniente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, los cuerpos de seguridad federales, tales como el U.S. Department of Homeland Security, el Federal Bureau of Investigations y el National Security Administration, y estatales como los distintos cuerpos policiales de los distintos estados, entre otros; sobre todo asunto dirigido a controlar y disminuir la delincuencia y controlar y prevenir el crimen; las asignaciones de fondos y recursos para programas de seguridad pública y otros que puedan tener impacto directo en la prevención de la criminalidad; sobre la formulación de política pública que garantice la máxima seguridad física para los residentes urbanos y rurales; los planes, programación, obra pública, organización y prestación de los servicios ordenados por ley a la Guardia Nacional de Puerto Rico, al Negociado de la Policía de Puerto Rico, al Negociado del Cuerpo de Bomberos, al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico, y a aquellas otras agencias gubernamentales que promuevan la seguridad civil en casos de emergencia.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y el orden público en Puerto Rico. La investigación abarcará desde el fortalecimiento de esfuerzos contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas, hasta la revisión de asignaciones de fondos, formulación de política pública y la operación de agencias clave como el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Forenses, la Guardia Nacional y la Policía de Puerto Rico, incluyendo la cooperación con agencias federales. Afecta directamente a la Comisión de Seguridad Pública, a las agencias de seguridad y justicia del gobierno, y en última instancia, a toda la ciudadanía al buscar mejorar la seguridad pública.