Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el alcance de la carta normativa R-2425-17 emitida por el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Luis A. Ferrao; profundizar sobre los programas en riesgo ante la instrucción de detener la aceptación de estudiantes; el impacto para el estudiantado así como las posibles consecuencias que puede tener para el País la eliminación de estos programas; indagar sobre las razones de baja matricula en los programas en riesgo; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre las condiciones de las facilidades educativas, recreativas y deportivas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón, los planes de acondicionamiento de dichas instalaciones, el uso y desembolso de fondos federales de recuperación, así como el impacto del deterioro físico sobre la salud y seguridad de la comunidad universitaria; y para otros fines relacionados.

Esta resolución ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes a llevar a cabo una investigación sobre las condiciones de las facilidades educativas, recreativas y deportivas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. La investigación debe abarcar los planes de acondicionamiento, el uso y desembolso de fondos federales de recuperación, y el impacto del deterioro físico en la salud y seguridad de la comunidad universitaria. Afecta directamente a la comunidad universitaria de UPR-Bayamón y a la Comisión de Educación de la Cámara, que deberá realizar el análisis.

Para ordenar a la Secretaría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 16.2 sobre “Petición de Información o Documentos”, del Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una petición a la Universidad de Puerto Rico (UPR), a los fines de requerir información y documentos a la Junta de Gobierno de la UPR, a la Presidenta de la UPR, a los Rectores de cada unidad institucional, al Director de la Oficina de Auditoría Interna de la UPR, y al Director de la Oficina Central de Recursos Humanos de la UPR, sobre la composición, costo y cumplimiento normativo de la estructura de personal de confianza del sistema universitario, con el objetivo de evaluar su presupuesto, así como el cumplimiento con las metas de transformación administrativa y reducción de gastos en puestos de confianza y de apoyo administrativo redundante a tenor a Plan Fiscal Certificado por la JSAF; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Secretaría de la Cámara de Representantes solicitar formalmente a la Universidad de Puerto Rico (UPR) información detallada sobre la composición, costo y cumplimiento normativo de su personal de confianza, así como datos sobre oficinas de transformación administrativa. El objetivo es evaluar el presupuesto universitario y el cumplimiento de metas de reducción de gastos y transformación administrativa estipuladas en el Plan Fiscal certificado por la JSAF. La información debe ser provista en un plazo de cinco (5) días calendario.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el futuro incierto de Radio Universidad de Puerto Rico, a partir del año 2026, ante la reducción presupuestaria que enfrentará por la eliminación de la financiación proveniente de la Corporación para la Radiodifusión Pública, dispuesta por la administración del presidente Donald Trump; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 527 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el futuro incierto de Radio Universidad de Puerto Rico a partir de 2026. La investigación debe evaluar el impacto de la pérdida de financiamiento federal, explorar fuentes de financiamiento alternas (públicas y privadas), y analizar modelos de sostenibilidad. La Comisión deberá presentar un informe con hallazgos y recomendaciones en un plazo de 60 días tras la aprobación de la resolución, afectando directamente la continuidad operativa y la función fiscalizadora de Radio Universidad y, por ende, el acceso a información de la ciudadanía.