Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el alcance de la carta normativa R-2425-17…

ara ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la eliminación de programas académicos en la mayoría de los once recintos del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR), tanto de aquellos programas que ya fueron eliminados o “puestos en pausa”, como de aquellos que han sido propuestos para ser eliminados o dejarlos fuera de los procesos de matrícula en el futuro previsible; y para determinar en qué medida las referidas eliminaciones o “puestas en pausa” de programas académicos en la UPR han respondido a la reducción sustancial del presupuesto de la institución, como consecuencia de los recortes de fondos impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal.

Es una resolución de investigación; no enmienda leyes ni crea derechos o asignaciones de fondos. Ordena a la Comisión de Educación de la Cámara investigar programas académicos eliminados, puestos en pausa o propuestos para eliminación o exclusión de matrícula en la mayoría de los 11 recintos de la UPR, y examinar en qué medida esas decisiones responden a reducciones presupuestarias. La Comisión debe citar a vistas públicas, entre otros, a la Junta de Gobierno, los consejos generales de estudiantes de los 11 recintos y representantes claustrales y estudiantiles. Debe presentar un informe exhaustivo y detallado, con hallazgos sobre las consecuencias y el vínculo presupuestario, dentro de los 180 días siguientes a la aprobación.

Para ordenar a la Universidad de Puerto Rico a que realice una investigación exhaustiva sobre los procesos de revisión y actualización de sus currículos académicos y evaluar cómo estos se atemperan a las necesidades modernas de la sociedad puertorriqueña; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 562 ordena a la Junta de Gobierno y al presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a realizar una investigación exhaustiva sobre sus currículos académicos. El objetivo es evaluar su pertinencia con el mercado laboral actual y emergente, identificar áreas a reorientar, promover programas en campos de alta demanda, fortalecer alianzas con sectores productivos y fomentar la educación interdisciplinaria. La UPR tiene 120 días para presentar un informe detallado con hallazgos, recomendaciones y un plan de implementación a la Cámara de Representantes.

Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre las condiciones de las facilidades educativas, recreativas y deportivas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón, los planes de acondicionamiento de dichas instalaciones, el uso y desembolso de fondos federales de recuperación, así como el impacto del deterioro físico sobre la salud y seguridad de la comunidad universitaria; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 299 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre las condiciones físicas de las facilidades educativas, recreativas y deportivas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. La investigación también debe cubrir los planes de acondicionamiento, el uso de fondos federales de recuperación y el impacto del deterioro en la salud y seguridad de la comunidad universitaria. La Comisión tiene 180 días para rendir un informe con hallazgos y recomendaciones.

Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la situación socioeconómica del estudiantado de los once recintos del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR), con el propósito de determinar en qué medida la reducción sustancial del presupuesto de la institución, como consecuencia de los recortes de fondos impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal, así como del aumento sin precedentes en el costo del crédito subgraduado y graduado, además de la eliminación y/o reducción de programas de ayuda económica, incluyendo exenciones de matrícula al estudiantado, han provocado un aumento en los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria de una proporción creciente de dicho estudiantado.

La R. de la C. 836 no enmienda una ley: ordena a la Comisión de Educación de la Cámara investigar la situación socioeconómica del estudiantado de los 11 recintos de la UPR. La investigación debe examinar la relación entre pobreza e inseguridad alimentaria y los recortes presupuestarios, el aumento del costo del crédito y la eliminación o reducción de ayudas económicas, incluidas las exenciones de matrícula. La Comisión debe celebrar vistas con representantes de las entidades y grupos enumerados en la resolución y rendir un informe exhaustivo y detallado dentro de 180 días de su aprobación. No asigna fondos ni crea derechos o ayudas para estudiantes.

Para ordenar a la Secretaría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 16.2 sobre “Petición de Información o Documentos”, del Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una petición a la Universidad de Puerto Rico (UPR), a los fines de requerir información y documentos a la Junta de Gobierno de la UPR, a la Presidenta de la UPR, a los Rectores de cada unidad institucional, al Director de la Oficina de Auditoría Interna de la UPR, y al Director de la Oficina Central de Recursos Humanos de la UPR, sobre la composición, costo y cumplimiento normativo de la estructura de personal de confianza del sistema universitario, con el objetivo de evaluar su presupuesto, así como el cumplimiento con las metas de transformación administrativa y reducción de gastos en puestos de confianza y de apoyo administrativo redundante a tenor a Plan Fiscal Certificado por la JSAF; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 705 ordena a la Secretaría de la Cámara de Representantes solicitar a la Universidad de Puerto Rico (UPR) información detallada sobre la composición, costo y cumplimiento normativo de su estructura de personal de confianza. El objetivo es evaluar el presupuesto de la UPR y su cumplimiento con las metas de transformación administrativa y reducción de gastos, según el Plan Fiscal certificado por la JSAF. La medida afecta a la Junta de Gobierno de la UPR, la Presidencia, los Rectores, y los Directores de Auditoría Interna y Recursos Humanos, quienes deben proveer los datos en un plazo de cinco días calendario.