Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre la totalidad de los fondos y recursos públicos asignados, autorizados, transferidos, comprometidos, desembolsados y/o utilizados por el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios para atender la emergencia provocada por la sequía y la deficiencia en el suministro de agua potable en Puerto Rico; investigar los gastos, obligaciones, contratos, adquisiciones, servicios, transferencias, reasignaciones presupuestarias y demás erogaciones de fondos públicos efectuadas para responder a dicha emergencia; evaluar particularmente la utilización del Fondo de Emergencia, el Fondo General, fondos especiales, fondos federales y cualquier otra fuente de financiamiento utilizada para estos fines; examinar los mecanismos, procedimientos y requisitos utilizados para autorizar, acceder, desembolsar, administrar y fiscalizar dichos recursos; determinar el costo total que ha representado para el Gobierno de Puerto Rico y los municipios la respuesta a la crisis del agua y la sequía; identificar las agencias, corporaciones públicas y municipios que han incurrido en dichos gastos y los fondos utilizados por cada uno; evaluar las medidas adoptadas para garantizar la adecuada utilización, supervisión, fiscalización y rendición de cuentas sobre dichos recursos; y para otros fines relacionados.

Contras

• •El alcance de la investigación es extremadamente amplio y vago en su redacción final, al incluir la frase 'y para otros fines relacionados' en el título y la Sección 1, lo que podría permitir que la investigación se extienda más allá de los fondos y recursos públicos directamente relacionados con la emergencia de sequía y suministro de agua potable, diluyendo el enfoque y la obligatoriedad del informe.
• •La Sección 5 establece que las entidades requeridas deberán proveer información 'dentro del término que ésta establezca en sus requerimientos', pero no se fija un plazo máximo general para la Comisión para emitir dichos requerimientos o para completar la investigación, lo que podría generar demoras indefinidas en la recopilación de información y la presentación de resultados, a pesar de que la Sección 7 fija un plazo para el informe final.
• •La Sección 3 permite a la Comisión requerir información a 'cualquier otra entidad pública o privada que haya participado en la ejecución, administración, contratación, distribución o prestación de servicios relacionados con las medidas adoptadas'. Si bien esto es necesario para una investigación completa, la falta de mecanismos de citación o poder coercitivo directo sobre entidades privadas (más allá de la solicitud de información) podría limitar la capacidad de la Comisión para obtener información completa y veraz de estas entidades si no colaboran voluntariamente.
• •La investigación se enfoca en la utilización de fondos y recursos públicos, pero la Sección 4, al permitir la solicitud de 'cualquier otro documento relacionado con la utilización de recursos públicos', podría interpretarse de manera muy amplia. Sin embargo, la medida omite detallar mecanismos específicos de auditoría forense o la participación de auditores externos especializados, lo que podría ser crucial para evaluar la eficiencia y legalidad de todos los gastos en una emergencia de tal magnitud.