Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la situación fiscal del Gobierno, el ritmo de cumplimiento de las exigencias del Plan Fiscal Comprensivo exigido por la legislación “PROMESA”, las recaudaciones del Fondo General y los fondos especiales, el estimado de los recaudos e ingresos probables y el financiamiento mediante el uso de empréstitos; los estimados de ingresos, de inversiones y desembolsos de las corporaciones públicas; la legislación que liberalice o imponga contribuciones de cualquier tipo; la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico y de las corporaciones públicas, así como las condiciones de pago para los empréstitos; la recaudación, custodia, depósito y contabilidad de los fondos públicos; la pre-intervención y el uso de los fondos públicos de acuerdo a los fines para los que se autorizaron; el estudio y la evaluación del Presupuesto General; las peticiones presupuestarias recomendadas por la Gobernadora para los departamentos, corporaciones públicas, agencias y demás instrumentalidades públicas, tomando en consideración todos los ingresos y recursos del Estado, los de la entidad evaluada, incluyendo fondos federales, fondos especiales y donaciones, así como cualquier otro ingreso y todo asunto relacionado a la otorgación de incentivos económicos que representen o conlleven impacto fiscal; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA que realice una investigación abarcadora y exhaustiva sobre la utilización y balance disponible de los fondos asignados en la Sección 5, Inciso 2, Apartado K de la Resolución Conjunta 83-2020 y, para otros fines relacionados.

Esta medida ordena a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación detallada. El propósito es examinar cómo se han utilizado y cuál es el balance actual de los fondos asignados bajo un apartado específico (Sección 5, Inciso 2, Apartado K) de la Resolución Conjunta 83-2020. La investigación busca determinar la disponibilidad y el uso de dichos fondos públicos.

Para ordenar a la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre los fondos otorgados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico a los municipios e instituciones culturales para la celebración de eventos y festivales; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena a la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre cómo la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) otorga fondos a municipios e instituciones culturales para eventos y festivales. La investigación debe analizar los criterios de asignación, los parámetros de las cantidades, las justificaciones de las variaciones, y los mecanismos de fiscalización. La Comisión deberá presentar un informe con hallazgos y recomendaciones a la Cámara en un plazo de 90 días. Afecta directamente a la CTPR, los municipios, las instituciones culturales que reciben fondos, y a la propia Comisión de Turismo de la Cámara.

Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la nueva política fiscal federal del Presidente de Estados Unidos Donald Trump; profundizar en cuanto al impacto que tiene en la economía de Puerto Rico la imposición de los aranceles a diferentes países; indagar cómo afecta en los precios de la canasta básica de Puerto Rico; evaluar alternativas para la potencial congelación de subvenciones federales; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva. La investigación se centrará en la política fiscal federal del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, analizando su impacto en la economía de Puerto Rico, los precios de la canasta básica, y evaluando alternativas ante una posible congelación de subvenciones federales. La Comisión deberá presentar un primer informe en 60 días y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa. Afecta directamente a la Comisión de Hacienda, que deberá dedicar recursos a esta labor, y de forma indirecta a la ciudadanía, que podría beneficiarse de futuras recomendaciones basadas en los hallazgos.