Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el impacto acumulado, actual y prospectivo del Gasto Tributario de Puerto Rico, que calcula anualmente el Departamento de Hacienda, concepto que se refiere a los recaudos no recibidos como consecuencia de las deducciones, las exenciones, los créditos, las exclusiones, las tasas contributivas especiales, y los diferimientos o aplazamientos que forman parte del andamiaje contributivo del país. Además, se le ordena a dicha Comisión investigar en qué medida el gobierno central y la Asamblea Legislativa pueden articular la política pública necesaria para reducir sustancialmente el Gasto Tributario de Puerto Rico, antes de considerar cualquier proyecto de ley de reforma contributiva.

Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la situación fiscal del Gobierno, el ritmo de cumplimiento de las exigencias del Plan Fiscal Comprensivo exigido por la legislación “PROMESA”, las recaudaciones del Fondo General y los fondos especiales, el estimado de los recaudos e ingresos probables y el financiamiento mediante el uso de empréstitos; los estimados de ingresos, de inversiones y desembolsos de las corporaciones públicas; la legislación que liberalice o imponga contribuciones de cualquier tipo; la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico y de las corporaciones públicas, así como las condiciones de pago para los empréstitos; la recaudación, custodia, depósito y contabilidad de los fondos públicos; la pre-intervención y el uso de los fondos públicos de acuerdo a los fines para los que se autorizaron; el estudio y la evaluación del Presupuesto General; las peticiones presupuestarias recomendadas por la Gobernadora para los departamentos, corporaciones públicas, agencias y demás instrumentalidades públicas, tomando en consideración todos los ingresos y recursos del Estado, los de la entidad evaluada, incluyendo fondos federales, fondos especiales y donaciones, así como cualquier otro ingreso y todo asunto relacionado a la otorgación de incentivos económicos que representen o conlleven impacto fiscal; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 60 ordena a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal del Gobierno, el cumplimiento del Plan Fiscal Comprensivo bajo PROMESA, recaudaciones, deuda pública, finanzas de corporaciones públicas, manejo de fondos públicos, y la evaluación del presupuesto y peticiones presupuestarias. La investigación debe considerar todos los ingresos y recursos, incluyendo fondos federales y donaciones, así como la otorgación de incentivos económicos con impacto fiscal. La Comisión deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa (2025-2028).

Para ordenar al Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico la preparación y publicación anual de un Informe de Gasto Tributario Municipal comenzando con el año 2025, que incluya el examen del impacto que las distintas excepciones, exenciones, créditos, deducciones, exclusiones y tasas preferenciales creadas por legislación del Gobierno Central y municipal tienen sobre los recaudos municipales, su base imponible, su estabilidad fiscal y sobre su capacidad para prestar servicios esenciales; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a preparar y publicar anualmente, a partir del año 2025, un Informe de Gasto Tributario Municipal. Este informe examinará el impacto de las exenciones, créditos y otras disposiciones fiscales (tanto del gobierno central como municipales) sobre los recaudos, la base imponible, la estabilidad fiscal y la capacidad de los municipios para prestar servicios esenciales. El estudio deberá incluir recomendaciones y proyecciones a cinco años, y se realizará en colaboración con el CRIM y las asociaciones de alcaldes.

Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico, las recaudaciones del Fondo General y las de los fondos especiales, el estimado de las recaudaciones e ingresos probables y el financiamiento mediante la contratación de empréstitos; con los estimados de ingresos y de las inversiones y desembolsos de las corporaciones públicas de legislación que liberalice o imponga contribuciones de cualquier tipo; con la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico y de las corporaciones públicas, así como las condiciones de pago para los empréstitos cuya contratación se recomienda; con la recaudación, rentas, custodia, depósito y contabilidad de los fondos públicos; con la preintervención y el uso de los fondos públicos de acuerdo a los fines para los que se autorizaron; con el estudio y la evaluación del Presupuesto General; con las peticiones presupuestarias recomendadas por el Gobernador para los departamentos, corporaciones públicas, agencias y demás instrumentalidades públicas, tomando en consideración todos los ingresos y recursos del Estado, como los de la entidad evaluada, incluyendo fondos federales, fondos especiales y donaciones, así como cualquier otro ingreso.

La Resolución de la Cámara 39 (RC 39) ordena a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Esto incluye un análisis detallado de las recaudaciones del Fondo General y fondos especiales, proyecciones de ingresos, financiamiento mediante empréstitos, deuda pública, manejo de fondos públicos, evaluación presupuestaria y peticiones de los departamentos y agencias. La investigación debe considerar todos los ingresos disponibles, incluyendo fondos federales y donaciones. La Comisión deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la actual Asamblea Legislativa (2025-2028).

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación y Tecnología de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre las implicaciones o consecuencias socioeconómicas y fiscales de la dependencia en transferencias federales, según estas se han manifestado y se manifiestan en los sectores más vulnerables de la sociedad puertorriqueña, así como en las finanzas del sector público consolidado de Puerto Rico, compuesto por el gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios.

La Resolución de la Cámara 436 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación y Tecnología de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre las implicaciones socioeconómicas y fiscales de la dependencia de Puerto Rico en las transferencias federales. La investigación debe incluir la consulta de funcionarios clave y expertos, y la Comisión deberá presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días. El objetivo es delinear una visión de desarrollo autosostenido.

Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre la devolución de aranceles que enviará el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) a empresas comerciales estadounidenses y multinacionales que venden mercancías desde el exterior en Puerto Rico, así como a las que operan en Puerto Rico, y las posibilidades de que las familias e individuos residentes en nuestro país puedan recibir la porción del pago de aranceles que dichas empresas recibirán como rembolso, y que cobraron de manera directa a los bienes adquiridos por dichas familias e individuos.

La Resolución de la Cámara 691 ordena a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes a investigar la devolución de aranceles que el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) realizará a empresas. La investigación debe determinar las posibilidades de que familias e individuos residentes en Puerto Rico reciban la porción de estos aranceles que las empresas cobraron previamente a los consumidores. La Comisión deberá presentar un informe con sus hallazgos y conclusiones en un plazo de 180 días.