Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto económico, fiscal y social de una reforma contributiva, incluyendo el análisis del Proyecto de la Cámara 1014, y evaluar alternativas adicionales dirigidas a fortalecer la competitividad, el desarrollo económico, la atracción de inversión, la retención de talento, el poder adquisitivo de los ciudadanos y la simplificación del sistema contributivo.

Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la situación fiscal del Gobierno, el ritmo de cumplimiento de las exigencias del Plan Fiscal Comprensivo exigido por la legislación “PROMESA”, las recaudaciones del Fondo General y los fondos especiales, el estimado de los recaudos e ingresos probables y el financiamiento mediante el uso de empréstitos; los estimados de ingresos, de inversiones y desembolsos de las corporaciones públicas; la legislación que liberalice o imponga contribuciones de cualquier tipo; la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico y de las corporaciones públicas, así como las condiciones de pago para los empréstitos; la recaudación, custodia, depósito y contabilidad de los fondos públicos; la pre-intervención y el uso de los fondos públicos de acuerdo a los fines para los que se autorizaron; el estudio y la evaluación del Presupuesto General; las peticiones presupuestarias recomendadas por la Gobernadora para los departamentos, corporaciones públicas, agencias y demás instrumentalidades públicas, tomando en consideración todos los ingresos y recursos del Estado, los de la entidad evaluada, incluyendo fondos federales, fondos especiales y donaciones, así como cualquier otro ingreso y todo asunto relacionado a la otorgación de incentivos económicos que representen o conlleven impacto fiscal; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 60 ordena a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal del Gobierno, el cumplimiento del Plan Fiscal Comprensivo bajo PROMESA, recaudaciones, deuda pública, finanzas de corporaciones públicas, manejo de fondos públicos, y la evaluación del presupuesto y peticiones presupuestarias. La investigación debe considerar todos los ingresos y recursos, incluyendo fondos federales y donaciones, así como la otorgación de incentivos económicos con impacto fiscal. La Comisión deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa (2025-2028).

Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico, las recaudaciones del Fondo General y las de los fondos especiales, el estimado de las recaudaciones e ingresos probables y el financiamiento mediante la contratación de empréstitos; con los estimados de ingresos y de las inversiones y desembolsos de las corporaciones públicas de legislación que liberalice o imponga contribuciones de cualquier tipo; con la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico y de las corporaciones públicas, así como las condiciones de pago para los empréstitos cuya contratación se recomienda; con la recaudación, rentas, custodia, depósito y contabilidad de los fondos públicos; con la preintervención y el uso de los fondos públicos de acuerdo a los fines para los que se autorizaron; con el estudio y la evaluación del Presupuesto General; con las peticiones presupuestarias recomendadas por el Gobernador para los departamentos, corporaciones públicas, agencias y demás instrumentalidades públicas, tomando en consideración todos los ingresos y recursos del Estado, como los de la entidad evaluada, incluyendo fondos federales, fondos especiales y donaciones, así como cualquier otro ingreso.

La Resolución de la Cámara 39 (RC 39) ordena a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Esto incluye un análisis detallado de las recaudaciones del Fondo General y fondos especiales, proyecciones de ingresos, financiamiento mediante empréstitos, deuda pública, manejo de fondos públicos, evaluación presupuestaria y peticiones de los departamentos y agencias. La investigación debe considerar todos los ingresos disponibles, incluyendo fondos federales y donaciones. La Comisión deberá rendir informes parciales y uno final antes de que concluya la actual Asamblea Legislativa (2025-2028).

Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el impacto acumulado, actual y prospectivo del Gasto Tributario de Puerto Rico, que calcula anualmente el Departamento de Hacienda, concepto que se refiere a los recaudos no recibidos como consecuencia de las deducciones, las exenciones, los créditos, las exclusiones, las tasas contributivas especiales, y los diferimientos o aplazamientos que forman parte del andamiaje contributivo del país. Además, se le ordena a dicha Comisión investigar en qué medida el gobierno central y la Asamblea Legislativa pueden articular la política pública necesaria para reducir sustancialmente el Gasto Tributario de Puerto Rico, antes de considerar cualquier proyecto de ley de reforma contributiva.

La Resolución de la Cámara 640 ordena a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto acumulado, actual y prospectivo del Gasto Tributario de Puerto Rico. Se busca determinar cómo el gobierno central y la Asamblea Legislativa pueden articular políticas públicas para reducir sustancialmente dicho gasto antes de considerar cualquier reforma contributiva integral. La Comisión deberá presentar un informe en un plazo de 180 días, que incluirá recomendaciones de expertos y estimaciones de recaudos adicionales.

Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y fiscalización de los reembolsos y/o exenciones sobre arbitrios autorizados por la Ley Núm. 81-2014, conocida como “Ley para el Fomento de los Vehículos Impulsados Mayormente por Electricidad” y por la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

La Resolución de Cámara 451 ordena a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre cómo se han implementado y fiscalizado los reembolsos y exenciones de arbitrios para vehículos eléctricos e híbridos. Estas exenciones están autorizadas por la Ley 81-2014 y el Código de Rentas Internas (Ley 1-2011). La medida faculta a la Comisión para citar personas y entidades y solicitar documentos. Se establece un plazo de 180 días para la presentación de un informe final.

Para ordenar a las comisiones de Hacienda y la de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una exhaustiva investigación sobre las alternativas viables para programas de incentivos de pago a la ciudadanía por los servicios esenciales de energía eléctrica y agua potable, particularmente con cargo a los nuevos recaudos por reembolso federal al arbitrio del ron anunciados a partir del mes de enero de 2026, que se estiman en cien millones de dólares ($100,000,000.00) anuales, así como de partidas de los recaudos por impuesto sobre ventas (IVU) de internet, que se informa superan los doscientos millones de dólares ($200,000,000.00) anuales, lo cual incluirá el identificar las medidas necesarias, enmiendas y ajustes al marco legal vigente para establecer dichos programas e instrumentos para el uso recurrente de los recursos señalados a dichos fines; y para otros asuntos relacionados.

La Resolución de la Cámara 507 ordena a las comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre alternativas viables para crear programas de incentivos de pago a la ciudadanía por los servicios esenciales de energía eléctrica y agua potable. La investigación debe identificar medidas, enmiendas y ajustes legales necesarios para establecer estos programas, financiados con nuevos recaudos federales del arbitrio del ron (estimados en $100 millones anuales a partir de enero de 2026) y con parte de los recaudos del IVU de internet (estimados en más de $200 millones anuales). Afecta directamente a la ciudadanía, que podría beneficiarse de estos incentivos, y a las comisiones legislativas encargadas de la investigación.