Para ordenar a las comisiones de Educación, Arte y Cultura, y de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva del currículo del Negociado de la Policía de Puerto Rico en los temas relacionados con la violencia doméstica; el cumplimiento del NPPR con todas las disposiciones relacionadas a los adiestramientos de violencia doméstica contenidos en el “Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico” del 17 de junio de 2013; la preparación y experiencia de los adiestradores e instructores; así como los datos recopilados sobre la efectividad y eficiencia de los mismos; para que ofrezca sus recomendaciones; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de las querellas administrativas presentadas contra empleados de la Policía de Puerto Rico relacionadas con el manejo inadecuado de casos de violencia de género; evaluar la efectividad de los protocolos, procedimientos disciplinarios y mecanismos de supervisión existentes; identificar potenciales deficiencias institucionales; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de querellas administrativas contra empleados de la Policía de Puerto Rico por manejo inadecuado de casos de violencia de género. La investigación debe evaluar protocolos, procedimientos disciplinarios y supervisión, identificar deficiencias institucionales, y recopilar datos específicos sobre querellas, alegaciones, tiempos de investigación y sanciones durante los últimos diez años. La Comisión tiene 120 días para presentar un informe con hallazgos y recomendaciones.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con la seguridad y el orden público; el fortalecimiento de los esfuerzos gubernamentales de ley y orden contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas; el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Forenses y los componentes de esas entidades; lo concerniente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, los cuerpos de seguridad federales, tales como el U.S. Department of Homeland Security, el Federal Bureau of Investigations y el National Security Administration, y estatales como los distintos cuerpos policiales de los distintos estados, entre otros; sobre todo asunto dirigido a controlar y disminuir la delincuencia y controlar y prevenir el crimen; las asignaciones de fondos y recursos para programas de seguridad pública y otros que puedan tener impacto directo en la prevención de la criminalidad; sobre la formulación de política pública que garantice la máxima seguridad física para los residentes urbanos y rurales; los planes, programación, obra pública, organización y prestación de los servicios ordenados por ley a la Guardia Nacional de Puerto Rico, al Negociado de la Policía de Puerto Rico, al Negociado del Cuerpo de Bomberos, al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico, y a aquellas otras agencias gubernamentales que promuevan la seguridad civil en casos de emergencia.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y el orden público en Puerto Rico. La investigación abarcará desde el fortalecimiento de esfuerzos contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas, hasta la revisión de asignaciones de fondos, formulación de política pública y la operación de agencias clave como el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Forenses, la Guardia Nacional y la Policía de Puerto Rico, incluyendo la cooperación con agencias federales. Afecta directamente a la Comisión de Seguridad Pública, a las agencias de seguridad y justicia del gobierno, y en última instancia, a toda la ciudadanía al buscar mejorar la seguridad pública.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva para constatar el estado físico de las facilidades del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado de Manejo Emergencias y Administración de Desastres, el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 y el Negociado de Investigaciones Especiales, así como la suficiencia y condiciones de trabajo de su personal, los materiales, herramientas tecnológicas en uso y equipos necesarios, entre otros, para el pleno descargue de sus responsabilidades como parte de los componentes del Departamento de Seguridad Pública, conforme a la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”. Además, identificar las medidas legislativas, recursos, fondos y acciones precisas para atender esta situación de carácter urgente en toda nuestra jurisdicción territorial, en particular luego del paso de los huracanes Irma y María y de los terremotos que nos afectaron en diciembre de 2019 y que se repiten en algún grado de intensidad al presente; y para otros fines relacionados.; y para otros fines relacionados.

La Resolución de Cámara 58 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación evaluará el estado físico de las facilidades, la suficiencia y condiciones del personal, así como los materiales y equipos tecnológicos de varios negociados del Departamento de Seguridad Pública (Policía, Bomberos, Manejo de Emergencias, Emergencias Médicas, Sistemas 9-1-1, Investigaciones Especiales). El objetivo es identificar medidas legislativas, recursos, fondos y acciones necesarias para atender estas urgencias, especialmente tras desastres naturales. La medida afecta directamente a estos negociados y a la ciudadanía que depende de sus servicios.