Para ordenar a la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva y detallada sobre la crisis que enfrentan los comercios y comerciantes de Puerto Rico como consecuencia de los altos costos de la energía eléctrica y los más recientes aumentos en la factura de luz; determinar la cantidad de comercios que han cesado operaciones, se han acogido a la protección de la Ley de Quiebras o se encuentran en riesgo de cierre, y el efecto de ello sobre el empleo; examinar el peso del costo energético en la estructura operacional de los comercios, con particular atención a la industria de restaurantes; evaluar el efecto combinado del aumento en los costos operacionales y la merma en el poder adquisitivo de los consumidores; identificar las fuentes oficiales de datos disponibles y las deficiencias en la recopilación de información sobre la actividad comercial; y evaluar la efectividad de las medidas de alivio existentes y propuestas, con el propósito de que el Gobierno de Puerto Rico cuente con datos confiables y actualizados que le permitan atender esta crisis con la urgencia que amerita; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La RC 862 ordena a la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara investigar el efecto de los altos costos de electricidad y los aumentos en la factura de luz sobre los comercios de Puerto Rico. El encargo incluye determinar cuántos comercios cerraron, se acogieron a la protección de la Ley de Quiebras o están en riesgo de cerrar, y cómo esto afecta el empleo; también pide examinar los costos energéticos, con atención particular a los restaurantes, y el efecto conjunto de los costos operacionales y la merma en el poder adquisitivo de los consumidores. Además, ordena identificar fuentes oficiales de datos y deficiencias en su recopilación, y evaluar medidas de alivio existentes y propuestas. El título no indica que se enmienden leyes ni fija cifras o un plazo específico.
Intereses en juego
En qué va
El 5 de noviembre de 2026 se radicó la medida, apareció en Primera Lectura de la Cámara y fue referida a comisión. Permanece .
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Última acción · 5 de noviembre de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con programas, planes y proyectos estratégicos afines con el desarrollo y promoción económica y financiera de los pequeños y medianos negocios; la promoción y progreso de los pequeños y medianos comercios, incluyendo procurar la asistencia técnica y adiestramiento; el intercambio comercial de los pequeños y medianos negocios; el mercadeo local y su competencia; los incentivos y financiamiento de los pequeños y medianos negocios; la prioridades comerciales e industriales, cónsonos con el desarrollo mercantil; el intercambio y competencia comercial local de los pequeños y medianos negocios, interestatal o con otras jurisdicciones fuera de Estados Unidos.
Esta Resolución de la Cámara (RC 96) ordena a la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre diversos aspectos del desarrollo económico y financiero de estos negocios. Incluye la promoción, asistencia técnica, financiamiento, mercadeo y competencia, tanto a nivel local como interestatal y con otras jurisdicciones. La Comisión tiene facultades para citar personas y entidades, solicitar documentos e información, y debe presentar informes parciales y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa (2025-2028). Afecta directamente a la Comisión y a las entidades o personas que sean objeto de la investigación, con el fin último de beneficiar a los pequeños y medianos negocios.
Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva en torno a como el Negociado de Energía en colaboración con la Oficina Independiente de Protección al Consumidor atienden la baja en el precio de la gasolina en el cargo de ajuste por combustible en la factura de energía eléctrica; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución ordena a las Comisiones de Asuntos del Consumidor y de Gobierno de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva. El propósito es determinar cómo el Negociado de Energía y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) están manejando la baja en el precio de la gasolina y su impacto en el cargo de ajuste por combustible en la factura de energía eléctrica. La investigación deberá completarse y presentarse en un informe en un plazo de 180 días. Afecta directamente a estas comisiones legislativas y a las agencias mencionadas, con el fin último de beneficiar a los consumidores de energía eléctrica.
Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva en torno a como el Departamento de Asuntos del Consumidor monitorea, vela y fiscaliza la correcta aplicación de los precios de la gasolina en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 626 ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre cómo el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) monitorea, vela y fiscaliza la aplicación de los precios de la gasolina en Puerto Rico. La Comisión deberá presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días tras la aprobación de la resolución. Esta medida no crea derechos ni obligaciones legales ni asigna fondos, sino que busca recopilar información sobre un tema de interés público.
Para ordenar a las Comisiones de Reorganización, Eficiencia y Diligencia; y de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación legislativa en coordinación con organizaciones que representen al sector empresarial en Puerto Rico, como el Centro Unido de Detallistas, con el propósito de identificar y evaluar posibles enmiendas, derogaciones y nueva legislación dirigidas a fortalecer el clima de negocios y promover la eficiencia gubernamental en la Isla; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 456 ordena a las Comisiones de Reorganización, Eficiencia y Diligencia; y de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara de Representantes realizar una investigación legislativa. El propósito es identificar y evaluar posibles enmiendas, derogaciones y nueva legislación para fortalecer el clima de negocios y promover la eficiencia gubernamental en Puerto Rico. Esta investigación se realizará en coordinación con organizaciones del sector empresarial, como el Centro Unido de Detallistas. La medida no crea derechos ni obligaciones legales, sino que encarga un estudio.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes delGobierno de Puerto Rico, realizar una investigación e inmediata sobre las reiteradas fallas operacionales y la gestión del sistema eléctrico a cargo de LUMA Energy, LLC y GENERA PR, incluyendo los eventos ocurridos en la Unidad CT-1 de EcoEléctrica y las unidades de Costa Sur, así como cualquier otra interrupción o deficiencia en el servicio eléctrico que pueda estar relacionada con la gestión de dichas entidades.
La RC 362 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara investigar la gestión de LUMA Energy y GENERA PR, con atención a los eventos de EcoEléctrica y Costa Sur. El encargo enumera temas como el cálculo de combustible, las transiciones entre combustibles, los planes de contingencia, la responsabilidad por interrupciones y el cumplimiento contractual. Autoriza a la Comisión a citar a funcionarios, empleados, representantes y contratistas de esas entidades y de otras entidades públicas o privadas, y a requerir testimonios y documentos. La Comisión debe entregar a la Cámara de Representantes un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 90 días de aprobada la resolución, incluyendo la posible recomendación de rescindir contratos si los hallazgos lo justifican.
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