Para ordenar al Secretario del Departamento de Salud a establecer un procedimiento expedito para el reembolso, mediante la concesión de créditos aplicables a servicios futuros en el Registro Demográfico, de todas las cantidades cobradas en exceso por la expedición de certificados de eventos vitales, conforme a los hallazgos detallados en el Informe OIG-E-26-002 emitido por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico una abarcadora investigación exhaustiva y detallada sobre las necesidades y deficiencias presentes en las distintas áreas del sistema de salud de Puerto Rico con el propósito de dirigir de manera más eficiente los esfuerzos y recursos del Gobierno a los asuntos de mayor prioridad.

Esta Resolución Conjunta ordena al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre las necesidades y deficiencias del sistema de salud de la isla. La investigación deberá cubrir la distribución de servicios, barreras geográficas y económicas, infraestructura, personal, sostenibilidad financiera, cobertura del plan Vital y las principales condiciones de salud. El Instituto deberá entregar un informe con hallazgos y recomendaciones a la Cámara y el Senado dentro de 180 días tras su aprobación. Afecta directamente al Instituto de Estadísticas y, de forma indirecta, a todo el sistema de salud y a la ciudadanía que depende de él.

Para ordenar al Departamento de Salud la creación de oficinas satélites encargadas de emitir la certificación de verificación de credenciales e historial delictivo, conforme a la Ley 300-1999, según enmendada, con el fin de proveer este servicio a nivel regional y facilitar su acceso para los ciudadanos.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Salud a crear oficinas satélites a nivel regional para emitir certificaciones de verificación de credenciales e historial delictivo. El objetivo es facilitar el acceso ciudadano a este servicio, que es requerido por la Ley 300-1999 para proteger a menores, personas con impedimentos y pacientes de salud. El Departamento de Salud tiene 180 días para establecer los procedimientos y cumplir con esta orden, debiendo informar a la Asamblea Legislativa sobre sus gestiones.

Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el trámite administrativo que tienen que realizan los ciudadanos en el Departamento de Salud para obtener un permiso de exhumación de cadáveres, los derechos que tienen que pagar, el uso que se le asigna a estos fondos, el proceso de rendición de cuentas sobre estos fondos, y los sistemas que se utilizan para realizar dicho trámite; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 254 ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el trámite administrativo para obtener permisos de exhumación de cadáveres en el Departamento de Salud. La investigación debe cubrir los procedimientos bajo la Ley 258-2012 y reglamentos aplicables, los derechos (aranceles) que se pagan, cómo se utilizan esos fondos, los mecanismos de rendición de cuentas, y los sistemas utilizados para dicho trámite. Afecta directamente a ciudadanos que necesiten realizar exhumaciones y al Departamento de Salud.

Para ordenar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico realizar un estudio sobre el costo de la práctica médica en Puerto Rico con el fin de proveer datos que justifiquen ante los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) la necesidad de un ajuste en los pagos a los proveedores de salud bajo el Medicare Fee Schedule; y otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico a realizar un estudio sobre los costos de la práctica médica en la isla. El objetivo es recopilar datos que justifiquen ante los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) la necesidad de ajustar las tarifas de pago a los proveedores de salud bajo el Medicare Fee Schedule. El estudio deberá completarse y presentarse a la Legislatura en un plazo de 180 días tras la aprobación de la medida.

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales dejar sin efecto de forma inmediata, la Orden Administrativa Número 2025-01 denominada “Para establecer el cobro de derechos para el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera en el Municipio de Lajas”, y en su consecuencia, que se reactiven todas las investigaciones y casos a las circunstancias en que estaban al momento de emitirse la orden; se restituye la vigencia de cualquier orden administrativa derogada por la misma.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) dejar sin efecto de forma inmediata la Orden Administrativa Número 2025-01, la cual establecía el cobro de derechos por el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera, Lajas. Consecuentemente, se reactivan todas las investigaciones y casos relacionados a dichos asuntos a su estado previo, y se restituye la vigencia de cualquier orden administrativa que la Orden 2025-01 hubiese derogado. Afecta directamente al DRNA en su deber de implementar la orden, y a los ciudadanos o entidades que utilizaban o buscaban utilizar los recursos públicos en La Parguera.