Para ordenar al Departamento de Salud la creación de oficinas satélites encargadas de emitir la certificación de verificación de credenciales e historial delictivo, conforme a la Ley 300-1999, según enmendada, con el fin de proveer este servicio a nivel regional y facilitar su acceso para los ciudadanos.

Para ordenar al Secretario del Departamento de Salud a establecer un procedimiento expedito para el reembolso, mediante la concesión de créditos aplicables a servicios futuros en el Registro Demográfico, de todas las cantidades cobradas en exceso por la expedición de certificados de eventos vitales, conforme a los hallazgos detallados en el Informe OIG-E-26-002 emitido por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Secretario del Departamento de Salud a establecer, en un plazo de 90 días, un procedimiento expedito para reembolsar a los ciudadanos las cantidades cobradas en exceso por certificados de eventos vitales. El reembolso se realizará mediante la concesión de créditos aplicables a servicios futuros en el Registro Demográfico. El procedimiento deberá ser claro, accesible y divulgado activamente, y el Secretario deberá certificar el cumplimiento a la Asamblea Legislativa y al Gobernador en 120 días. Afecta a los ciudadanos que pagaron tarifas indebidamente entre julio de 2022 y febrero de 2025, según hallazgos de la Oficina del Inspector General.

Para ordenar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico una abarcadora investigación exhaustiva y detallada sobre las necesidades y deficiencias presentes en las distintas áreas del sistema de salud de Puerto Rico con el propósito de dirigir de manera más eficiente los esfuerzos y recursos del Gobierno a los asuntos de mayor prioridad.

Esta Resolución Conjunta ordena al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) a realizar una investigación exhaustiva sobre las necesidades y deficiencias del sistema de salud de Puerto Rico. El objetivo es que el gobierno pueda dirigir sus esfuerzos y recursos de manera más eficiente hacia las prioridades identificadas. El IEPR deberá presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones a la Cámara de Representantes y al Senado dentro de 180 días tras su aprobación.

“Para enmendar los Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 12 de la Ley 300-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, a los fines de extender la vigencia de la certificación expedida por el Departamento de Salud conforme a la información que aparece en el Informe del Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe); requerir al Departamento de Salud establecer oficinas donde se pueda tramitar dicha certificación en cada una de las regiones de la agencia; centralizar todo lo relacionado a SICHDe en el Departamento de Salud; y para otros fines relacionados.”

El Proyecto del Senado 667 enmienda la Ley 300 de 1999 para extender la vigencia de la certificación de historial delictivo de proveedores de servicios a niños, personas con impedimentos y profesionales de la salud de uno (1) a tres (3) años. Requiere la renovación del certificado de buena conducta cada seis (6) meses y amplía las entidades que deben solicitarla, incluyendo hospitales y clínicas. Centraliza la administración del Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe) en el Departamento de Salud y actualiza la lista de delitos a considerar.