Para enmendar del Articulo 6 y 10 de la Ley Núm. 300-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, con el objetivo de establecer una vigencia de tres (3) años para las certificaciones y hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.

“Para enmendar los Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 12 de la Ley 300-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, a los fines de extender la vigencia de la certificación expedida por el Departamento de Salud conforme a la información que aparece en el Informe del Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe); requerir al Departamento de Salud establecer oficinas donde se pueda tramitar dicha certificación en cada una de las regiones de la agencia; centralizar todo lo relacionado a SICHDe en el Departamento de Salud; y para otros fines relacionados.”

El Proyecto del Senado 667 enmienda la Ley 300 de 1999 para extender la vigencia de la certificación de historial delictivo de proveedores de servicios a niños, personas con impedimentos y profesionales de la salud de uno (1) a tres (3) años. Requiere la renovación del certificado de buena conducta cada seis (6) meses y amplía las entidades que deben solicitarla, incluyendo hospitales y clínicas. Centraliza la administración del Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe) en el Departamento de Salud y actualiza la lista de delitos a considerar.

Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno al cumplimiento de Ley Núm. 300 de 2 de Septiembre de 1999, según enmendada, conocida “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”; incluyendo los procesos vigentes de solicitud de verificación de antecedentes penales; opciones para ampliar el número de centros regionales que presten los servicios de toma de huellas dactilares; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 300 de 1999, que exige verificaciones de historial delictivo para proveedores de servicios a poblaciones vulnerables. La investigación evaluará los procesos actuales de solicitud de antecedentes penales, la disponibilidad de centros para toma de huellas dactilares, y la coordinación entre agencias, con el fin de identificar áreas de mejora y asegurar la protección de niños, personas con impedimentos y adultos mayores.

Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, “Ley Orgánica del Departamento de Salud”, el Artículo 7 de la Ley 41-1991, según enmendada, conocida como “Ley para Regular la Relación entre el Departamento de Estado y las Juntas Examinadoras Adscritas” y el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 del 27 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley para Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de Certificados de Antecedentes Penales”, con el propósito de establecer disposiciones específicas sobre el uso y solicitud del certificado de antecedentes penales para ejercer ciertas profesiones en Puerto Rico, de manera tal que se continúe fomentando la rehabilitación de personas convictas por haber cometido delito en nuestra jurisdicción, así como insertar procesos de manera electrónica en estos procesos, de conformidad con los procedimientos que establezca Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), en virtud de la Ley 75-2019; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 5, propone enmendar tres leyes para modificar el proceso de solicitud de certificados de antecedentes penales para ejercer ciertas profesiones. Busca facilitar la rehabilitación y reinserción social de personas con historial delictivo, permitiendo que las juntas examinadoras evalúen individualmente las solicitudes en lugar de rechazarlas de plano por antecedentes. También introduce la digitalización de estos procesos a través del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). Afecta directamente a aspirantes a profesiones reguladas por el Departamento de Salud y otras entidades, así como a las juntas examinadoras y la Policía de Puerto Rico en la expedición de certificados.