Para enmendar los Artículos 3,4,10,11,12,13,14 y 15; derogar los Artículos 5 a 9 y renumerar los Artículos subsiguientes de la Ley Núm. 300-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, a fin de atemperarla a la intención original de la ley con el objetivo de simplificar los procesos, reducir los costos y mejorar el acceso de la ciudadanía; y para otros fines relacionados.

“Para enmendar los Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 12 de la Ley 300-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, a los fines de extender la vigencia de la certificación expedida por el Departamento de Salud conforme a la información que aparece en el Informe del Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe); requerir al Departamento de Salud establecer oficinas donde se pueda tramitar dicha certificación en cada una de las regiones de la agencia; centralizar todo lo relacionado a SICHDe en el Departamento de Salud; y para otros fines relacionados.”

El Proyecto del Senado 667 enmienda la Ley 300 de 1999 para extender la vigencia de la certificación de historial delictivo de proveedores de servicios a niños, personas con impedimentos y profesionales de la salud de uno (1) a tres (3) años. Requiere la renovación del certificado de buena conducta cada seis (6) meses y amplía las entidades que deben solicitarla, incluyendo hospitales y clínicas. Centraliza la administración del Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe) en el Departamento de Salud y actualiza la lista de delitos a considerar.

Para añadir un nuevo artículo 14 y reenumerar los actuales artículos 14, 15 y 16 como 15, 16 y 17 de la Ley 300-1999, según enmendada, conocida como la “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”; con el propósito de eximir a las Amas de Llave contratadas por municipios para brindar sus servicios de cualquier pago relacionado con las disposiciones y el cumplimiento de la Ley 300-199; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 726 propone enmendar la Ley 300-1999 para eximir a las amas de llave contratadas por municipios del pago de cargos por verificación de antecedentes criminales. Esto busca facilitar el reclutamiento y retención de estos cuidadores domiciliarios, quienes brindan servicios esenciales a poblaciones vulnerables como envejecientes y personas con impedimentos. La medida afectaría directamente a los municipios que contratan estas amas de llave y a los proveedores del programa de verificación de antecedentes.

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, que confiere al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico la autoridad para emitir los denominados “certificados de antecedentes penales”, a los fines de disponer que corresponderá a dicho organismo gubernamental colectar y utilizar para cubrir gastos administrativos, aquellos dineros derivados del cobro de la expedición de los mismos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 de 1974 para permitir que el Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP) recaude y utilice directamente los fondos cobrados por la expedición de certificados de antecedentes penales. Anteriormente, estos fondos se remitían al Departamento de Hacienda y al Fondo General. Ahora, el Comisionado de la Policía podrá establecer mediante orden administrativa el costo de estos certificados, y los fondos recaudados se destinarán a cubrir los gastos administrativos del propio Negociado. La ley entra en vigor inmediatamente, pero se otorgan 90 días para la reglamentación pertinente.