Qué propone
El Proyecto de la Cámara 726 propone la Ley 300-1999 para eximir a las amas de llave contratadas por municipios del pago de cargos por verificación de antecedentes criminales. Esto busca facilitar el reclutamiento y retención de estos cuidadores domiciliarios, quienes brindan servicios esenciales a poblaciones vulnerables como envejecientes y personas con impedimentos. La medida afectaría directamente a los municipios que contratan estas amas de llave y a los proveedores del programa de verificación de antecedentes.
Pros
Contras
Intereses en juego
📜 Perspectiva histórica
. Esta medida se inscribe en el debate sobre la autonomía municipal y la capacidad de los municipios para proveer servicios esenciales. La de pagos para amas de llave busca facilitar la provisión de servicios a poblaciones vulnerables, un área donde los municipios han visto su capacidad mermada por la eliminación de fondos como el Fondo de Equiparación y la dependencia de fondos federales, como se discute en los fragmentos.
En qué va
El Proyecto de la Cámara 726 fue el 19 de junio de 2025 y referido a comisión. El 19 de febrero de 2026, la Comisión de Salud de la Cámara emitió un , desaconsejando su aprobación.
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Última acción · 19 de febrero de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto, encontradas por significado (no solo por palabras).
Para enmendar los Artículos 3,4,10,11,12,13,14 y 15; derogar los Artículos 5 a 9 y renumerar los Artículos subsiguientes de la Ley Núm. 300-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, a fin de atemperarla a la intención original de la ley con el objetivo de simplificar los procesos, reducir los costos y mejorar el acceso de la ciudadanía; y para otros fines relacionados.
La medida propone enmendar la Ley Núm. 300-1999 para simplificar los procesos de verificación de antecedentes de proveedores de servicios a menores, personas con impedimentos y profesionales de la salud. Elimina artículos específicos (5 al 9) y un inciso del Artículo 3, y traslada la expedición de certificaciones de antecedentes penales del Departamento de Salud al Negociado de la Policía de Puerto Rico. Busca reducir costos, agilizar trámites y mejorar el acceso ciudadano a estas certificaciones, afectando directamente a los solicitantes de empleo o servicios en estas áreas vulnerables y a las entidades que los emplean.
Para enmendar el Artículo 4, inciso b de la Ley Núm. 300 de 2 de Septiembre de 1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, con el fin de delimitar las responsabilidades del Negociado de la Policía de Puerto Rico; y establecer que se destinen tres dólares ($3.00) de los fondos recaudados al expedir la Certificación para el sistema de retiro de la Policía de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda la Ley 300 de 1999, que exige una certificación de historial delictivo para proveedores de servicios a niños, personas con impedimentos y profesionales de la salud. Principalmente, clarifica que el Negociado de la Policía de Puerto Rico expedirá estas certificaciones en contextos generales, mientras que el Departamento de Salud las expedirá para proveedores de servicios directos a poblaciones vulnerables. Además, destina tres dólares ($3.00) de cada certificación expedida por la Policía al sistema de retiro de dicho cuerpo policial.
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