Para enmendar el Artículo 4, inciso b de la Ley Núm. 300 de 2 de Septiembre de 1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, con el fin de delimitar las responsabilidades del Negociado de la Policía de Puerto Rico; y establecer que se destinen tres dólares ($3.00) de los fondos recaudados al expedir la Certificación para el sistema de retiro de la Policía de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

“Para enmendar los Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 12 de la Ley 300-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, a los fines de extender la vigencia de la certificación expedida por el Departamento de Salud conforme a la información que aparece en el Informe del Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe); requerir al Departamento de Salud establecer oficinas donde se pueda tramitar dicha certificación en cada una de las regiones de la agencia; centralizar todo lo relacionado a SICHDe en el Departamento de Salud; y para otros fines relacionados.”

El Proyecto del Senado 667 enmienda la Ley 300 de 1999 para extender la vigencia de la certificación de historial delictivo de proveedores de servicios a niños, personas con impedimentos y profesionales de la salud de uno (1) a tres (3) años. Requiere la renovación del certificado de buena conducta cada seis (6) meses y amplía las entidades que deben solicitarla, incluyendo hospitales y clínicas. Centraliza la administración del Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe) en el Departamento de Salud y actualiza la lista de delitos a considerar.

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, que confiere al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico la autoridad para emitir los denominados “certificados de antecedentes penales”, a los fines de disponer que corresponderá a dicho organismo gubernamental colectar y utilizar para cubrir gastos administrativos, aquellos dineros derivados del cobro de la expedición de los mismos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 de 1974 para permitir que el Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP) recaude y utilice directamente los fondos cobrados por la expedición de certificados de antecedentes penales. Anteriormente, estos fondos se remitían al Departamento de Hacienda y al Fondo General. Ahora, el Comisionado de la Policía podrá establecer mediante orden administrativa el costo de estos certificados, y los fondos recaudados se destinarán a cubrir los gastos administrativos del propio Negociado. La ley entra en vigor inmediatamente, pero se otorgan 90 días para la reglamentación pertinente.

Para enmendar el inciso (B) del Artículo 4 de la Ley 300-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, añadir un inciso (3) y renumerar los incisos (3) a (23) como (4) a (24), respectivamente, del Artículo 10 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico” a los fines de garantizar que la certificación otorgada por virtud de la Ley 300-1999, según enmendada, cumpla con las disposiciones de la Ley 151-2004, según enmendada, para que la expedición de la certificación de forma electrónica sea rápida y ágil; y para otros fines relacionados.

El Proyecto del Senado 134 buscaba enmendar la Ley 300-1999 (Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud) y la Ley 151-2004 (Ley de Gobierno Electrónico). El objetivo era agilizar la expedición de certificaciones para proveedores de servicios a poblaciones vulnerables mediante la implementación de formularios y trámites electrónicos, coordinados por la Policía de Puerto Rico con otras agencias. Afectaría directamente a los profesionales y entidades que deben someterse a estas verificaciones para poder operar.