Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, que confiere al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad…

Contras

• •La medida permite que el Superintendente de la Policía establezca los derechos a cobrar por la expedición física del certificado mediante orden administrativa, sin especificar un monto máximo o un proceso de consulta pública para su fijación. Esto otorga discrecionalidad a la agencia para determinar el costo, lo cual podría resultar en cobros excesivos si no se fiscaliza adecuadamente.
• •Aunque los fondos recaudados se depositarán en el Fondo General, la medida dispone que podrán ser asignados anualmente al presupuesto de la Policía. Esto podría interpretarse como una forma de 'marcar' o asignar ingresos específicos para un propósito, lo que podría generar conflictos con la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico (Ley 230-1974) y la política de centralización de fondos, además de potencialmente erosionar la flexibilidad presupuestaria del Gobierno Central.
• •La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) estimó una posible reducción de aproximadamente $186,000 anuales en los ingresos del Gobierno Central debido a la transición de recaudos del sello de $1.50 al Fondo General, lo que requeriría ajustes presupuestarios para mantener el equilibrio fiscal, especialmente si los nuevos cobros no compensan esta pérdida o si los fondos asignados a la Policía no cubren sus gastos reales.
• •La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) señaló la ausencia de un informe de impacto fiscal preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), lo que limita la evaluación cuantitativa de la medida y su potencial impacto fiscal y presupuestario, dificultando la plena comprensión de sus consecuencias financieras.