Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, que confiere al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico la autoridad para emitir los denominados “certificados de antecedentes penales”, a los fines de disponer que corresponderá a dicho organismo gubernamental colectar y utilizar para cubrir gastos administrativos, aquellos dineros derivados del cobro de la expedición de los mismos; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

El Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública, al obtener una fuente directa de financiamiento para sus gastos administrativos relacionados con la expedición de certificados de antecedentes penales, y potencialmente el Comisionado de la Policía, quien tendrá la autoridad para establecer el costo de estos certificados mediante orden administrativa.

Preocupa a:

Los ciudadanos que solicitan certificados de antecedentes penales, quienes podrían enfrentar un aumento en el costo del servicio sin un proceso de revisión pública o legislativa transparente para la fijación de tarifas. También preocupa la institucionalidad del Negociado si no se establecen controles adecuados para el uso de los fondos recaudados.

Quién paga o decide:

Los ciudadanos que solicitan los certificados de antecedentes penales pagan los 'derechos' que el Comisionado establezca. El Comisionado del Negociado de la Policía es quien decide la reglamentación y el costo, y el Negociado de la Policía es el organismo que colecta y utiliza los fondos para gastos administrativos.