PS 1284

Para enmendar la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, y la Ley Núm. 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de regular el uso limitado de convicciones eliminadas del Certificado de Antecedentes Penales en procedimientos sensitivos autorizados por ley; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

🤖 Resumen en lenguaje sencillo▾

Qué propone

Esta medida la Ley de Antecedentes Penales (Núm. 254 de 1974) y la Ley de Armas (Núm. 168-2020) para permitir que agencias autorizadas por ley puedan considerar convicciones que han sido eliminadas del Certificado de Antecedentes Penales en 'procedimientos sensitivos'. Estos procedimientos incluyen, entre otros, la evaluación para licencias de armas, funciones de seguridad, o servicios a poblaciones vulnerables. La ley establece que dicha información solo podrá ser utilizada si proviene de fuentes oficiales, es pertinente a la evaluación de riesgo o idoneidad, se mantiene confidencial, y se respetan las garantías de debido proceso para el solicitante.

Pros

•Establece un marco legal claro para que agencias evalúen información relevante sobre antecedentes penales en procesos críticos para la seguridad pública, como la expedición de licencias de armas, armonizando la rehabilitación con la protección de terceros.
•Clarifica la interpretación de la Ley de Armas tras la decisión del Tribunal Supremo en J.H.V. v. Negociado de la Policía, brindando certeza a las agencias y a los ciudadanos sobre los criterios de elegibilidad.
•Garantiza que la información sobre convicciones eliminadas solo se use en procedimientos específicos y autorizados por ley, manteniendo su confidencialidad y evitando su divulgación pública o uso para fines generales de empleo o reputación.
•Asegura que las personas afectadas por la consideración de convicciones eliminadas en procedimientos sensitivos reciban notificación, oportunidad de contestar y acceso a revisión administrativa o judicial, protegiendo sus derechos de debido proceso.

Contras

•Aunque la ley exige que la información provenga de fuentes oficiales y sea pertinente, la definición de 'procedimiento sensitivo' es amplia y podría dar pie a interpretaciones extensivas por parte de las agencias, potencialmente ampliando el escrutinio sobre convicciones ya rehabilitadas.
•La efectividad de las garantías de confidencialidad y el debido proceso dependerá de la que adopten las agencias y de la rigurosidad con que se apliquen, existiendo un riesgo inherente de que la discrecionalidad en la evaluación o la notificación inadecuada puedan afectar los derechos de los solicitantes.

Intereses en juego

Beneficia a:: Agencias gubernamentales con responsabilidades de licenciamiento y seguridad pública (ej. Oficina de Licencias de Armas, Departamento de Seguridad Pública) al otorgarles autoridad expresa para acceder y considerar información previamente inaccesible para ciertos fines.
Preocupa a:: Ciudadanos que buscan licencias o autorizaciones en procedimientos sensitivos, quienes ahora pueden ser evaluados con información de convicciones eliminadas de su certificado, a pesar de haber cumplido con procesos de rehabilitación.
Quién paga o decide:: El costo de implementación recae en las agencias concernidas (Departamento de Seguridad Pública, Policía, Oficina de Licencias de Armas), quienes deberán desarrollar y procedimientos. La decisión final sobre la aplicación y la interpretación recae en los funcionarios de dichas agencias y, en última instancia, en los tribunales.

📜 Perspectiva histórica

. La medida aborda la regulación del uso de antecedentes penales en procedimientos sensitivos, lo cual se vincula con la necesidad histórica de garantizar la integridad y profesionalización de las fuerzas de seguridad, como se evidencia en los fragmentos sobre la reforma de la Policía y los esquemas de corrupción. La capacidad de evaluar el historial completo de un individuo, incluso convicciones eliminadas, es relevante para asegurar que personas en posiciones de seguridad o que manejan armas cumplan con los más altos estándares de idoneidad, un tema recurrente en la historia de la seguridad pública en Puerto Rico.

En qué va

La medida, presentada el 20 de mayo de 2026, se encuentra actualmente en trámite legislativo en el Senado de Puerto Rico, habiendo sido referida a comisión tras su primera lectura.

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Trámite legislativo

Última acción · 21 de mayo de 2026

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