Para derogar los Artículos 3 y 4 de la Ley Núm. 254 de 27 de Julio de 1974, según enmendada, conocida como la “Certificado de Antecedentes Penales” e insertar dos nuevos Artículos 3 y 4, a los fines de establecer que una vez extinguida la pena impuesta en su totalidad, al momento de liberarse al convicto se haga entrega de un récord de antecedentes penales negativo con excepción a los que hayan delinquido en los siguientes casos: asesinato en todas sus modalidades, agresión sexual, pornografía infantil (producción, posesión, propaganda, transmisión o distribución), corrupción, crímenes de violencia de género y/o crímenes de lesa humanidad; y para otros fines relacionados

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, que confiere al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico la autoridad para emitir los denominados “certificados de antecedentes penales”, a los fines de disponer que corresponderá a dicho organismo gubernamental colectar y utilizar para cubrir gastos administrativos, aquellos dineros derivados del cobro de la expedición de los mismos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 de 1974 para permitir que el Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP) recaude y utilice directamente los fondos cobrados por la expedición de certificados de antecedentes penales. Anteriormente, estos fondos se remitían al Departamento de Hacienda y al Fondo General. Ahora, el Comisionado de la Policía podrá establecer mediante orden administrativa el costo de estos certificados, y los fondos recaudados se destinarán a cubrir los gastos administrativos del propio Negociado. La ley entra en vigor inmediatamente, pero se otorgan 90 días para la reglamentación pertinente.

Para enmendar los Artículos 1, 4 y 7 de la Ley 266-2004, según enmendada, a los fines de aclarar los días de la semana y el horario en que se pueden realizar excarcelaciones a las personas convictas por delitos de abuso sexual y abuso contra menores, establecer que el plazo de notificación será dentro de las veinticuatro (24) horas laborables de la excarcelación, ordenar agilizar los procesos a través del Sistema de Información de Justicia Criminal, realizar enmiendas técnicas al estatuto; establecer obligaciones adicionales para el Departamento de Justicia; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 266-2004 para especificar que las excarcelaciones de personas convictas por delitos de abuso sexual y contra menores solo podrán realizarse de lunes a jueves, entre 8:00 a.m. y 6:00 p.m. Establece un plazo de notificación de 24 horas laborables para dichas excarcelaciones y ordena agilizar los procesos mediante el Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC). También impone obligaciones adicionales al Departamento de Justicia para asegurar la comunicación en tiempo real entre agencias.

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm.115 de 22 de julio 1974, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, a los fines de eliminar el requisito de haber saldado las penas especiales para ser elegible a recibir el beneficio de libertad bajo palabra y de establecer un plan de pago a aquellas personas a quienes se les otorgue el beneficio de libertad bajo palabra pero acarrean deudas por concepto de penas especiales; enmendar el Artículo 11 y 12 del Plan de Reorganización Núm. 8 de 2011, según enmendado, conocido como Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, a los fines de prohibir el que se le prive a un miembro de la población correccional de las rebajas en términos de sentencias, bonificaciones y del acceso a los métodos de bonificaciones por razón de acarrear deudas por concepto de penas especiales; y para otros fines.”

Esta medida busca enmendar la Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra y el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Elimina el requisito de haber pagado las 'penas especiales' (multas adicionales impuestas por delitos) para ser elegible a libertad bajo palabra. También prohíbe que se nieguen o reduzcan las bonificaciones por trabajo o estudios a confinados por el solo hecho de adeudar estas penas especiales, estableciendo planes de pago para quienes obtengan libertad bajo palabra y aún tengan deudas pendientes. Afecta directamente a personas confinadas y a los procesos de elegibilidad para beneficios correccionales.