“Para enmendar los Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 12 de la Ley 300-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo…

Contras

• •La ley autoriza a Salud a permitir que entidades privadas expidan certificaciones. El Departamento de Salud endosó la medida sujeto a recomendaciones, pero objetó esa delegación: sostuvo que no tiene autoridad para autorizar proveedores privados a enviar huellas civiles y que esa decisión corresponde al FBI y al Departamento de Justicia. La disposición puede crear un conflicto de implementación; el articulado sí prevé métricas, sanciones, revocación de autorización y un registro público, pero no resuelve esa objeción de autoridad.
• •Aunque fija una oficina en cada región antes del 30 de junio de 2028, condiciona el cumplimiento a los recursos fiscales de Salud y no asigna fondos específicos. Por eso, la fecha no garantiza que todas las oficinas se establezcan y el costo de operación recaería en el presupuesto de la agencia.
• •Impone a cada proveedor un certificado de antecedentes penales cada seis meses aun cuando su certificación SICHDe siga vigente por tres años; además, exige Rap Back durante los primeros dos años. Esto añade trámites recurrentes para trabajadores y entidades empleadoras, en vez de limitar la renovación al certificado de tres años.
• •La nueva redacción del Artículo 4 incorpora referencias amplias a delitos contra la familia, a la Ley 55-2024 y a que en el informe aparezca «algún tipo de delito» o credenciales falsas, sin precisar en esa frase qué delitos adicionales cubre ni cómo se determina ese supuesto. La falta de precisión puede dificultar que proveedores y empleadores sepan con certeza qué hallazgos impiden obtener o mantener la certificación.