Para establecer el “Fondo Especial para la Asistencia de Adultos Mayores” como un fondo permanente que tenga la encomienda de sufragar y atender la necesidad de amas de llaves en Puerto Rico de manera que los cuidadores cuenten con un apoyo adicional financiado por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 3 y 5 de la Ley 82-2023 conocida como la "Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico" con el propósito de reconocer como un derecho de todo cuidador üúormal o cuidador a ser considerado como la primera alternativa para ser conh·atado como cuidador incidental cuando alguna entidad gubernamental asigne fondos para el cuidado de algún adulto mayor; y para oh'os fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 82-2023 para establecer que todo cuidador informal o cuidador sea considerado como la primera alternativa a ser contratado cuando una entidad gubernamental asigne fondos para el cuidado de un adulto mayor. Busca formalizar y priorizar la contratación de cuidadores ya existentes en el círculo familiar o de apoyo del adulto mayor, afectando a las agencias gubernamentales que asignan fondos para servicios de cuidado y a los potenciales beneficiarios de dichos fondos.

Para crear la “Ley para la Representación a Favor de los Adultos Mayores en las Juntas Directivas de las Corporaciones e Instrumentalidades Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de disponer como parte de la política pública del Gobierno de Puerto Rico el garantizar la representación de los intereses de la población de adultos mayores a través de alguno de los miembros de las Juntas de Directores, tanto de sus corporaciones como instrumentalidades públicas; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 1068 propone crear la Ley para la Representación a Favor de los Adultos Mayores en las Juntas Directivas de las Corporaciones e Instrumentalidades Públicas. La medida exige que toda junta directiva pública cuente con al menos un miembro que sea adulto mayor o tenga experiencia demostrada en asuntos de esta población. Las corporaciones e instrumentalidades públicas tendrán 60 días desde la vigencia de la ley para identificar y notificar a dicho miembro a la Asamblea Legislativa y a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA).

Para enmendar el Artículo 6 de la Ley 261-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Voluntariado de Puerto Rico”, a los fines de autorizar a los municipios, agencias, dependencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, a investigar y procurar fondos federales disponibles, que permitan que nuestros adultos mayores participen en programas de voluntariado en el Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 524 propone enmendar el Artículo 6 de la Ley 261-2004, conocida como la Ley del Voluntariado de Puerto Rico. Su objetivo es autorizar explícitamente a los municipios, agencias, dependencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico a investigar y procurar fondos federales. Estos fondos estarían destinados a facilitar la participación de adultos mayores en programas de voluntariado dentro del gobierno. La medida busca así potenciar la contribución de los adultos mayores a la fuerza laboral gubernamental.