Para crear la “Ley para designar el cuido prolongado institucionalizado para personas adultas mayores y personas adultas con diversidad funcional física o mental como servicios esenciales a los efectos de tramitación de pago por servicios para ciudadanos que cuenten con subvención de Programas Gubernamentales, exenciones e incentivos gubernamentales, en declaraciones de estado de emergencias por la persona que ocupe el cargo de gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la persona que ocupe el cargo de presidente de los Estados Unidos de América”; para otros fines relacionados.
Qué propone
Crea una ley que clasifica como esenciales los servicios residenciales de cuidado sustituto para personas adultas mayores de 60 años y personas adultas con diversidad funcional de 18 años o más, en establecimientos autorizados que operan las 24 horas, los 7 días de la semana. Durante una emergencia declarada por la Gobernadora o el Presidente de Estados Unidos, las agencias programáticas deben priorizar la revisión y certificación de facturas; Hacienda debe desembolsar en 10 días laborables desde que recibe la factura completa y certificada, sujeto a fondos disponibles y otros controles aplicables. La agencia programática debe avisar en 5 días laborables si la factura tiene deficiencias, y la entidad responsable debe explicar por escrito los retrasos. Permite que los establecimientos sean considerados para ayudas, o incentivos ya autorizados y financiados, pero no crea fondos ni beneficios automáticos, elimina requisitos ni otras disposiciones.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el contexto del rápido envejecimiento poblacional de Puerto Rico y la creciente necesidad de infraestructura de cuido prolongado y servicios gerontológicos especializados, un desafío que se agrava por la emigración de jóvenes y la contracción de la base contributiva. La medida busca fortalecer el marco de protección para los adultos mayores, un tema que ha llevado a la aprobación de leyes como la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores, aunque la fiscalización y el financiamiento de estos servicios siguen siendo un punto de tensión.
En qué va
El Senado aprobó la medida el 21 de septiembre de 2026 y la Cámara concurrió con las el 28 de septiembre. Tras ser firmada por los presidentes de ambos cuerpos, fue el 19 de octubre de 2026.
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Última acción · 19 de octubre de 2026
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