Para crear la “Ley para designar el cuido prolongado institucionalizado para personas adultas mayores y personas adultas con diversidad funcional física o mental como servicios esenciales a los efectos de tramitación de pago por servicios para ciudadanos que cuenten con subvención de Programas Gubernamentales, exenciones e incentivos gubernamentales, en declaraciones de estado de emergencias por la persona que ocupe el cargo de gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la persona que ocupe el cargo de presidente de los Estados Unidos de América”; para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 6 a la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como la "Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada", a los fines de establecer y aclarar el proceso que deberá llevar a cabo el Departamento de la Familia para inspeccionar y certificar que toda institución para adultos mayores que opere en Puerto Rico cumpla cabalmente con los requisitos estatutarios y reglamentarios de esta Ley; establecer requisitos de inspección periódica, disponibilidad de energía alterna certificada, sistemas de agua potable, almacenamiento de suministros y otras condiciones de preparación en los establecimientos autorizados bajo dicha ley antes del comienzo de la temporada de huracanes; y para otros fines relacionados.

La medida, Ley 148-2025, enmienda la Ley Núm. 94 de 1977 para añadir un nuevo Artículo 6. Este artículo establece y clarifica el proceso de inspección y certificación por parte del Departamento de la Familia a establecimientos para personas de edad avanzada. Se imponen requisitos de inspección periódica, disponibilidad de energía alterna certificada, sistemas de agua potable y almacenamiento de suministros, especialmente antes de la temporada de huracanes, afectando a todas las instituciones autorizadas para adultos mayores en Puerto Rico.

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 76-2020, según enmendada, conocida como “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”, a los fines de incorporar la figura de la Persona de Contacto Financiero de Confianza como mecanismo voluntario de prevención; establecer su alcance, límites, confidencialidad, revocación e implementación por las instituciones cubiertas; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1298 enmienda la Ley Núm. 76-2020 para incorporar la figura de la Persona de Contacto Financiero de Confianza (PCCF) como un mecanismo voluntario. Las instituciones financieras, cooperativas y aseguradoras deberán ofrecer esta opción a adultos mayores y personas con impedimentos, permitiendo que designen a alguien de su confianza para ser contactado en circunstancias específicas de riesgo o dificultad para localizar al cliente. La designación es limitada, no otorga autoridad sobre las cuentas, y la negativa a designar no puede ser causa para negar servicios financieros.

Para crear la “Ley para la Representación a Favor de los Adultos Mayores en las Juntas Directivas de las Corporaciones e Instrumentalidades Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de disponer como parte de la política pública del Gobierno de Puerto Rico el garantizar la representación de los intereses de la población de adultos mayores a través de alguno de los miembros de las Juntas de Directores, tanto de sus corporaciones como instrumentalidades públicas; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 1068 propone crear la Ley para la Representación a Favor de los Adultos Mayores en las Juntas Directivas de las Corporaciones e Instrumentalidades Públicas. La medida exige que toda junta directiva pública cuente con al menos un miembro que sea adulto mayor o tenga experiencia demostrada en asuntos de esta población. Las corporaciones e instrumentalidades públicas tendrán 60 días desde la vigencia de la ley para identificar y notificar a dicho miembro a la Asamblea Legislativa y a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA).