Para enmendar el Artículo de la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada", a los fines de ordenar a todos los establecimientos de cuidado de adultos mayores en Puerto Rico a que rindan ante el Departamento de la Familia, Oficina de Licenciamiento, sus planes de contingencia para lidiar con la temporada de huracanes y emergencias en o antes del primero (1) de mayo de cada año; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para designar el cuido prolongado institucionalizado para personas adultas mayores y personas adultas con diversidad funcional física o mental como servicios esenciales a los efectos de tramitación de pago por servicios para ciudadanos que cuenten con subvención de Programas Gubernamentales, exenciones e incentivos gubernamentales, en declaraciones de estado de emergencias por la persona que ocupe el cargo de gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la persona que ocupe el cargo de presidente de los Estados Unidos de América”; para otros fines relacionados.

Esta medida crea la Ley para designar el cuido prolongado institucionalizado para personas adultas mayores y personas adultas con diversidad funcional física o mental como servicios esenciales. El propósito es agilizar la tramitación de pagos por estos servicios cuando los ciudadanos cuenten con subvenciones gubernamentales, exenciones o incentivos. Esta designación aplicará específicamente durante declaraciones de estado de emergencia emitidas por el Gobernador de Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos. La medida busca asegurar la continuidad y eficiencia en la provisión de estos cuidados críticos en momentos de crisis.

Para añadir un nuevo inciso (h) al Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada", a los propósitos de que se haga mandatorio, como parte del ingreso de una persona, indistintamente de su edad, a un asilo, centro de cuido o facilidad de cuidado prolongado, se incluya en su expediente un examen oral con un límite de 60 días de retroactividad al momento de ingresar y se cumpla con al menos una revisión bucal anual y se haga constar bajo la certificación de un dentista; establecer disposiciones sobre su ejecución mediante personal autorizado, mecanismos de excepción, coordinación interagencial, y consentimiento informado; y para otros fines relacionados.

La medida añade un nuevo inciso (h) al Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 1977, haciendo mandatorio que todo establecimiento para personas de edad avanzada incluya en el expediente de cada residente, independientemente de su edad, un examen oral al momento de ingreso (con hasta 60 días de retroactividad) y al menos una revisión bucal anual, certificada por un cirujano dentista. Los establecimientos que no cumplan enfrentarán multas de hasta $500, suspensión de licencia o ambas, a discreción del Departamento de la Familia, el cual tiene 60 días para reglamentar la ley.

Para enmendar los Artículos 3, 8 y 11 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, con el fin de realizar enmiendas técnicas y conformar el lenguaje en las Leyes 130-2024 y 195-2024, y para otros fines relacionados.

La medida PS 92 enmienda la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores. Específicamente, modifica la definición de 'abandono' en su Artículo 3 para incluir la falta de contribución, colaboración o diligencia de un familiar o tutor hacia el adulto mayor, y ajusta la numeración de las definiciones. También modifica el Artículo 8, reafirmando al Departamento de la Familia como ente central para el cumplimiento de la ley y detallando la colaboración de otras agencias como la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Afecta directamente a adultos mayores, sus familiares, tutores, cuidadores y a las agencias gubernamentales encargadas de su protección y bienestar.